El Partido Comunista de Cuba (PCC) se apresta a realizar su VII Congreso, del que se espera emane una mayor apertura y nuevos cambios, aunque la escasa transparencia en torno a su agenda generó ya inquietudes y quejas en sectores de la ciudadanía por la falta de participación en sus preparativos.
Está previsto que la reunión se realice entre el 16 y el 19 de abril y deberá analizar y aprobar varios documentos considerados de importancia estratégica para el futuro del país.
Pero a diferencia de congresos precedentes, esos documentos no fueron divulgados ni sometidos a debates populares. Esa carencia provocó inclusive sugerencias de que la reunión sea pospuesta para dar lugar a la discusión de toda la ciudadanía.
“Es contradictorio con el proceso de marcados cambios que vive la nación que el único partido que gobierna el país no haya propiciado un ejercicio democrático de participación de la población cubana”, comentó a IPS el ingeniero Luis Pedroso, de 48 años.
“El tiempo de la generación histórica para mediar en el inevitable proceso de cambio económico y político, se va acortando”, abundó.
Los congresos del PCC, en un país regido por un partido único, trazan la estrategia de la conducción política y desarrollo económico del país para el quinquenio siguiente.
En su séptima edición, el cónclave debe decidir sobre la conceptualización del Modelo Económico – Social Cubano de Desarrollo Socialista, un tema en el que la inclusión y la consulta son esenciales, consideró a IPS una concejala de la ciudad de Cárdenas, Rita García.
“Del diálogo y la reconciliación dependerá el desarrollo futuro, pues se necesitarán todas las manos, todos los puntos de vistas, todas las miradas”, indicó García, también directora del no gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), con sede en esa ciudad, a 150 kilómetros al este de la capital.
En su opinión, no se puede obviar la “enorme diferencia” que existe entre el escenario del VI Congreso (2011) y del actual.
“La historia dio pasos gigantes entre un momento y otro”, dijo, en referencia tácita al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, en un deshielo consagrado por la histórica visita a este país del presidente estadounidense, Barack Obama, entre el 20 y el 22 de marzo.
Igualmente, los 1,000 delegados a la cita deben dar su visto bueno al Programa de Desarrollo Económico – Social hasta el 2030.
Este plan está dirigido a resolver los problemas estructurales de la economía, a partir de políticas de gobierno con enfoques integrales y sostenibles, que respondan a una visión estratégica y consensuada de mediano y largo plazos, según detallan medios oficiales.
También está prevista la evaluación de los resultados de los Lineamientos (reformas) de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, cuyo proyecto aprobado por el sexto Congreso y ratificado algunos meses después por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue sometido previamente a debates abiertos que involucraron a más de ocho millones de personas, en un país de 11.2 millones de habitantes.
En un artículo publicado el lunes 28 por el diario estatal Granma y dedicado a encarar las inquietudes de lectores afiliados o no al PCC, acerca de por qué en esta ocasión no se convocó a discusiones populares, se aseguró que 21 por ciento de esos lineamientos ya fue implementado, 77 por ciento está en ese proceso y dos por ciento restante (cinco lineamientos que no especificó) no se ha ejecutado por causas diversas.
‘’Por todo ello más que desplegar, a mitad de camino, un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es terminar lo iniciado, continuar la ejecución de la voluntad popular expresada hace cinco años, y seguir avanzando por el rumbo que trazó el Sexto Congreso”, planteó el órgano oficial del PCC.
En declaraciones a IPS, Luis Emilio Aybar, especialista del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, consideró que la consulta ciudadana sobre el proyecto de reformas llevada a cabo entre diciembre 2010 y febrero de 2011 tuvo las mismas limitaciones que ahora porque no existe “la posibilidad de confrontar en un debate libre y a nivel público diferentes propuestas de país”.
“Han pasado cinco años y enfrentamos el mismo problema. Ahora es incluso más grave, porque no vamos a tener la posibilidad de conocer y discutir los ajustes propuestos a los cambios ya definidos, que por el hecho de ser ajustes no dejarán de afectar nuestras vidas”, opinó.
A su juicio, “la posibilidad de corregir el rumbo y tomar un camino diferente, posibilidad igualmente imprescindible en una democracia socialista, es incluso más remota”.
Menos escéptico, Pedroso alimenta la esperanza de que este congreso pueda traer sorpresas.
Ello, argumentó, porque ‘’se espera que se aborden nuevos cambios que hagan más inclusiva, especialmente en el sector profesional, las distintas formas de propiedad que hoy conviven. Igualmente que los cubanos puedan asociarse y constituir empresas privadas”.
“Creo que toda la nación tiene los ojos sobre los resultados del próximo congreso del PCC, no solo en la vida diaria, sino también en todo el proceso de reconstrucción futura de nuestro país”, comentó García, quien como concejala aspira a tener en algún momento la información del cónclave comunista, cuyas sesiones suelen ser a puerta cerrada.
“Soy delegada del Poder Popular, y creo firmemente que muchos de nosotros aunque no militantes del PCC, esperamos que se compartirán estos documentos. Muchos nos sentimos excluidos, pues se supone seamos los máximos representantes de la comunidad”, dijo. “De las políticas partidistas dependen las políticas gubernamentales”, remató.
Los delegados del Poder Popular están directamente relacionados con los barrios, cuya población los elige en voto directo y secreto, para un período de dos años y medio.
Por esa razón, conocen muy bien los problemas sociales y económicos acumulados en la comunidad a su cargo, pero no siempre disponen de la autoridad y recursos suficientes para encararlos y darles solución.
La agenda del VII Congreso incluye la revisión del cumplimiento de los objetivos de la Conferencia Nacional del PCC, efectuada en enero de 2012 para tratar asuntos de carácter social y de orden interno de la organización, definida constitucionalmente como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Entre los objetivos que se trazó esa reunión figura el de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Esta propuesta requiere cambios constitucionales y debería dar lugar a una renovación amplia en la nomenclatura del poder que debe concretarse en 2018.
El presidente Raúl Castro, en el poder desde 2008, anunció durante el VI Congreso que no esperaría reforma de la Carta Magna para dejar su cargo una vez cumplido, ese año, su segundo mandato.
