Nota de la editora: Primera parte de un análisis sobre el rol de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico.
Por: Ángel Pérez Soler
La privatización es sin duda la forma más baja que el capital ha creado para su lucro personal y corporativo. En palabras simples, la privatización es mover la producción de los servicios que ha logrado el Estado por medio de las contribuciones ciudadanas hacia el beneficio de manos privadas y aumentar así las ganancias de unos pocos. Dicho de otro modo, es quitarnos lo que hemos construido como País, lo que genera ganancias para nosotros, y dárselo a un grupito para que obtengan ganancias.
Era de esperar que ante los bienes del Estado que producen dinero, los capitalistas saltaran en busca de la privatización de los mismos. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Energía Eléctrica eran objetivos estratégicos de los usureros de las arcas gubernamentales. Sin embargo, la caja de Pandora se abrió en los pasados días, cuando el gobierno comandado por el Partido Popular Democrático (PPD) –aplicando la lógica neoliberal en los servicios sociales– le ofreció a las organizaciones sin fines de lucro evaluar qué áreas del gobierno estaban interesadas en manejar.
El hecho concreto se materializó cuando diversas organizaciones sin fines de lucro se juntaron en una alianza que lleva el nombre de movimiento Una Sola Voz. Dicha organización agrupa a Agenda Ciudadana, Boys & Girls Club, Cáritas de Puerto Rico, Centro Educativo Vedruna, Centro Mujer y Familia Inc., Centro Sor Isolina Ferré, CREARTE, Cruz Roja Americana, Espacios Abiertos, Esperanza Para la Vejez Inc., Fondos Unidos de Puerto Rico, Fundación Ángel Ramos, Fundación Banco Popular, Hogar Cuna San Cristóbal, Instituto del Desarrollo de la Juventud, Instituto Nueva Escuela, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, La Fondita de Jesús, Museo de Arte de Puerto Rico, PECES, Proyecto Matria, Puerto Rico Te Quiero, Salón Literario Libroamérica/Festival de la Palabra, Salvation Army, SER de Puerto Rico, Taller Salud, YMCA de Ponce y YMCA de San Juan.
En comunicación abierta, Una Sola Voz manifestó su incomodidad con la reducción de fondos que dichas entidades reciben de parte del gobierno para el funcionamiento de estas. Según reza el comunicado, a las organizaciones sin fines de lucro se les restará el 98% de los fondos destinados bajo el alegato de que es el 1% del Fondo General del Gobierno.
En otra parte de las declaraciones, el movimiento señala que “hemos escuchado al gobierno decir que debemos ‘hacer más con menos’. Con presupuestos anuales que cada vez son más limitados, hemos logrado que miles de niños, niñas y jóvenes completen sus estudios, que personas con necesidades especiales tengan acceso a tratamientos especializados sin costo alguno, que mujeres que han sido víctimas de maltrato se sostengan de una mano amiga, que alguno de nuestros viejos tengan un techo después de una tragedia, que el honor pinte el uniforme de nuestros atletas, que las artes y nuestra cultura, la memoria histórica y la identidad de nuestro país vibre aquí y se destaque en el exterior”.
Si bien las organizaciones sin fines de lucro han realizado una función importante en el desarrollo social del Puerto Rico de hoy, vale la pena preguntarse: ¿a razón de qué es que nacen alrededor de 11,000 entidades sin fines de lucro en Puerto Rico? ¿Por qué las organizaciones que suscriben el comunicado tienen que brindar servicios que le corresponde brindar al Estado?
Las preguntas tienen contestaciones básicas. El gobierno ha abandonado su gestión de procurar calidad de vida a sus ciudadanos. Por otro lado, la ineficiencia y burocracia con la que el gobierno ha manejado las preocupaciones sociales diarias de los ciudadanos –causado en gran medida por la partidización de las ramas gubernamentales de servicios, que se han llenado de batatas políticas que no conocen cómo brindar servicios de calidad– también ha abonado al surgimiento de estas entidades.
Me parece que estas expresiones no sembrará diferencias en el sentir general de la ciudadanía. No obstante, hay que llamar la atención sobre el particular. El Estado está obligado, por virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cubrir las áreas que muchas de las organizaciones sin fines de lucro han asumido. Basta señalar dos partes de dicho documento para evidenciar lo siguiente.
En el preámbulo, la constitución expresa claramente que “[n]osotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos […]”.
Mientras, en la sección 20 del artículo 2, se establece que esos derechos humano, según reconocidos por el Estado son el “derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. El derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales”.
“Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña. En su deber de propiciar la libertad del ciudadano, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa industrial y la cooperación colectiva”, concluye el párrafo de la sección 20.
Entonces, vale la pena preguntar: ¿qué sucede que esos derechos humanos establecidos por virtud de la constitución no se están atendiendo? Ahí entran las organizaciones sin fines de lucro a cubrir el espacio que el gobierno, por su inacción, ha dejado desocupado, violentando la propia ley que les da vida. La violación se replica cuando, a su vez, las organizaciones sin fines de lucro solicitan fondos al gobierno para realizar lo que en ley le corresponde a este último. Es así como nacen más de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Es así que se privatiza todo, incluyendo los deberes y responsabilidades del gobierno.
Algunos saltarán al ver la palabra privatización. A pesar que muchas de las organizaciones que suscribieron el comunicado no están plagadas de la misma lógica de los privatizadores capitalistas, sí ejercen exactamente la misma función que estos.
La razón es sencilla: a pesar de la buena voluntad de muchas organizaciones, lo que sucede de facto es la remoción de los deberes inherentes del Estado y su traspaso a manos privadas, siguiendo la lógica del juego neoliberal. ¿Cómo se manifiesta el neoliberalismo? ¿Cuáles son las reglas básicas del mismo? Vale la pena realizar una pequeña descripción para entender la naturaleza del neoliberalismo como doctrina económica.
La lógica neoliberal
El neoliberalismo tiene sus cimientos en la propuesta económica de David Ricardo y Adam Smith. Smith planteaba que el Estado tiene un rol particular: la defensa del capital y sus privilegios. Esa filosofía pasó a llamarse “laissez faire” o dejar de hacer; filosofía de la que se apoya el proyecto económico llamado capitalismo. Bajo esta filosofía económica, el gobierno debe eliminar toda barrera u obstáculo para la eficacia del mercado. Smith planteaba que el mercado tenía una “mano invisible” que se encargaba de autoregular los mercados.
Tanto para Ricardo como para Smith, el Estado tenía la obligación de proteger la sociedad de la violencia e invasión de otros países, así como proteger a los miembros de la sociedad de injusticias u opresión, y conservar y llevar a cabo nuevas obras de infraestructuras para facilitar el comercio. Más adelante, esta idiosincracia modificaría sus postulados para insertarse en las formas de manejar la economía del Estado, fomentando y apoyando una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, la drástica reducción del gasto público y la intervención estatal en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.
A pesar que estas prácticas se vienen asumiendo en Puerto Rico desde finales de la década de 1940, es desde el 1980 que se ven con mayor fuerza. Las tendencias gubernamentales de la década del 1980 en adelante han promulgado la reducción de los trabajadores, la ampliación del trabajo intelectual, la precarización del trabajo, la disminución de las jornadas laborales –mejor conocido como los “part time”– la flexibilización y diversificación de la producción, el abandono de los servicios a la población, y la reducción y eliminación de los derechos laborales adquiridos.
La toyotización del Gobierno
Esas nuevas tendencias en el proceso del trabajo lo que han buscado es atemperarse a la nueva situación económica del País y a las nuevas tendencias del mercado. En relación a las nuevas realidades del País, vemos una merma de la población, lo que a su vez implica un abandono de la producción y un aumento vertiginoso en la deuda pública.
El mercado, por su parte, ha tenido que revisar su forma de generar más capital. Es así como, en virtud de continuar la sobreproducción que le generaba mayor plusvalía del trabajo ajeno, los capitalistas recurrieron al crédito como forma de adquisición artificial.
Según Rosa Luxemburgo, el crédito cumple diversas funciones en la expansión del capital. Cuando la tendencia del capital choca con los limites de la propiedad privada, el crédito nace para disponer de mayor capital, acelerando así el intercambio de mercancías para despachar la sobreproducción. En su momento, el crédito funcionó para destruir la crisis creada por el propio sistema económico capitalista, al servir como motor de intercambio de mercancía.
Si bien es cierto que en su momento sirvió para remediar un problema creado al interior del sistema, el crédito también sirvió para ponerlo en jaque más adelante. El problema es que el crédito empeora el modo de producción y el modo de apropiación y, simultáneamente, agudiza la contradicción entre la relación de propiedad y las relaciones de producción, paralizando el ingreso de pequeños capitalistas y poniendo en menos manos la producción de capital.
Dicho de otro modo, cuando el margen de crédito se agota y el ingreso no puede cubrir los gastos de producción, el capital –concentrado en pocas manos– teme por no recobrar su ganancia. El capitalista está consciente que el crédito es una especulación sobre el trabajo y su producción. Precisamente por eso es que sus tasas de intereses son altísimas: para que, en caso de pérdida, la misma sea de menor grado.
Para manejar esta situación, el capital crea grandes periodos de crisis, concentra las riquezas en menos manos y obliga al mercado a depender única y exclusivamente de ellos. Esto, se conoce como el capitalismo monopolista, concepto que se explica en el libro Capitalismo Monopolista y Servicio Social de José Paulo Netto. El monopolio de los capitales ha llegado a lugares en la economía que antes eran impensables, tocando así espacios supuestos a manejarse por el Estado.
Ante esa realidad, el gobierno ha comenzado a operar en igualdad de condiciones que las industrias de producción capitalista. Las estrategias utilizadas son reducir y descentralizar la producción, forzar una fragmentación del trabajo y sumar nueva tecnología, permitiendo mayor explotación y control de la fuerzas de trabajo.
El gobierno además añadió la flexibilización del trabajo, lo que ha tenido un rápido impacto en la sociedad, provocando un desempleo estructural y un retroceso en la organización sindical, exacerbando el individualismo en los trabajadores.
Esta nueva tendencia del trabajo fomentó que los obreros operaran varias maquinas o diversas áreas de trabajo a la vez, exaltando la producción y minimizando a los trabajadores, lo que consecuentemente tiene de fondo la producción de lo necesario; es decir, no crear mercancía en excedente. Esta práctica también le permite al patrono o las empresas la subcontratación. Este particular es importante, ya que en la medida que se subcontrata la fuerza de trabajo, desprofesionalizas la misma y puedes provocar las multifunciones de los contratados.
Esta forma de operación económica fue propuesta por la empresa japonesa Toyota a finales de la década del 1980. De acuerdo con Ricardo Antunes, bajo esta lógica laboral se promulga la flexibilización, subcontratación, el control de calidad, la eliminación del desperdicio (trabajadores y producción), y la gerencia participativa o el sindicalismo de empresa.
A su vez, utiliza la estrategia de las horas extras para los empleados contratados, cosa que representa mayor ingreso para los trabajadores y, simultáneamente, la despedida de las posibilidades de mayores plazas de empleo. Esto provoca una satisfacción en la mano de obra contratada, ya que se genera un alza en sus ingresos, cosa que las compañías y gobiernos utilizan para provocar una falsa impresión de interés y preocupación por el trabajador contratado.
En esa misma línea, la empresa invierte en mayor educación para los trabajadores, para diversificar las opciones laborales que este podría tener dentro de la compañía. A la vez que los trabajadores se apropian del saber y del hacer, la gerencia minimiza la plantilla de empleados, ya que no necesitará profesionales diestros para la dirección de los trabajos, lo que a su vez tiene un efecto positivo en las ganancias producidas.
Esta forma de trabajo se aplicó inicialmente en las empresas. En el presente, los gobiernos andan utilizando las mismas para manejar sus operaciones y lograr reducir el gasto público, particularmente en los servicios sociales, y pudiendo invertir más en infraestructura que beneficie el mercado.
Esto pone a los ciudadanos por debajo del mercado en la lista de prioridades del Estado, faltando una vez más a la responsabilidad por la que fue creado. Es en esas responsabilidades que los gobiernos invierten el mínimo en las organizaciones sin fines de lucro: para cubrir la parte de los servicios sociales que han abandonado.
Busca mañana la segunda parte de este artículo. El autor es trabajador social, historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
