Lobos vestidos de ovejas: la privatización de los servicios sociales en Puerto Rico (II)

Un estudio reveló que hay 11,570 organizaciones activas al 2014, de las cuales el 22% son organizaciones de base comunitaria. (Facebook / Movimiento Una Sola Voz)

5 de julio de 2015 Por Especial para Diálogo Opinión

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

Nota de la editora: Segunda parte de un análisis sobre el rol de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Puede leer la primera parte aquí.

Por: Ángel Pérez Soler

Como vimos, cada vez más los servicios sociales pasan a organizaciones no gubernamentales. El llamado “tercer sector” no es más que un fenómeno de la dominación ideológica del neoliberalismo. El concepto, según el profesor Carlos Montaño, nace para hacer diferenciación entre el “primer sector” –el Estado–, “el segundo sector” –el mercado– y el “tercer sector”, la sociedad civil.

El “tercer sector” está compuesto por organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, instituciones filantrópicas, empresas ciudadanas y sujetos en su carácter individual y, en muchos casos, voluntario. Muchas de las personas que han entrado al “tercer sector” lo han hecho en busca de respuestas ágiles, en contrapeso a la burocracia estatal a la hora de proveer servicios, justificado a base de la lentitud de los gobiernos. De esa forma, se hegemoniza un discurso a favor de lo privado, sin considerar que el objetivo del mercado es el lucro y no los derechos humanos y la pluralidad de los servicios. Bajo esta percepción se obvia además las diferenciaciones dentro de la sociedad civil.

Lo antes expuesto crea condiciones para la pérdida de los derechos universales que fueron ganados por luchas populares en el camino de la historia. Es así como nacen las organizaciones no gubernamentales para cubrir espacios y temas que dependen de las preferencias de quienes las manejen, abandonando una vez más el conjunto de la población y sectorializando los servicios.

Como vemos, el problema de fondo no son las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) o las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino la filosofía que corre detrás de su instauración. Esto sucede porque aún cuando la intención de muchos/as de los trabajadores de las ONG o OSFL adopta una visión progresista, eventualmente funcionan al proyecto neoliberal.

Con dichas organizaciones en función, el Estado puede flexibilizar los trabajos, regular la contradicción capital-trabajo, minimizar los servicios sociales universales, reducir los trabajos gubernamentales y finalmente, dejar el espacio abierto para que la mano invisible del mercado haga su parte: lucrarse. Dicho de otro modo, con el tercer sector el Estado puede olvidarse de las políticas para todos, reduciendo los servicios gubernamentales derivados de los derechos humanos al menos –al principio en artículo– en la Constitución del Estado Libre Asociado.

Para verlo en nuestro contexto, veamos algunas de las organizaciones que suscribieron el comunicado citado en la primera parte de esta columna.

Filosofía y función de las OSFL en Puerto Rico

En virtud de la reorganización del capital, las ONG/OSFL pautan los principios neoliberales al pie de la letra. Estas fomentan una nueva modalidad del trabajo fundamentada en la responsabilidad social, valores solidarios, voluntariedad, autoayuda, ayuda mutua, filantropía y los derechos humanos, todo impulsado desde ellas mismas, relegando al Estado de sus responsabilidades.

La articulación de esto se maneja desde la condición ciudadana y democrática, lo que hace muy difícil manejar críticas a dicho modelo, en contraposición con la demonización del Estado como lento, burocrático e ineficiente. Así, el Estado –por virtud de reclamos ciudadanos– se ve obligado a transferir al tercer sector sus obligaciones.

Con este traspaso se cae el derecho universal en contrapeso de las políticas sectoriales. En otras palabras, escuchamos decir que cualquier persona puede entrar a una institución pública y tener el derecho de recibir los servicios sin distinción. Esto se da ya que los servicios en las agencias públicas están subsidiados y financiados por las contribuciones de los ciudadanos, lo que hace que el servicio sea para todos, por tanto universal.

En el caso de las ONG, estas destinan los servicios al área de interés o área de especialización. Por ejemplo, no puedes ir al Boys & Girl Club para solicitar servicios de vivienda cuando identificas que un niño/a y su familia están faltos del mismo. Sin embargo, si algún funcionario público del Departamento de Recreación y Deportes lo identifica, está obligado a referirlo a algún área del gobierno que atienda el particular.

Es más, en caso de que haya algún asunto identificado en la ONG, a quien le refieren el caso es a las agencias gubernamentales y no a otra dependencia tipo ONG que lo atienda. Este ejemplo sirve para clarificar la diferenciación de la política social universal que puede brindar el Estado, versus la política sectorial que brinda las ONG.

Otra de las grandes incisiones que muestra la privatización de lo social es el ataque al trabajo. Como vimos anteriormente, la toyotización del trabajo se instaló para servir como una herramienta más de la filosofía neoliberal. Esa nueva forma de trabajo es la que se implanta en estas ONG.

Las OSFL, como se desprende del comunicado citado, tienen que hacer mucho con poco. Es por eso que emplean la toyotización del trabajo en los puestos que pueden asumir con los recursos económicos que tienen en sus haberes, viéndose obligadas a contratar personas que puedan atender diversas situaciones y ser multifuncionales. Este particular es muy importante y se puede palpar en una práctica sencilla que todo trabajador ha tenido de frente, los resumés.

Para que un trabajador sea atractivo para una compañía, tiene que documentar en su resumé lo multifuncional que puede ser. Tiene que constatar que puede conocer varios idiomas, saber dominar la computadora, ser servicial con el cliente (participante en relación a lo social) y cualquier otra cualidad. Esto tiene como lógica la explotación del recurso (trabajador) en su máxima expresión.

Bajo esta premisa se trabaja en las ONG, cosa que fomenta la extracción de la ganancia (sea social o de producción) a costa de la intensificación del trabajo y la disminución de gastos. Además de lo antes descrito, se precariza el trabajo, ya que la contratación viene atada del retiro de los derechos laborales que hacen más compleja la situación del trabajador. Esta precarización se logra subcontratando la fuerza de trabajo, lo que a su vez permite evadir legalmente las reglamentaciones laborales.

Un ejemplo específico es la restructuración interna del Boys & Girl Club, eliminar los puestos de trabajos por profesión e insertando una nueva categoría de “coordinadores” o “líderes de alcance comunitario”. Con esta práctica, se desprofesionalizan los puestos de trabajo, pudiendo catalogar a cualquier persona como coordinadores o líderes de alcance comunitario, eliminando las competencias de los profesionales y pudiendo justificar la precarización de los salarios, porque ya no emplean a profesionales, sino a cualquiera que pueda realizar las tareas.

Otro caso que vale la pena observar es el Instituto Nueva Escuela. Según su portal cibernético, esta organización destina sus energías a “la creación de escuelas públicas Montessori a través de la formación de maestros y directores, de escuelas al servicio de la niñez y la juventud, y de modelos de excelencia académica y paz que colaboren con la transformación de las comunidades a quienes sirven.” De buenas a primeras, nadie podría estar en desacuerdo con lo antes establecidos, más aún cuando lo hace una organización sin fines de lucro.

No obstante, según la Carta Circular 17-2013-2014 para establecer las Normas y principios generales para la organización y funcionamiento de las escuelas especializadas o proyectos educativos innovadores, las escuelas tienen que pasar por varios requisitos, que incluyen “seleccionar el personal docente por reclutamiento especial: maestros certificados, altamente cualificados y especialistas en la materia”.

Entonces, si el Instituto Nueva Escuela destina sus energías a la creación de escuelas Montessori, y para crear una escuela especializada hay que tener maestros certificados, ¿dónde los maestros se certificarán? La contestación es simple: el Instituto Nueva Escuela ofrece las certificaciones. Vale la pena ver el costo de dichas certificaciones. Según su página cibernética el costo de las certificaciones son:

Infantes/Andarines $ 7,500
Casa de Niños $ 8,500*
Taller 1 $ 9,000*
Taller 3 y 4 $ 8,500*
Asistentes $ 500

Costos adicionales

Matrícula $ 300
Credencial AMS y MACTE $ 350

Una vez más, sacado de su portal cibernético, los logros del Instituto Nueva Escuela son que han logrado estar en 13 municipios con 25 escuelas para un total de 300 maestros. En un cálculo conservador, si esos 300 maestros se han certificado a un costo de $7,500, eso significa un total de $2,250,000. Si la institución genera esa cantidad de dinero y es una organización sin fines de lucro, no existe razón justificada para solicitar fondos al gobierno para correr la organización.

Otra de las cosas que levanta sospecha es la matriz del Instituto Nueva Escuela, el cual lleva el nombre de la Fundación Ángel Ramos, quien a su vez suscribe el comunicado al cual hicimos referencia anteriormente en el artículo. Al buscar en qué se desempeña dicha fundación, nos encontramos con varios asuntos que resaltaremos. Por ejemplo, en primera instancia hay que conocer quién fue Ángel Ramos.

Según su página de internet, Ramos fue “un pionero de las comunicaciones en Puerto Rico. Su conocimiento instintivo de los medios, unido a su visión y genio empresarial, le permitieron ser propietario del conglomerado de prensa, radio y televisión más abarcador de Puerto Rico: el periódico El Mundo, el más influyente diario de Puerto Rico durante varias décadas; la revista Puerto Rico Ilustrado; la radioemisora WKAQ AM-FM; y Telemundo, la primera televisora puertorriqueña”.

O sea, este señor fue un desatacado dueño de medios de comunicaciones, sector que se conoce con el nombre del “cuarto poder, por la fuerza que ejercen sus líneas editoriales”. Por su parte, sorprende más quiénes son las personas que componen la Junta Directiva de la Fundación Ángel Ramos, en la que se destacan miembros ejecutivos de diversas empresas millonarias en Puerto Rico, incluyendo exjefes militares.

¿Y por qué desconfiar de los ejecutivos de las corporaciones millonarias? En primera instancia, hay que señalar que el verdadero propósito de dichas corporaciones es el lucro. En segundo lugar, estos dirigen las riendas de una organización que en su matriz es una organización sin fines de lucro, lo que es totalmente falso. Es de conocimiento general que muchas de estas corporaciones millonarias buscan evadir contribuciones y una de las herramientas para hacerlo es la filantropía. El profesor Carlos Montaño resalta dicha práctica llamándola “pillantropía”. Lo que hay detrás de esta herramienta es la inversión de capital en causas “nobles”, para evadir contribuciones de esta forma aumentar su productividad empresarial generando mayor ganancia, y de paso, exaltar sus empresas en términos de relaciones humanas, conquistando así las masas, que las ven como verdaderos paladines de la justicia social.

Un caso muy reconocido en Puerto Rico es la Fundación Banco Popular, quien también suscribe el comunicado del movimiento Una Sola Voz. La Fundación Banco Popular funciona hace más de 35 años. Los mismos trabajan para realizar labor social, invirtiendo un total $30 millones. El programa ha apoyado a sobre 276 organizaciones alrededor de la Isla, impactando miles de personas. Durante el año 2014, invirtió $2,266,553 en donativos a 84 organizaciones sin fines de lucro. Según su portal cibernético sus objetivos son:

Ampliar y enriquecer las oportunidades educativas y culturales de los niños y jóvenes de las comunidades con menos ventajas de Puerto Rico.
Impactar la niñez y la juventud mediante el apoyo a programas educativos que formen parte de esfuerzos organizados para el desarrollo y el servicio comunitario.
Respaldar programas y servicios para apoderar a los ciudadanos a transformar su situación de vida y las condiciones materiales que les rodean.
Estimular la participación voluntaria de los empleados de Popular, Inc. y el desarrollo de liderato y de capacidades compartidas entre éstos y las personas integrantes de las organizaciones e iniciativas apoyadas por la Fundación.
Respaldar a los empleados y retirados de Popular, Inc. a través de becas para que sus hijos completen estudios pos secundarios y a través de ayuda económica en situaciones de emergencia.

Estas tareas se hacen en virtud de exaltar la cara de la compañía, lo que tal vez nos hace olvidar que el Banco Popular es uno de los que ha recomendado en diversas ocasiones la privatización de los servicios públicos y quien tienen la mayor parte de las cuentas del gobierno de Puerto Rico, cosa que le hace tener el capital para tener un cajero automático en cada rincón del País, sin mencionar su estos cobran alrededor de $1.75 a quienes no tienen cuenta con ellos. Además, nos hace olvidar que es el banco con mayor ejecución de casas en Puerto Rico, dejando así a miles de familias en la calle.

Otro detalle importante de las herramientas de filantropía por parte de las corporaciones millonarias es la evasión contributiva al Estado. Al estos reportar sus “ayudas”, el Estado les omite del pago de contribuciones, desangrado así las finanzas del gobierno que en este momento histórico están tan necesitadas.

Otras de las organizaciones que suscriben el comunicado es la YMCA. Dice su página en internet que es una organización sin fines de lucro que destina sus servicios a diversas poblaciones. Esta institución goza de un prestigio general en la sociedad, ya que es una de las primeras organizaciones en utilizar el deporte como herramienta para las competencias juveniles y el desarrollo de atletas en Puerto Rico.

A pesar de que la misma es considerada una institución sin fines de lucro, valdría la pena preguntar: ¿dónde queda el dinero que dicha institución genera de las cuotas que cientos de padres y usuarios en general pagan para la utilización de las facilidades y los servicios que ofrece? Utilizando cálculos conservadores, basados en la experiencia de quien escribe, compartiremos la respuesta que le damos a la interrogante pasada.

Mi hija de dos años participa de las clases de natación que ofrece la YMCA de San Juan. Estas tienen un costo de $150, a razón de ocho secciones. Esto equivale a un total de $18.75 por clase, de las cuales su duración es de una hora.

Al momento que mi hija toma su clase de natación, hay alrededor de quince niños/as que toman dicha clase. En un cálculo conservador, eso representa $281.25 por cada hora/clase. De igual forma, existen al menos tres grupos en las mañanas del sábado, comenzando desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., lo que representaría $843.75 por tres clases cada sábado.

Por su parte, esta es la contabilidad del grupo de primeros pasos, el cual comprende las edades de 0 a 3 años. En la misma piscina –a la misma hora– hay tres secciones, divididas por experiencia y edades. Estamos hablando de al menos cincuenta niños/as y jóvenes a razón de hora, lo cual podríamos multiplicar por $18.75 y lo que equivaldría a $937.50 por hora/clase. Eso multiplicado por tres suma a $2,812.50 por tres clases en las mañanas de los sábados. Este cálculo se hace a raíz de solo tres clases de natación (ante el desconocimiento de si en las tardes hay más clases), sin calcular el uso del gimnasio, las clínicas de baloncesto y otros deportes que ofrece la institución en un sábado.

Lo que queremos presentar con dicho cálculo es el flujo de dinero que existe en dicha institución, la cual invierte muy poco en mano de obra, ya que si nos referimos a las clases de natación hay un solo maestro por cada clase, lo que representa una ganancias significativa para la institución. También hay que señalar que tampoco sabemos la cantidad de dinero que le aportan corporaciones como Coca Cola, Telemundo, El Nuevo Día, Goya, Banco Popular, MCS, y Subway, entre otras.

Hay que sumarle asimismo las aportaciones que le hace el gobierno por medio del Departamento del Trabajo –lo que nos hace pensar que alguna exención contributiva o algún pareo de fondos existe para los trabajos que genera la YMCA–, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Educación, la Oficina de Asuntos de la Juventud y los fondos legislativos.

Sin lugar a dudas, es mucho el dinero que corre en dicha institución, en la que ningún servicio se regala o está exento de costo. Si lo anterior es cierto, ¿qué se hace con los fondos que dicha institución recauda o que figura en sus excedentes, si la misma es una sin fines de lucro y a su vez no socializa las ganancias o excedentes? Seguramente habrá gente que estará cobrando jugosas mensualidades por dirigir esta institución, por lo que no corresponde llamarlo un fin lucrativo propiamente corporativo, pero si una gansería de unos pocos.

No son tan sin fines de lucro ni tan no gubernamentales

Como hemos visto, estas organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales no son tan sin fines de lucro, ni tan no gubernamentales. Las mismas tienen un lucro escondido detrás de jugosos sueldos, evasiones contributivas, limpieza de caras a sus marcas registradas y promociones a sus instituciones. Además, buscan fondos gubernamentales con el fin de socializar los gastos con fondos públicos y minimizar la inversión para así desembolsarla en algunos amigos de la caridad.

Por su parte, estas instituciones fomentan la precarización del trabajo. Para esto dejaré que hablen ellas mismas, en una cita de la ponencia ante el Senado de Puerto Rico presentada para justificar el no recorte de los fondos asignados. En un estudio de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, realizado por la firma de Estudios Técnicos y comisionado por las organizaciones de apoyo, dice:

“El estudio detalla que se identificaron un total de 11,570 organizaciones activas al 2014, de las cuales el 22% son organizaciones de base comunitaria. Sus servicios representan una aportación que sobrepasa los $2.2 billones al producto nacional bruto o 6.6%. Por otro lado, contribuyeron con la creación de aproximadamente 150 mil empleos, lo cual representa el 16% del empleo total en Puerto Rico. A esto se añaden alrededor de 400 mil personas que sirven como voluntarios y voluntarias, cuyo tiempo equivale a 23,633 empleos a tiempo completo”.

De lo que hablamos es de la reducción de empleos y la desprofesionalización en virtud del voluntariado como cantera para la acumulación de ganancias, evocado desde la solidaridad. En ese discurso –amparado en las bases de la solidaridad– evocan a la desregularización del Estado y sus responsabilidades, fomentando así la focalización de los servicios y coartando la universalidad de estos, los cuales fueron ganados por luchas reivindicativas de los trabajadores. Este particular esta muy atado a la lógica neoliberal de autoresponsabilizar al individuo sobre la carencia de servicios que debe ofrecer el Estado, entendiéndolo como el guardián de los derechos de todos, por ser el ente que recibe las contribuciones ciudadanas.

Estas instituciones no son ajenas a su responsabilidad dentro del sistema capitalista. Las mismas buscan reformar el Estado sin tocar las fuerzas productivas que generan la desigualdad social, fungiendo así como canalizadoras de las rabias sociales en virtud de detener revelaciones ciudadanas. Es por eso que son lobos vestidos de ovejas.

El autor es trabajador social, historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.