Colectivo académico analiza la realidad política, social y cultural de Puerto Rico
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
Las incidencias de las últimas horas del juicio contra Héctor Martínez y Juan Bravo, tiene tantas lecturas como las que se hacen en una sala judicial cuando los juzgadores de los hechos, entran y salen, se duermen y se despiertan, se ríen o fruncen el ceño con determinadas personalidades entre fiscales, defensa y poder judicial. Miran a los ojos de los acusados cuando salen de sala o siguen a sus asientos a terminar su jornada.
El poder judicial de ese caso recayó en el juez Francisco Besosa, un juez nombrado en el 2006 con escasa o ninguna experiencia en litigios de trascendencia pública. Decidió no secuestrar al jurado y cuando vino el veredicto determinó emitir un “vacated” o dejar sin efecto la decisión de los juzgadores de hecho en el caso de conspiración para Martínez. Al mismo tiempo elevó un “la corrupción pública no puede tolerarse” y estuvo dispuesto a poner a los convictos tras las rejas desde el mismo primer día.
Veamos qué lecturas encuentran antecedente en la historia y cuáles son las lógicas que trascienden de un proceso judicial en el que la defensa, una batería millonaria compuesta de un abogado estadounidense de alto copete y una ex fiscal y ex abogada del bufete MConnell y Valdés, decidió no presentar prueba y la fiscalía, conformada de dos abogados de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal en Washington, no sentó a un desgastado testigo y co conspirador, el ex senador convicto, Jorge De Castro Font. Abbe Lowell es el abogado del “norte”, Sonia Torres la ex fiscal y Deborah Sue Mayer y Peter Koski, los enviados de DC.
Surge de la historia del caso, que los seis hombres y las seis mujeres del jurado descansaron un fin de semana y deliberaron a conciencia, se sentaron a analizar la prueba y cuando estuvieron listos, el presidente preguntó a cada uno, cuál es su voto. Todo tiende a indicar que ejercieron a cabalidad su función como juzgadores de los hechos.
El jurado que entendió en el caso contra el legislador penepé Martínez, el hombre fuerte del convicto Freddy Valentín hace 12 años y el que hoy es respaldado a brazo partido, por el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, envió un mensaje de cero tolerancia a la corrupción pública y de paso, le dijo a los inversionistas políticos, ustedes también son responsables de esa que nos corrompe y nos mancha como país. Pa bailar un tango dos, espetó el jurado.
Bravo resultó culpable de tres cargos, a saber, soborno, viajar para cometerlo y conspiración; y Martínez, de un cargo de soborno y de la conspiración. Los juzgadores parecieron negociar en el caso de Martínez, la culpabilidad del delito de obstrucción a la justicia el que más años le suponía si resultaba convicto.
De paso, los miembros del jurado también le contestaron a Abbe Lowell, abogado de Martínez, un rotundo “si” a la pregunta que éste lanzó en sus argumentos finales: ¿ustedes piensan que mi cliente es capaz de cometer algún acto de corrupción?
A un jurado puertorriqueño, que lleva 20 años leyendo periódicos que reportan la corrupción rampante, que ve los videos de esos políticos desfilar por la pasarela del edificio federal a pie y en guaguas que corren en una sola dirección en la avenida Chardón, esa pregunta no se le podía dejar tan fresca en la memoria.
Además, esa pregunta iba de la mano con la estipulación que hizo la defensa con la fiscalía de que Martínez sabía en 1999 que las acciones que ejecutaba para Freddy Valentín eran un delito. Que se sentó en la silla de los testigos de frente a un gran jurado y tuvo que leérsele las advertencias ante la posibilidad de que pudiera cometer perjurio.
Virazón de videotape
Ante los gritos de Lowell, en una conferencia en el estrado que se alega que se escuchaba en toda la sala, el juez Besosa dejó sin efecto la culpabilidad de la conspiración en el caso de Martínez. Acto seguido quiso dejar a los acusados en prisión elevando el grito de “no tolerancia” que pareció entender como mensaje principal del jurado.
Pero en una reconsideración sin mayores explicaciones, en la tarde del martes emitió una orden reinstalando el veredicto en ese cargo y advirtiendo que las partes podrán argumentar una absolución perentoria que ya Lowell y la defensa de Bravo, David Chesnoff y Joseph Laws, adelantaron que pelearán con uñas y dientes. Y es que la decisión de Besosa de quitarle el caso al jurado en uno de los cargos, tiene un antecedente que ya le ha costado mucho al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
En febrero del 2006, el Primer Circuito de Boston le dijo al hoy juez senior, Juan Pérez Giménez, que “abusó manifiestamente de su discreción” cuando decidió absolver perentoriamente a la ex ayudante del ex gobernador, Pedro Rosselló, Angie Rivera, precisamente acusada y encontrada culpable de cargos de conspiración y extorsión.
”Un juez de distrito no es un jurado número 13 que puede dejar sin efecto un veredicto meramente porque él podría haber alcanzado un resultado diferente”, expresó el Circuito, apoyando sus expresiones en decisiones judiciales que limitan la intervención de los tribunales para invalidar un veredicto.
Aquélla decisión la tomaron en solo dos meses, los jueces, Sandra Lynch, Norman Stahl y Jeffrey Howard. Lynch es hoy la presidenta del foro apelativo en el que Howard se sienta como juez regular y Stahl como juez senior.
Ya Besosa dio un viraje que en videotape habría desgastado la cinta. Emitió una declaración desde el estrado adjudicando lo que los juzgadores de hecho habrían decidido. “no a la corrupción pública”.
Una mirada con detenimiento a la jurisprudencia lo pudo haber hecho cambiar de opinión. De la decisión de no absolver o de absolver las partes pueden recurrir al foro apelativo que ya una vez se expresó sobre la conducta de jueces en Puerto Rico.
De hecho, el caso de Angie le fue quitado de las manos a Pérez Giménez y fue la jueza Carmen Consuelo Vargas, quien tuvo que re sentenciarla. Mientras en los escenarios judiciales se defienden unas y otras posiciones, en la esfera política, Martínez se agarra de una posible victoria en esa absolución para no dejar su posición de senador.
Hay que ver si los y las senadoras se convertirán – por razones extrañísimas de una solidaridad que dobla molleros – en los que den al traste con el principio del jurado, tan fundamental y defendido en la Constitución de Estados Unidos que ellos alegan conocer y abrazar. Esto será, un día, una hora o quizás un minuto a la vez de lógicas, veredicto y videotape.
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