“Si van a hablar de Colombia y del proceso de paz, háganlo aparte”, se oyó en las reuniones preparatorias regionales de la Cumbre Humanitaria Mundial, según Ramón Rodríguez, directivo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
“Así lo dijo en su momento, por ejemplo, el representante de Cuba: ‘Esta es una Cumbre Humanitaria Mundial, vamos a hablar de todo el tema humanitario en general, y no de casos específicos'”, contó respecto a los preparativos para la primera cita de este tipo, que se celebrará en Estambul el 23 y 24 de mayo.
“Para quienes prepararon la Cumbre Humanitaria Mundial, el tema fundamental son los desastres. Casi que nos sacaron el cuerpo”, agregó Rodríguez, director de Gestión Social Humanitaria de la estatal UARIV, en una entrevista con IPS en su oficina en Bogotá.
Esto a pesar de que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, ha convocado a la Cumbre con el fin de “no dejar atrás” a “ninguna persona que esté en un conflicto (armado), ninguna con pobreza crónica y ninguna que viva con el riesgo de peligros naturales y el aumento del nivel del mar”.
En todo caso, “el tema (de la guerra colombiana) es muy taquillero, pero muy limitado”, según Rodríguez, el ingeniero industrial que organizó y dirige la logística de la más grande ayuda humanitaria del mundo, por porcentaje del presupuesto nacional de un Estado para sus propios connacionales.
Colombia es el único país de América Latina y el Caribe donde se ha declarado una crisis humanitaria debido a su conflicto armado interno.
En casi setenta años de una guerra civil de distintas fases, el conteo de víctimas y su atención ha sufrido también intensos cambios. Hoy funciona, efectivamente, casi como una actividad industrial, adaptada a un desastre largo y calculado.
“Somos, el gobierno, el principal actor humanitario en Colombia. Tenemos un equipo de atención de emergencias. Trabajamos con las organizaciones humanitarias a través de los equipos humanitarios locales”, dijo Rodríguez.
Quizá la principal lección que aprendió el gobierno colombiano es que tenía que reconocer cuántas víctimas había, para poder enfrentar la dimensión de la crisis humanitaria. Hasta 2004 fue un tira y afloje.
En 1962, la investigación La Violencia en Colombia (de los intelectuales Guzmán, Fals y Umaña) calculó en 200,000 los asesinados entre 1948-1962.
Los conteos sobre desplazamiento los comenzó en 1985 la iglesia católica, que era entonces la única institución no gubernamental con capacidad de hacer un censo nacional de desplazados.
Hacia 1994, el gobierno alegaba que había 600,000 desplazados pero el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), contabilizaba 900,000.
Pero fue una sentencia de tutela de 2004 de la Corte Constitucional lo que obligó al gobierno a darle la cara a las secuelas de la guerra y, paulatinamente, reconocer el número real de desplazados.
La Corte ha podido verificar el cumplimiento de la sentencia con el apoyo de una alianza no gubernamental de académicos e investigadores, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.
Finalmente, en 2011, por iniciativa del actual gobierno de Juan Manuel Santos, que comenzó su mandato un año antes, se aprobó la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), que entre muchas medidas, crea la UARIV.
Para ese momento, el gobierno reconocía a 4.5 millones de víctimas.
La UARIV abrió un Registro Único de Víctimas, que hasta el 1 de abril de 2016 registraba un acumulado de 8,040,748 víctimas desde 1985.
Promediando el debate sobre si hay subregistro de víctimas, y si el número de víctimas se incrementó, o si lo que aumentó fue el registro ante el Estado, hoy la UARIV sabe que 84.2 por ciento de las víctimas registradas son desplazados; o que 45.4 por ciento proviene del geoestratégico, rico y dinámico departamento de Antioquia, en el noroccidente del país.
O que los picos de las amenazas tienden a coincidir con los picos del despojo de tierras; que se intensificó entre 1995 y 2007, y que los secuestros (0.5 por ciento de las víctimas) tuvieron su pico en 2002 y hoy tienden a desaparecer.
Igualmente, que los peores años de la guerra fueron del 2000 al 2008, y que 2015 ha sido el año más pacífico desde 1985.
También, que son un poco más las mujeres víctimas que los hombres; y que lo que más hay son niños y niñas víctimas. Y la cuarta parte de las víctimas son afrodescendientes e indígenas.
En pleno proceso de paz con la guerrilla comunista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Rodríguez monitorea.
“Yo pedí un reporte de enero 1 al 30 de abril. El año pasado teníamos, para la misma fecha, 15 desplazamientos masivos. En 2016 tenemos 16. En 2015 teníamos 1,425 familias afectadas, 5,721 personas. Hoy tenemos 1,200 personas más. Lo que significa que sí hubo un incremento en la afectación entre 2015 y 2016, teniendo en cuenta el mismo parámetro de enero a abril”, afirmó.
El incremento se atribuye a grupos criminales exparamilitares y al Ejército de Liberación Nacional, guerrilla castrista con la que también acaba de anunciar el gobierno la apertura de una negociación.
Ahora, Colombia está a las puertas de firmar un acuerdo de paz, pero Rodríguez prevé “esperar de tres a cinco años para la consolidación. Va a haber un incremento de la violencia”, no solo por antiguos paramilitares sino por guerrilleros que no se sumarían a la paz.
“Algo que no hay que olvidar mostrar en la Cumbre Humanitaria Mundial es el incremento de la violencia que va a suceder en el momento de la firma del acuerdo. El asunto del control territorial es muy interesante para los actores armados, y confluye con el tema económico”, agrega el funcionario.
Para Rodríguez, la “Ruta de atención, asistencia y reparación” que ha modelado Colombia es otro elemento clave que sería útil compartir en la cumbre de Estambul.
La Ruta tiene dos fases. La primera, de ayuda humanitaria inmediata, funciona en 48 horas luego de ocurridos los hechos violentos y tiene dos formas de ayuda: en dinero, mediante los municipios, y en especie, a través de operadores subcontratados que en 2015 obtuvieron más de cinco millones de dólares.
Luego de unos meses viene la inscripción en el Registro Único de Víctimas y comienza la ayuda de emergencia y transición (ayuda para vivienda y comida). La última fase es la reparación, que incluye una indemnización administrativa.
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