En los Estados Unidos de América (EE.UU.), 1.6 millones de personas conforman la población anciana de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Trangénero (LGBTT). Al menos ese es el número de casos conocidos, pero muchos aún viven en el margen. Se estima que en el año 2030 el número de ancianos LGBTT ascenderá a tres millones.
La sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), llevó a cabo el pasado miércoles, 8 de octubre, una charla sobre el impacto de la discriminación por orientación sexual, enfocada principalmente en las personas ancianas.
El conversatorio, titulado The Impact of Discrimination and Invisibility on LGBT Older People, fue dirigido por el experto en derechos civiles Michael Adams, director ejecutivo de la asociación Services and Advocacy for Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Elders (SAGE) de Nueva York.
Aunque la discriminación hacia la comunidad LGBTT afecta de forma general a personas de cualquier edad, lo cierto es que la población anciana está más propensa a ciertas situaciones. Según Adams, quien ha litigado en los tribunales por los derechos de los homosexuales por más de 11 años, las personas de la tercera edad en esa comunidad tienen el doble de probabilidades de pasar los últimos años de su vida soltero o soltera, tienen cuatro veces más probabilidades que cualquier otro grupo poblacional de vivir la vejez sin haber tenido hijos biológicos o adoptados y, aunque ha sido difícil obtener números exactos, ancianos han reportado casos de discriminación por parte de empleados de centros de ancianos y hasta de los propios compañeros de la tercera edad.
“En nuestra cultura, el esposo o la esposa y los hijos adultos son las dos fuentes principales de apoyo y cuidado en la vejez”, puntualizó Adams, graduado de Stanford y Harvard University.
SAGE es una organización enfocada en brindar asistencia a la comunidad LGBTT en edad avanzada. Desde su fundación en 1978, la organización también ofrece servicios de apoyo y recursos a los encargados de muchos de los ancianos de la comunidad gay que necesitan protección y cuidado de otra persona. SAGE promueve, además, política pública para beneficio de este grupo poblacional.
Según Adams, tres cuartas partes de los hombres homosexuales, entre las edades de 64 a 75 años, sobreviven los últimos años de su vida sin compañía. Como consecuencia, estas personas dependen en muchos casos de la asistencia de amigos, vecinos o centros de ayuda, que no tienen ninguna potestad legal sobre ellos en caso de emergencia.
“Esto tiene implicaciones significativas, por ejemplo, en situaciones en las que el adulto anciano se encuentra hospitalizado y es un vecino quien lo está cuidando, esa persona no tiene ningún reconocimiento o autoridad legal que le permita tomar decisiones importantes en caso de que la persona hospitalizada no pueda tomarlas”, indicó el Director, quien ha dirigido SAGE por los pasados nueve años.
Aunque se recomienda que las parejas homosexuales establezcan sus deseos a través de un abogado y le sedan derechos a su pareja en casos de emergencia, esto no garantiza que una organización, hospital, cualquier entidad o agencia y hasta el propio Estado, le permita a la pareja tomar decisiones difíciles en lugar de la persona afectada que no puede tomar la decisión.
Por otro lado, beneficios como las protecciones y cuidados de Medicaid discriminan a parejas ancianas del mismo sexo, puesto que no existe un reconocimiento constitucional y legal que cobije este tipo de parejas. En situaciones por ejemplo, en las que uno de los dos miembros de la pareja necesita cuidado especializado en un centro para ancianos, Medicaid cobija económicamente no solo la persona que está recluida, también a su pareja que debe continuar asumiendo los gastos en el hogar. Esto no sucede así en los casos de parejas ancianas del mismo sexo en Estados Unidos, si su matrimonio no está reconocido legalmente.
En ese sentido, el caso United States v. Windsor (2013), de la Corte Suprema de los Estados Unidos, permitió extender derechos matrimoniales federales a todas las parejas del mismo sexo reconocidas legalmente. La pareja de lesbiansa, Edith Windson y Thea Spyer, se habían casado legalmente en Canadá, pero vivían en la ciudad de Nueva York. Windsor sobrellevaba la muerte de su esposa Spyer, quien le había dejado todos sus bienes. Pero la Sección 3 del Acta de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), no le permitía a Windsor disfrutar de los derechos de exenciones contributivas que otorgaba el gobierno federal al esposo o esposa sobreviviente en matrimonios heterosexuales.
Windsor, de 83 años y quien recibió el apoyo de SAGE, logró la histórica victoria del caso el 27 de marzo de 2013, declarándose así inconstitucional la sección 3 del DOMA. Como consecuencia, las parejas del mismo sexo casadas legalmente pueden disfrutar hoy día de todos los beneficios federales que ofrece el gobierno de los Estados Unidos, como seguro social combinado, beneficios tras la muerte del esposo o esposa, beneficios como plan médico de trabajos en el gobierno federal, beneficios a tu pareja si perteneces al ejército de los Estados Unidos y beneficios matrimoniales en Medicare, entre otros.
No obstante, Adams explicó que aunque el gobierno federal en algunas instancias reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Corte Suprema de los Estados Unidos continúa otorgando a los estados el derecho a reconocer internamente ese tipo de matrimonios. Esto implica dos cosas. En primer lugar, significa que si una persona desea contraer matrimonio legalmente con otra persona del mismo sexo, la pareja debe viajar a alguno de los estados en donde la ley estatal reconoce ese tipo de matrimonio civil.
En segunda lugar, implica que si la pareja desea regresar a su lugar de residencia, en donde el matrimonio homosexual aún no es reconocido legalmente, ambos podrán disfrutar de los beneficios federales. Sin embargo, no recibirán beneficios matrimoniales estatales o de agencias privadas en el estado. Es decir, la manera más efectiva de asegurar los derechos, no solo de la población anciana, sino de toda la comunidad LGBTT, es logrando que el gobierno federal de los Estados Unidos de América o la Corte Suprema, reconozcan el matrimonio entre parejas del mismo constitucionalmente.
De este modo, ningún estado ni entidad pública o privada podrá discriminar, al menos cobijados por la ley, este tipo de parejas que en la mayoría de los casos continúan siendo tratadas como ciudadanos de segunda clase.
