Los bonistas que apostaron al recaudo del IVU

Juan Noguera está en una lista de más de 200 nombres junto a firmas de inversión, aseguradoras de bonos, bancos o suplidores con intereses en el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Es tasador de bienes raíces a punto de retirarse. Sus ahorros están comprometidos en bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), pero no pertenece a ninguno de los grupos organizados de acreedores que participan activamente en el caso.

“Yo tengo gente en mi familia, tres personas, con cantidades considerables que les dejaron de pagar y no sabemos lo que valen esos bonos, que eran nuestro retiro. Yo pagué hasta un premium por encima de lo que valían, de lo atractivo que supuestamente eran en ese momento, según UBS”, dijo Noguera refiriéndose a la casa de corretaje que le vendió los bonos.

Cuando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) entrevistó a Noguera, él no sabía que existe una coalición que dice representar a los bonistas de Cofina en el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

“Deberían haberme hecho un acercamiento. Si estoy en la lista, si tú me descubriste a mí, ellos [la coalición] debieron haberme descubierto. Conmigo nunca han hecho ningún contacto, así que desconozco la situación. Me gustaría conocer algo más, ¿cómo yo consigo acceder a ese grupo?”, dijo por teléfono el hombre con casi $1 millón en bonos de este tipo pendientes de pago.

El grupo se llama Coalición de Bonistas Cofina Senior y en su página web dicen que se compone “mayormente de individuos y gestores de activos”. El CPI encontró que los miembros conocidos del grupo son mayoritariamente fondos buitre: firmas de inversión registradas como fondos de cobertura y que se dedican a comprar deudas a descuento para luego exigir el pago del 100%.

Algunas de estas empresas de alto perfil que pertenecen a la coalición aparecen en las listas de los principales fondos de cobertura de Estados Unidos. Mantienen sede en ese país, operan a nivel global, están incorporadas en paraísos fiscales como Delaware o Islas Caimán, manejan por lo menos más de mil millones en activos cada una, y algunas son dueñas de entre 4 y 10% de empresas como Dell, Monsanto y Humana.

En los documentos del Título III, el grupo reclama $3.2 mil millones y dice tener 33% de todos los bonos Cofina Senior.

En 2015, las firmas de la coalición contrataron a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que se describe como “uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y selectos del mundo”. También contrataron a Reichard & Escalera, bufete puertorriqueño con largo historial como contratista de las principales agencias del Gobierno de Puerto Rico. Rafael Escalera, socio principal de la firma y quien no contestó una solicitud de entrevista del CPI, aparece como uno de los abogados en la lista de servicios del caso de quiebra que se desarrolla a través Título III de la ley Promesa.

La jueza Laura Taylor Swain en la más reciente vista de Título III el pasado 25 de octubre en Nueva York

En la primera vista del caso, el 9 de agosto, Rafael Escalera estaba sentado en la penúltima fila del tribunal federal de San Juan junto a Daniel Salinas, de la firma Quinn Emanuel, y Matt Rodrigue, sin z, asesor legal de la Coalición de Bonistas Cofina Senior. El trío intercambiaba impresiones y gestos de escepticismo sobre los argumentos que exponían los abogados del gobierno ante la jueza que preside el caso, Laura Taylor Swain.

“Yo soy una persona, y me imagino que muchos bonistas individuales también, que tuvimos relativamente éxito en nuestras vidas, pagamos más contribuciones que el 98% de las personas de este país; no me cabe la menor duda, somos responsables. Y ahora no tenemos el dinero de nuestro retiro. Eso es lo que ha pasado. Nos sentimos frustrados y hasta engañados. El gobernador prometió algo que no cumplió. Ganó las elecciones bajo esa promesa [de pagar la deuda] y hasta se le dio dinero bajo esa promesa y nos sentimos engañados”, dijo Noguera al CPI.

Está suscrito para recibir información sobre el caso de quiebra del gobierno, donde al final podría tener la oportunidad, como bonista, de votar a favor o en contra de un recorte en el valor de sus bonos como parte de la reestructuración de la deuda. Pero no participa directamente del proceso dominado por mogules de la industria financiera y grandes bufetes de abogados.

“Con firmas de inversión no creo que tenga mucho que buscar allí [en la Coalición de Bonistas Cofina Senior]; tienen otros intereses. Pero si hay algunos locales a mí me gustaría que yo pueda aportar también ahí, y si tienen el mismo tipo de bono a lo mejor hay intereses comunes”, sopesó el tasador.

Los socios de las firmas que integran la coalición tienen trayectoria en los principales bancos de Wall Street y en los últimos diez años muchos han sido donantes políticos, informando en conjunto al menos $9 millones en donativos a partidos y candidatos.

Los fondos buitre de la Coalición de Bonistas Cofina Senior

En los documentos del caso de quiebra, la firma con la mayor cantidad de bonos Cofina mantuvo su identidad oculta detrás de la empresa fantasma Decagon Holdings, hasta el 3 de octubre, cuando la publicación The Intercept reveló que pertenece a uno de los fondos buitre más grandes del mundo: The Baupost Group. Ese mes, la firma reclamó $925 millones divididos en diez fondos (Decagon 1 al 10) que el CPI identificó que fueron incorporados en Delaware en 2015 como compañías de responsabilidad limitada, de forma anónima, por una empresa que ha registrado más de 500 mil corporaciones llamada Corporation Service Company.

Algunos de los clientes de Baupost Group son fundaciones de las principales universidades de Estados Unidos, como la prestigiosa Harvard, donde se conocieron en los años 80 los fundadores: William Poorvu, Howard Stevenson y Jordan Baruch, profesores del Harvard Business School. El 16 de octubre, la organización Hedge Clippers envió cartas a 18 universidades, entre ellas Harvard, Yale y la Universidad de Washington, donde exhortaron a los presidentes de esas instituciones a que retiren sus inversiones de la firma que dirige el magnate financiero Seth Klarman, conocido como el “Oráculo de Boston”.

“Además de una crisis económica sin precedentes, Puerto Rico ahora enfrenta una crisis humanitaria luego de la devastación del huracán María”, dice la carta que envió Hedge Clippers.

Klarman, cuya fortuna fue estimada por Forbes en $1.55 mil millones, respondió con una carta a sus inversores donde dijo que cancelar o imponer una moratoria a la deuda “a lo mejor es bien intencionado”, pero “impráctico”. “Los ciudadanos de Puerto Rico y las pequeñas cooperativas también tienen deuda del gobierno, eliminar esos bonos impactará los ahorros domésticos”, dice en la carta.

Las declaraciones de Klarman siguen la línea de la proyección pública que ha tratado de crear la Coalición de Bonistas Cofina Senior, quienes en su página web no dan detalles de las firmas de inversión que componen el grupo y usan imágenes de personas mayores de Puerto Rico.

Pero los socios de las firmas del grupo distan de ese perfil. Klarman por ejemplo, reverenciado como uno de los mejores inversores del mundo, autor de un manual de inversión cuya fotocopia llegó a venderse por $2,499 por Amazon es, además, un activo donante político.

Sus donaciones se dividen en 16% a republicanos, 4% a demócratas y 79% a dark money groups, “organizaciones sin fines de lucro políticamente activas, que no están obligadas a revelar públicamente a sus donantes, a diferencia de las demás organizaciones que gastan dinero para afectar los resultados de las elecciones federales”, según el Center for Responsive Politics.

Entre 2012 y 2016, donó $3.8 millones al American Unity PAC, un comité de acción política republicano que aboga por los derechos de la comunidad transexual y LGBTQ. Gran parte de los contribuyentes de este PAC son ejecutivos de fondos buitre, como Paul Singer de Elliot Management, Daniel Loeb, de Third Point, y David Tepper, de Appaloosa Management. Klarman también ha donado al Conservative Solution PAC, al Comité Nacional Republicano y al Ending Spending Action Fund, un super PAC republicano que aboga por la reducción de la deuda federal. El inversionista ha criticado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus medidas proteccionistas y por mantener un discurso volátil e “intencionadamente impredecible”.

Su firma, The Baupost Group, manejaba $32 mil millones en activos bajo gestión para diciembre de 2016. El mínimo de inversión que requiere a sus clientes es de $25 millones, y advierten en su opúsculo que “cualquier inversor que no pueda asumir los riesgos de pérdida de sus inversiones no debe de participar en el Baupost Group Partnerships”.

Baupost tiene posiciones en empresas de la industria de la salud, gas natural, energía, servicios financieros, consumo (automóviles, vivienda y entretenimiento), bienes raíces y tecnología. Entre sus posiciones principales está Synchrony Financial, donde es dueño de $873 millones. Synchrony Financial es un banco de préstamos personales que pagan altos intereses y el mayor emisor de tarjetas de crédito de marcas como Amazon, Walmart, T.J. Maxx y Gap. El 1 de febrero de 2016, Synchrony Financial estableció un centro de llamadas en Guaynabo.

En octubre de 2017, Baupost y un grupo de fondos buitre que incluye a varios de los participantes del Título III, como Canyon Partners, Oaktree y Värde (exintegrante de la Coalición Cofina), se opusieron a la reestructuración de la empresa energética Abengoa, una multinacional española. Un juez falló a favor del grupo, que reclamaba 100 millones de euros en deuda de la empresa. El mismo mes, adquirió la mayor parte de $2.2 mil millones en multas que enfrenta Toshiba Corp.

Los ejecutivos de estas firmas no suelen emitir declaraciones públicas. Sus apariciones se dan principalmente en medios financieros y en foros especializados dirigidos a inversores y clientes potenciales. En los últimos tres años, el tema de Puerto Rico ha estado sonando en esos círculos.

En el panel Trash or Treasure? Finding Value in Distressed-Debt, Steve Shapiro, director ejecutivo de GoldenTree Asset Management, dijo en 2015 que a su firma le interesaban liquidaciones como las de General Motors y “partes de Puerto Rico que encontramos muy interesantes”.

“Nosotros pensamos que la Autoridad de Energía Eléctrica es interesante. A nosotros nos gustan particularmente los bonos de Cofina, que están respaldados por impuestos sobre las ventas. Y claramente será un proceso complicado, pero realmente se ve como un problema que se puede resolver, y eso representa oportunidades de inversión”, dijo Shapiro, quien antes fue abogado de bancarrota para el bufete Stroock & Stroock & Lavan, donde representaba a los comités de tenedores de bonos, reorganizaba a las compañías en procedimientos del Capítulo 11, y en reestructuraciones extrajudiciales. Entre 2011 y 2016, donó en total $14,100 a senadores republicanos.

“En Cofina hay bonos con protección de aseguradoras de bonos monoline y bonos desprotegidos, y a nosotros nos gustan los dos por diferentes razones”, dijo Shapiro.

Ahora que esa corporación pública está en quiebra bajo el Título III, GoldenTree reclama $853 millones en bonos Cofina.

Los directivos de los fondos de cobertura que califican como fondos buitre, suelen apostar a deudas de alto riesgo que puedan convertirse en ganancias. El director actual de inversiones de Tilden Park Capital Management, Joshua Birnbaum fue uno de los grandes ganadores de la crisis financiera estadounidense. Como director general de Goldman Sachs, donde trabajó por 15 años, lideró transacciones relacionadas a las hipotecas subprime que serían el catalítico de la súper crisis financiera. Cuando la industria inmobiliaria al fin se desplomó junto al precio de las casas, y se dispararon los desahucios en Estados Unidos y Europa, Birnbaum se llevó una de las compensaciones más altas en la historia de Wall Street: $17 millones. Luego abandó Goldman Sachs y fundó Tilden Park, hoy día integrante de la Coalición Cofina Senior.

El jefe de investigación y cofundador de Tilden Park, Jeremy Primer, trabajó con Birnbaum en Goldman Sachs como estratega de ventas de productos de hipotecas. Los otros socios de Tilden Park, Samuel Alcoff y Robert Rossitto, tienen trayectoria en la industria financiera trabajando con fondos de cobertura y fondos mutuos.

Tilden Park Capital Management maneja más de $16 mil millones en activos. El bufete Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, que en el caso del Título III representa al Grupo Ad Hoc de Bonos de Obligación General, fue a su vez el agente legal de varias transacciones de Tilden Park, incluyendo una de $1.5 mil millones realizada en enero de 2017. Esta firma reclama $501 millones en bonos de Cofina.

Cuando estalló la crisis financiera de 2008 con la que Birnbaum hizo su agosto, Canyon Capital tuvo su peor año, con una caída de 29%. Pero en 2011, el fondo buitre vio una oportunidad en las hipotecas subprime que causaron la crisis. Canyon Capital pertenece a Canyon Partners, la matriz de una familia de sociedades limitadas o fondos que para diciembre de 2016 afirmó tener 23 clientes y manejaba aproximadamente $19 mil millones en activos. El mínimo de inversión para entrar en el fondo son $50 millones.

En el caso del Título III Canyon Capital reclama $300 millones en bonos Cofina.

Sus socios principales son Mitchell Julis y Joshua Friedman. Friedman es dueño además de 4.5% de las acciones de la aseguradora Ambac Financial Group, quienes aseguran bonos de Puerto Rico. Julis, por su parte, es abogado y empresario. Egresado de la Universidad de Harvard, donde conoció a Friedman, es actualmente integrante de la Junta de Directores de la Universidad de Princeton.

Friedman y su esposa Beth hicieron donativos de $5,400 a Marco Rubio, entre 2013 y 2015. También aportó $100,000 al comité Right to Rise USA, un PAC creado únicamente para apoyar la candidatura del republicano Jeb Bush.

Taconic Capital, otro fondo buitre fundado por exsocios de Goldman Sachs, Frank Brosens y Ken Brody, tiene más de 40 fondos registrados en la SEC, algunos de ellos incorporados también en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Junto a la Coalición Cofina reclama $128 millones.

Desde el 1992 hasta el 2016, Brosens ha hecho donativos políticos que suman $503,100, en su mayoría a Republicanos. Entre 2004 a 2016, Christopher DeLong, Principal Oficial de Inversiones de Taconic, y exvicepresidente en una división de JP Morgan, donó $466,400 a candidatos demócratas, incluyendo ocho donativos de $10,000 en 2016, dos de ellos al Hillary Victory Fund. Taconic Capital tiene participación en más de 40 empresas, incluyendo a Monsanto, Humana, Verizon Communications y Linkedin Corp. En diciembre de 2016, manejaba $9 mil millones en activos.

Aristeia Horizons reclama $112 millones en bonos Cofina. Tiene oficinas en Greenwich, Connecticut y Nueva York y está incorporada en las Islas Caimán. Su compañía matriz, Aristeia Capital, manejaba $2.4 mil millones en activos netos hasta marzo de 2017. La empresa se fundó en 1997 y su propietario principal es Aristeia Holdings, LP, cuyos dueños son Anthony Frascella, William Techar, Robert Lynch, Jr. y Kevin Toner. El mínimo de inversión requerida a los clientes es de $5 millones.

Por su parte, Whitebox Advisors, con sede en Minnesota, ha registrado al menos 180 fondos de inversión en la SEC desde el 2007. Al dueño de Whitebox, Andrew Redleaf, se le adjudica el haber anticipado con atino la crisis financiera de las hipotecas subprime que estalló en 2008.

Aparte de las firmas legales que ya representan a la Coalición en el Título III, Whitebox Advisors contrató al bufete Kasowitz Benson Torres LLP. El socio fundador de este bufete es Mark E. Kasowitz, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También contrató al bufete local Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé. El CPI se comunicó con Charles Bimbela Quiñones, quien aparece registrado para atender el caso del Título III en representación de Whitebox, pero no obtuvo respuesta. Tampoco contestó una solicitud Whitebox Advisors, ni el abogado Kenneth R. David del bufete Kasowitz Benson Torres LLP.

Whitebox Advisors tuvo que pagar una multa de $1.2 millones al Tesoro de Estados Unidos por violar una regla de la SEC en cinco ocasiones, entre 2011 y 2012, mediante un esquema le produjo $788,779 en ganancias a la firma. Según la orden de “cese y desista”, Whitebox vendió acciones y luego las compró a un precio más bajo, dentro del período de tiempo prohibido por el regulador federal.

Al 30 de marzo de 2017, Whitebox Advisors manejaba $8.8 mil millones, y tenía participación en 130 empresas, principalmente en los sectores de energía, petróleo, biotecnología e infraestructura. En algunos casos, Whitebox es propietario del 10% de estas empresas, como en Par Pacific Holdings, una productora de gas y petróleo donde tenía acciones valoradas en más de $100 millones a finales de 2016.

Una muestra del caudal personal de Redleaf, se percibe a través de su divorcio, por el que tuvo que pagar $141 millones en efectivo a su exesposa, Elizabeth Redleaf, quien también era propietaria de Whitebox. En el caso de quiebra reclama $100 millones en bonos Cofina.

Es común que las firmas de inversión tengan varios fondos en los que dividen el dinero que manejan de acuerdo a su estrategia de mercado. Los fondos de una misma firma a veces se llaman de forma diferente, en ocasiones llevan nombres esotéricos que se reducen a abreviaturas que parecen códigos secretos, pero comparten al mismo dueño o empresa matriz.

Una de ellas es Cyrus Capital Partners, la cual reclama $94 millones en bonos de Cofina. Cyrus tiene la mayoría de sus fondos incorporados en las Islas Caimán, incluyendo a CRS Master Fund LP y Canary SC Master Fund, las cuales hasta unas semanas figuraban en la Coalición de Bonistas Cofina Senior.

Cyrus Capital ofrece servicios a individuos “financieramente sofisticados”, generalmente con ingresos de $1,000,000 o que hayan ingresado $200,000 en los dos años previos a invertir en el fondo. También a entidades con más de $5,000,000 en bienes. Para invertir en uno de sus fondos, requieren un mínimo de inversión de entre $1 millón y $5 millones. Cyrus Capital tiene participación en al menos 69 empresas, principalmente compañías de transportación marítima, automovilística y de tecnología, y son dueños del 10% de al menos siete empresas, entre ellas Virgin America. Tiene $94 millones en bonos Cofina.

Stephen Freidheim, dueño de Cyrus Capital Partners, ha ocupado puestos como director o manejador de inversiones en bancos y firmas de inversión desde mediados de los años ‘80. Ha recibido galardones del Financial Times y de Wall Street Journal por su carrera de inversor. Además, es un asiduo donante político: entre 1997 a 2015 desembolsó $79,950 a miembros y Comités de Acción Política del partido Demócrata.

Antes de fundar Cyrus Capital, era socio de Daniel Och en el fondo Och-Ziff Freidheim; cuya firma Och-Zich Capital también tiene bonos de Puerto Rico y forma parte de otro de los grupos de acreedores del Título III; el QTCB Bondholders Group. En 2005, Freidheim y algunos de sus socios tomaron el control de los intereses de Och-Ziff Friedheim y cambiaron su nombre a Cyrus Capital Partners. En 2011, Freidheim compró un penthouse de $26 millones en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

Las transacciones o tenencias de los fondos de cobertura relacionadas a bonos municipales no se mencionan en ninguna parte de los informes que estas firmas someten a la SEC. Los detalles de sus prácticas y formas de organizar sus inversiones afloran de manera fragmentada en diferentes documentos. Por ejemplo, en un boletín para inversionistas de estudiantes de la Escuela de Negocios de Columbia, donde el cofundador de Scoggin Capital, Craig Effron, explica que su fondo ha creado cuentas segregadas que se enfocan en bonos del petróleo y del gobierno de Puerto Rico.

Scoggin Capital tiene inversiones en compañías como Dell, Humana, Syngenta AG y General Motors. En 2016 manejaba $1.75 mil millones en activos. Del 1992 al 2016, Effron donó $393,000 distribuidos en 23% a candidatos republicanos y 66% a demócratas. Curtis Schenker, cofundador de Scoggin, donó $440,000 durante el mismo período; 22% a republicanos y 70% a demócratas. Otro socio principal de la firma, A. Dev Chodry, hizo dos donativos de $2,400 al republicano Paul Ryan. Scoggin Capital formó parte de la demanda por el cobro de la deuda Argentina que se extendió por casi una década. El fondo SB Special Situation, perteneciente a Scoggin, aparecía en los documentos del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, pero dejó de nombrarse en julio, cuando los miembros de la Coalición revelaron las cantidades que reclaman. Scoggin es dueño del fondo Old Bellows Partner, fondo con el que reclama $200 millones en bonos Cofina.

Varias de las firmas que hoy integran la Coalición Cofina compraron también bonos de Obligación General de la emisión chatarra del 2014: Whitebox Advisors, Scoggin Capital, GoldenTree Asset Management y Taconic Capital.

La entidad de Cofina se creó en 2006, cuando comenzó a vislumbrarse la crisis fiscal bajo el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura controlada por el PNP. El único objetivo de la corporación era emitir bonos para refinanciar deuda. Estos bonos se pagaban con una porción del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) que se estableció el mismo año. En 2009, bajo la administración de Luis Fortuño, la ley de Cofina se enmendó para que los bonos de esa corporación pudieran usarse para financiar el déficit del gobierno.

Los primeros bonos que Cofina sacó al mercado se conocen como bonos Senior, y tienen prioridad de pago sobre los que fueron emitidos para financiar el déficit después de la enmienda de 2009, que se conocen como Cofina Subordinados. Para octubre, la cantidad que reclaman las empresas de la Coalición se divide en aproximadamente $2,585,880,950 en Cofina Senior, y $708,744,510 Cofina Subordinado.

La noche del 4 de mayo de 2017, la Junta de Control Fiscal certificó una petición de quiebra para Cofina bajo el Título III de la ley PROMESA. El 30 del mismo mes, la jueza que preside el caso, Laura Taylor Swain, ordenó congelar el pago a los bonos de Cofina hasta que se resuelva una de las mayores interrogantes expuestas en la quiebra del gobierno: ¿a quién le pertenecen los fondos del IVU: al gobierno central o a Cofina? Para resolver esta disputa, el tribunal federal aprobó el nombramiento que hizo la Junta de Control Fiscal de Bettina Wythe, directora general de la firma Alvarez & Marsal, LLC, como “agente” de Cofina con la encomienda de fungir como representante de la corporación. El Comité de Acreedores no asegurados, fue nombrado representante del Estado Libre Asociado para resolver la disputa. La petición de un agente se da por alegatos de los bonistas de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta de Control Fiscal tendrían conflictos de interés al representar a la vez al gobierno y a Cofina.

Empresaria puertorriqueña y ex funcionario de gobierno en la Coalición

El Fideicomiso Plaza, un fondo que reclama $1,210,000 desde la Coalición Cofina Senior, aparece con una dirección en Dorado que el CPI encontró en el catastro del Registro de la Propiedad como relacionada con Elizabeth Plaza, fundadora y principal ejecutiva de la empresa Pharma-Bio Serv, con sede en Dorado y operaciones en Estados Unidos y Europa, dedicada a realizar pruebas de microbiología y secuencias de ADN. Las llamadas y mensajes del CPI a Elizabeth Plaza, antes y después del huracán María, no tuvieron respuesta.

El único individuo que se nombra en los documentos del Título III como parte de la Coalición aparte de las firmas de inversión es José Rodríguez Perelló, quien reclama $250,000 en bonos Cofina Senior. Es corredor de seguros y presidente de la empresa L&R Investments. Fue vicepresidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento en 2006 durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá y bajo la presidencia de Alfredo Salazar, periodo en que se creó Cofina. Coincidió allí con Jorge Irizarry Herranz, actual presidente de la organización Bonistas del Patio, que busca aglutinar a los bonistas individuales de Puerto Rico.

Según la ley que creó Cofina, la Junta de Directores de la entidad es la misma Junta del BGF. El CPI pudo corroborar que Rodríguez Perelló fue parte del grupo de funcionarios que autorizó una emisión del BGF durante ese período (Senior Notes 2006 Series B) por $740,000,000.

Durante la administración de Alejandro García Padilla, Rodríguez Perelló pidió al gobierno en su carácter de bonista que excluyera a Cofina del proceso de renegociación de la deuda, alegando que la corporación pública se considera una entidad separada del resto del Gobierno. El bonista y a la vez ex funcionario, planteó además que puede haber un conflicto de interés debido a que las personas que ocupan las sillas de la junta de directores del BGF, también son directores de Cofina.

Rodríguez Perelló fue donante de las campañas a comisionado residente de Carlos Romero Barceló y Roberto Pratts, así como de Thomas Rivera Schatz en 2015, además de contribuir en la esfera federal al Partido Demócrata y a varios candidatos de ese partido.

El ex funcionario aparece como agente residente de otra corporación llamada Island Servisources Management, la cual a su vez es agente residente de Island Eco Partners LLC. Island Eco tuvo contratos con el Departamento del Trabajo en 2016 durante la administración García Padilla, por $75,504.

Fue socio, vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta de Ledesma & Rodríguez Insurance Group, Inc. desde 1990 hasta 2005, así como miembro de la Junta de Directores de First BanCorp (First Bank), de 2007 al presente. Además fue presidente de la empresa Prudential Bache PR, subsidiaria de Prudential Bache Group, desde 1980 a 1990. El CPI intentó comunicarse con Rodríguez Perelló, pero no recibió respuesta.

Sin información sobre el cobro del IVU

Centro de Periodismo Investigativo           (Daniel Salinas)

El 31 de octubre, en la primera reunión de la Junta de Control Fiscal después del huracán María, el presidente de esa entidad José Carrión abrió la sesión de preguntas del público. Cinco minutos para que cualquiera pueda cuestionar o expresarse frente a la Junta de Control Fiscal. Como de costumbre, el área designada al público estaba acaparada por abogados, algunos políticos o jefes de agencia, como Héctor Pesquera, director del Departamento de Seguridad, o Ingrid Vila, exsecretaria de la gobernación. Luego de un lapsus que hizo pensar que nadie tomaría el turno, una mano se alzó. Era Daniel Salinas, quien se presentó como abogado de Quinn Emanuel (el bufete que representa a la Coalición de Bonistas Cofina Senior). Preguntó si había información sobre los recaudos del IVU para el mes de octubre. “Esperamos tener ese número al final de la semana”, contestó la voz de algún asesor del gobierno.

“Hemos oído de las dificultades para recaudar el IVU (después del huracán María) y queremos saber cuánto se ha reportado”, reiteró Salinas al CPI en un aparte.

Laura Moscoso colaboró en esta historia.

La serie Los acreedores que controlan la quiebra de Puerto Rico del Centro de Periodismo Investigativo indaga en las características y el trasfondo de las firmas de inversión que hasta ahora han dominado el escenario del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Las próximas historias se publicarán esta semana y la próxima.

Este reportaje fue posible en parte por una subvención del Instituto de Periodismo Investigativo Leonard C. Goodman.

Comentarios

TAGS

bonistas, Cofina, fondos buitre, gobierno, IVU

SOBRE EL AUTOR

Centro de Periodismo Investigativo

El CPI fue creado como instrumento para fomentar y defender la importancia del acceso a la información y de la manera en que ésta puede ser limitada, derecho por dos vías de igual importancia. Desde su componente editorial, son un grupo de periodistas dedicados a la investigación que produce reportajes.