Para los habitantes de Bajo Autopista, un barrio precario construido debajo de una vía rápida de la capital de Argentina, “los de afuera” son los que viven donde hay lo que a los de “adentro” les niegan. Una definición geográfica de la exclusión social, pero también una metáfora sobre la desigualdad urbana.
El techo de la vivienda de Karina Ríos es el bajo de la autopista Ilia, una de las mayores vías de circulación que atraviesan Buenos Aires. La barriada se sitúa en la frontera de las Villas 31 y 31 Bis, donde unas 60,000 personas se hacinan a pocos metros del barrio de El Retiro, una de las zonas más cotizadas de la capital.
La luz y oxigenación de su hogar llegan a través de las hendijas entre las dos vías de la autopista, donde la humedad y la oscuridad dominan los dos ambientes de la vivienda, con paredes de bloques de ladrillos desvestidos y donde vive con una de sus dos hijas.
“Acá la ambulancia no llega, sino viene con la policía no llega. Es que acá, como dice la policía, un ‘negrito (pobre o de raíces mestizas)’ que muere es un negrito más. Los negritos, para los de allá, para los de afuera, no somos nadie”, contó a IPS esta vecina la villa miseria, como se llama en Argentina a los asentamientos informales y precarios.
Así fue como murió su hijo, Saúl, de 19 años, el año pasado, cuando en una pelea por defender a un amigo, le dieron una puñalada que le perforó el hígado y el bazo. Murió desangrado, contó, porque no era uno de “afuera”.
“Si no hubiera tardado tanto la ambulancia, mi hijo hoy estaría vivo”, lamentó Ríos.
Ahora como activista vecinal de la organización Garganta Poderosa, Ríos representa a su barrio, en la demanda de mejores condiciones de vida. La principal de ellas es “la urbanización”.
“Nosotros los de la villa somos muy estigmatizados. Y es porque no estamos urbanizados, no tenemos una buena calle”, definió.
“Los de acá cuando quieren ir a buscar trabajo no dan la dirección de acá porque si das la dirección de acá no te toman. A los villeros nos consideran a todos chorros (ladrones)”, cuestionó.
Para Ríos, urbanización es que las calles tengan nombre, y sobre todo que estén pavimentadas. Las actuales, la mayoría de barro, se vuelven intransitables cuando llueve.
También incluye que haya centros de atención sanitaria. “Hay un puesto de salud pero los doctores solo te dan cinco turnos (de atención cada día) porque no les están pagando y atienden a los chicos a la intemperie. Pesan a todos los bebes desnudos con tremendo frío”, explicó.
Como en otros asentamientos como ese, tampoco tienen acceso a servicios básicos.
La lista de demandas es larga: “Que haya cloacas, que haya luz. Porque acá el incendio pasa porque todo el mundo está colgado ahí (conectado ilegalmente al tendido eléctrico) y se desenlaza un cortocircuito y empieza a quemarse la casa”, siguió sumando la mujer a la lista.
En América Latina y el Caribe, con 625 millones de habitantes, 472,34 millones residen en ciudades y de ellos más de 111 millones (23.5%) viven en asentamientos irregulares o tugurios como este bonaerense, según un informe regional de ONU Hábitat y otros organismos regionales.
El documento, titulado “Construcción de ciudades más equitativas. Políticas públicas para la inclusión en América Latina”, señala que pese a la reducción de la desigualdad en el ingreso de los habitantes urbanos de la región desde los años 90, al menos en un tercio de las ciudades latinoamericanas hubo un incremento de la población que vive en condiciones precarias.
“Ese informe lo primero que plantea es que en los últimos 20 años América Latina lo que ha visto en términos generales como tendencia es el crecimiento de la desigualdad urbana”, señaló Elkin Velásquez, director de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe.
Esa desigualdad urbana crea ciudades excluidas dentro de las grandes ciudades, donde el acceso a los derechos también es desigual.
“Por derecho a la ciudad debemos entender la posibilidad y el derecho de cada ciudadano a contar con acceso a bienes y servicios públicos de calidad en las ciudades”, explicó Velásquez en diálogo con IPS desde la oficina regional de ONU Hábitat, con sede en Río de Janeiro.
También incluye “contar con acceso a todas las oportunidades posibles de desarrollo personal, de desarrollo familiar, de desarrollo comunitario y por supuesto de contar con todos los elementos que permitan desarrollar una calidad de vida óptima en la ciudad”, detalló.
Un derecho al que no acceden los de “adentro” del asentamiento Bajo Autopista, ni de ninguna de las “favelas”, “cantegriles” “ranchos”, “tugurios”, “callampas” o “pueblos jóvenes”, entre las decenas de nombres que adquieren los barrios hacinados, precarios y pobres en América Latina.
El “afuera” y el “adentro”, nuevamente. El que divide dos mundos por ahora irreconciliables.
Precisamente la región acogerá entre el 17 y el 20 de octubre Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que tendrá lugar en Quito, y donde se promoverán soluciones para romper con desigualdades como las que marcan las urbes latinoamericanas.
“Esto es otro mundo. Claramente son dos mundos muy distintos. Acá toda la gente se conoce, es amiga, y cuando salís afuera, no solo que afuera no te conoce nadie, y no es la misma forma de vivir, sino que afuera vivís con la estigmatización, la discriminación”, ilustró el técnico de computación Ariel Pérez Sueldo.
Para este vecino de la Villa 31, lo más urgente es la seguridad en un sentido más amplio e inclusivo.
“No de policía sino de los cables, las cloacas, las calles. Hay lugares donde la gente para llegar a su casa tiene que meterse con el barro hasta las rodillas. Hay lugares donde los cables de la luz están colgando y los chicos pueden electrocutarse. Seguridad también para tener un lugar donde entren los bomberos, ambulancias”, priorizó.
Alicia Ziccardi, del Instituto de Organizaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, y especialista en problemas sociales y urbanos de México y otras urbes regionales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), considera que para incorporar a estas ciudades excluidas hay que revalorizarlas.
“En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, las colonias populares son espacios de vida donde la gente ha logrado tener un hábitat que es muchísimo mejor, a veces, que el que les asignan con una vivienda producida por políticas habitacionales que los obligan a vivir en periferias lejanas y sin servicios”, recordó a IPS.
“Creo que lo que en este momento está en juego es la revalorización de la autoproducción”, planteó la compiladora del libro “Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI”, elaborado por Clacso.
Para Ziccardi, “la producción social de vivienda implica que los gobiernos tienen capacidad de hacer una versión pública que sea sobre estos barrios originarios creados por la gente, porque seguramente que los resultados van a ser mejores que cuando se mercantilice la vivienda popular”.
En esencia, se trata de algo tan simple, según Pérez Sueldo, como “tener lo que todo el mundo tiene: una dirección, que te puedan instalar los servicios. Poder vivir normal”.
