Cargando un saco de nylon rojo, en el que trae un par de zapatos viejos y unas pocas pertenencias más, David Antonio Pérez llegó a El Salvador, deportado de Estados Unidos.
David Antonio, de 42 años, 12 de ellos viviendo en la nación norteamericana y padre de dos hijos, ha pasado cinco años preso en centros de detención de indocumentados de tres ciudades del estado de California, porque su caso migratorio se fue alargando por los recursos que interpuso en los tribunales del país expulsor para evitar que se consumase su repatriación.
“Después de ese encierro, mis planes son salir, ahorita quiero ir a comer, y el resto de la tarde caminar y sentir la libertad”, contó a Inter Press Service (IPS) tras finalizar el proceso de ingreso al país, en el gubernamental Centro de Atención al Migrante, dependiente de Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y ubicado en el este de la capital.
David Antonio retornó a El Salvador un miércoles, junto a otras 96 personas, en uno de los vuelos fletados por la administración federal estadounidense, procedente de Houston, Texas.
“Tengo sentimientos encontrados, me siento contento, estoy en el lugar donde nací, estoy libre, pero no quería venir en estas condiciones”, aseguró David Antonio, mientras da sus primeros pasos por las calles de San Salvador, en busca de un lugar para comprar cargador para su teléfono celular para comunicarse con sus familiares.
Cálculos internos sitúan en unos 2.8 millones el número de salvadoreños que vive en Estados Unidos, una diáspora que se intensificó en la década de 1980, cuando muchos decidieron huir de la guerra civil que entre 1980 y 1992 azotó a este país de 7.3 millones de habitantes.
El Salvador, el país más pequeño de América Central y el tercero en población, es el que cuenta con más emigrantes del istmo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
Al menos tres aviones, procedentes de Estados Unidos, y tres buses, de México, llegan semanalmente a ese centro con un promedio de más de 460 personas deportadas.
Los sueños de los deportados de encontrar un mejor horizonte se convirtieron en pesadilla el día en que la “migra”, como se conoce a la policía migratoria estadounidense, o autoridades mexicanas los detuvieron y comenzó el proceso de devolución a su país.
Muchos llegan sin siquiera el dinero necesario para transportarse hacia sus lugares de origen, en ciudades, pueblos y aldeas del interior del país.
“Ahorita estoy viendo cómo me voy para la casa, donde viven mis padres, no tengo dinero y estoy viendo quién me da jalón (transporte gratis) al menos hasta San Miguel”, explicó a IPS un deportado, que como otros muchos no quiere identificarse por el estigma que pesa sobre ellos: el prejuicio de que se les expulsó por haber cometido algún delito en Estados Unidos y que en cualquier caso fracasaron.
San Miguel es la capital del oriental departamento del mismo nombre, y desde ahí debe viajar hasta Santa Rosa de Lima, su destino final, a unos 160 kilómetros de San Salvador.
El personal del centro brinda alimentación, llamadas telefónicas gratis, transporte a las tres terminales de autobuses en San Salvador, ropa, kits de higiene y consultas sanitarias, en coordinación con médicos del Ministerio de Salud, señala a IPS la jefa del Área de Retorno Terrestre de la DGME, Krissia Borja.
En 2017, casi 27,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos y México, lo que globalmente representa una reducción de 50.68 por ciento, en comparación con 2016, según cifras oficiales. Los llegados por carretera desde México, unos 11,000, fueron los retenidos por ese país en su territorio antes de lograr cruzar la frontera con Estados Unidos.
Pese a la existencia de algunos programas gubernamentales de apoyo a las personas deportadas –escasos y de poco alcance—, los repatriados llegan a El Salvador con pocas posibilidades de reinsertarse económica y socialmente, sobre todo aquellos que han pasado una o más décadas viviendo en los Estados Unidos. (Edgardo Ayala/IPS)
David Antonio, oriundo de San Salvador, dijo que la situación social y económica de su país no le augura un panorama alentador, pero pese a ello el volver a reemprender otro azaroso viaje a Estados Unidos como indocumentado, no está por ahora entre sus proyectos.
“No estoy cerrado a la posibilidad de establecerme aquí, estuve muy estresado encerrado, no me gustaría volver a repetir la historia”, subrayó.
Aseguró que las políticas antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump no lo animan a emprender nuevos periplos a ese país, después de los tres que ya realizó desde 2002 y que culminaron con una deportación cada vez.
Después de sentarse un buen rato en la plaza de La Libertad, en el centro histórico de San Salvador, David Antonio se fue a dormir a un pequeño hostal, para recuperar fuerzas antes de dirigirse al día siguiente a casa de sus padres, al sur de la capital. (Edgardo Ayala/IPS)
El temor a un aumento de las deportaciones ha cobrado un auge inusual desde finales del 2017, cuando ya se vislumbraba que la administración republicana de Trump cancelaría un programa de estatus de protección temporal (TPS, en inglés), que amparaba desde 2001 a unos 190,000 salvadoreños en Estados Unidos.
El 8 de enero se anunció oficialmente la eliminación del TPS, lo que deja en el limbo a los beneficiarios del programa, aunque ha brindado 18 meses para que busquen una solución, mientras el Congreso estadounidense podría venir en su auxilio con una ley que les conceda residencia permanente, actualmente en estudio.
Sin embargo, las especulaciones de deportaciones a gran escala por esta medida no se concretarán, explicó a IPS el analista César Ríos, director ejecutivo del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante.
“El fin del TPS no es sinónimo de deportaciones masivas, no habrá mares de gente llegando, los deportables de TPS son los que no han respetado leyes, que tienen antecedentes”, aseguró.
El especialista calculó que, de aquellas 190,000 personas perjudicadas por la medida, unas 30,000 podrían legalizar su situación migratoria por la vía normal, es decir, apelando a los recursos ya establecidos por el sistema de inmigración estadounidense.
El resto, no obstante, podría decidir quedarse en Estados Unidos como indocumentados, y habrá quienes intenten establecerse en Canadá pero de una forma desordenada, viajando a la frontera que divide a esos países, como ya se han reportado casos desde que Trump y su política antiinmigrante se estableció en la Casa Blanca, en enero del 2017.
Sí habrá quienes regresen a El Salvador, pero no será masivamente, acotó Ríos.
Las deportaciones, empero, sí pueden incrementarse pero con los salvadoreños que siempre han estado como indocumentados y que, por no calificar, no entraron a la protección del TPS, y que son la gran mayoría de los 2.8 millones viviendo allá. No hay cifras exactas de cuantos salvadoreños viven en Estados unidos en situación irregular.
Ese grupo puede verse afectado si se incrementan las redadas y detenciones de inmigrantes por las autoridades estadounidenses, lo cual afectaría el envío de remesas a sus familiares, y que son parte vital de la economía salvadoreña.
Las remesas
El Salvador obtuvo $5,021.3 millones en remesas en 2017, lo que representó un aumento de 9.7 por ciento en comparación con 2016, año en que totalizaron $4,576.1 millones, según cifras del estatal Banco Central de Reserva. Las remesas representan 17 por ciento del producto interno bruto de este país centroamericano.
David Antonio ha sido repatriado dos veces previamente, desde que llegó por primera vez a Estados Unidos en 2002. Ahí trabajó en restaurantes de comida rápida, 16 horas diarias.
Ahora sus perspectivas de vida son inciertas.
“Allá por recoger basura en un parque es buena paga, aquí no es igual, el salario aquí es extremadamente bajo”, comentó.
El salario mínimo en El Salvador va desde 200 dólares al mes para los recolectores de caña y café, hasta los 300 dólares para los que laboran en los sectores servicios y en la industria.
Además, “llevo mucho tiempo separado de este país, no tengo las conexiones que me puedan decir te voy a ayudar a buscar trabajo”, sostuvo David Antonio, divorciado y padre de dos hijos, de diez y 15 años, que viven en El Salvador con su madre.
Anhela asegurar su futuro, “sin depender de salario, no vivir de pensión, sino que con un ahorrito poner mi negocio y poder vivir bien, con mi familia, aquí o donde sea”.
