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José Carrión III, a la derecha, regañó por escrito a Elías Sánchez, a la izquierda, y al Gobierno de Puerto Rico. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
En par de párrafos se pudo ver lo difícil que es todo… desde la situación neocolonial que presenta la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el Gobierno de Puerto Rico, hasta la apatía que tanto la junta como el gobierno tienen para con el despliegue público de información.
Una carta que se filtró a los medios, en la que el presidente de la JCF, José Carrión III, regaña solapadamente a la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la legislatura que lidera el Partido Nuevo Progresista, ha sido el plato fuerte de hoy, miércoles, en la palestra pública.
No tan solo la carta, dirigida específicamente al representante del gobierno puertorriqueño en la junta, Elías Sánchez, reitera la condición colonial del puertorriqueño ante su soberano federal, sino que deja claro la falta de transparencia con respecto a la información y los datos de sus movimientos.
Y es que la misiva es contundente: Carrión III básicamente le dijo a Sánchez que el organismo designado por el Congreso de los Estados Unidos tiene control total sobre cualquier cosa que haga la Cámara de Representantes y el Senado de Borinquen.
Después de un seco “Querido señor Sánchez”, el presidente del ente federal comienza con su regaño. A continuación la traducción al español de la carta, enviada el 2 de febrero pasado y escrita originalmente en inglés.
“Aplicación de acciones bajo PROMESA deberán ser el último recurso”
“En la reunión del pasado sábado de la Junta de Manejo y Supervisión Financiera para Puerto Rico, la pregunta surgió sobre cómo la sección 204 de Promesa aplica antes de la certificación del plan fiscal, especialmente cuando la Junta de Supervisión ha acomodado la petición del gobernador para tiempo adicional para someter el plan.
“Inicialmente, la junta ha observado que, en ausencia de un plan fiscal certificado, esta tiene muchas herramientas que puede desplegar con respecto a legislación. Por ejemplo, la Junta de Supervisión puede:
“Aplicar la sección 204(a)(1)-(2) de Promesa, que es independiente de la existencia de un plan fiscal certificado, y requiere que el gobernador someta las leyes nuevas a la Junta de Supervisión siete días laborables después de su aprobación, junto a un estimado de cuál es el impacto de estas leyes con respecto a gastos e ingresos preparado por la entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico que se especialice en manejo financiero y de presupuesto;
“Aplicar la sección 207 de Promesa, si el gobernador o la legislatura está expidiendo deuda; y
“Aplicar la sección 303 de Promesa, que aplica, sin importar la existencia de cualquier caso de Título III, si la ley en cuestión es una moratoria o una composición.
“Ante esto, la Junta de Supervisión espera y desea que el gobernador se enfrasque con ella en una relación productiva de trabajo mediante la discusión y el análisis con la junta, con anterioridad, con respecto a las implicaciones de cualquier nueva legislación. La aplicación de acciones bajo Promesa deberán ser el último recurso y esperamos que sea innecesaria.
“Por favor, avísele rápidamente a la Junta de Supervisión si el gobernador difiere”.
La comunicación finaliza con la firma del mandamás Carrión III y los otros seis miembros de la junta: Andrew G. Biggs, Carlos M. García, Arthur J. González, José R. González, Ana J. Matosantos, y David A. Skeel, Jr.
El inciso seis de la sección 204 de Promesa dice que la legislatura de Puerto Rico puede pedirle a la junta un análisis “preliminar” de cualquier proyecto de ley para establecer si va concorde al plan fiscal. En cuanto a las secciones 207 y 303 de Promesa, las mismas aplicarían si se radica legislación para emitir deuda.
Un regaño que muestra la carencia de transparencia
De entrada, la carta –que fue expedida el pasado viernes, pero que se hace pública en la noche del martes cuando fue filtrada a los medios de comunicación por sepa Dios quién– acentúa el problema de trasparencia de información que existe tanto con la Junta de Control Fiscal como con el gobierno.
“La información que contiene la carta que se filtró no representa mucha novedad porque lo que hace es reiterar requisitos que ya estaban en la ley Promesa. Lo nuevo es el recordatorio que hace la Junta de Control Fiscal al gobernador para que entregue información que debió haber entregado hace días o semanas”, señaló la directora del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Carla Minet, durante entrevista con Diálogo.
“Lo importante es entender que toda información que se esté intercambiando entre la junta y el Gobierno de Puerto Rico debe ser pública en el momento en que se genera la comunicación. El CPI ha insistido en obtener mucha de esta información, tanto por la vía de la Fortaleza, como por la de la Junta, y no han respondido con los documentos y los datos”, prosiguió.
Minet expuso lo que muchos periodistas han experimentado durante la cobertura de los procedimientos de la JCF y también del gobierno de Puerto Rico: “Hay una barrera muy grande para la prensa en estos momentos”.
“Nosotros vamos a agotar todos los canales para que se contesten las peticiones y se haga pública toda la información que se intercambie con y desde la junta”, destacó. “Es lo menos que debemos exigir para poder hacer un trabajo de fiscalización”, subrayó.
Recientemente, el CPI radicó formularios del Freedom of Information Act ante la Oficina de Ética Gubernamental federal y ante el Departamento del Tesoro federal y la Casa Blanca. Ahora mismo, están en la espera de que esas solicitudes cumplan su término para ir a una próxima etapa si es que no se produce la información requerida.
Comidilla mediática: de “niños símbolos de la colonia” e “incapacidades genéticas”
De más está decir que este regaño de parte de la JCF hacia el gobierno de Rosselló Nevares ha sido la comidilla del día en los medios del país. De hecho, el foco principal en muchos de los programas radiales matutinos de análisis llevaba el asunto hasta la hipérbole… como si ya no estuviese rebotando dentro de este recurso literario.
Para muestra un botón basta. En el programa que conducen los abogados Carlos Díaz Olivo y Lus Pabón Roca, en WKAQ 580, este último le puso el mote de “el niño símbolo de la colonia” a Elías Sánchez, a la vez que indicaba que si Sánchez y el gobierno se atrevieran a discutir el poder de Carrión III y la junta en un tribunal federal, “tuviese que apostar a Carrión III”.
Ante el hecho de que la junta aún espera una contestación oficial del Gobierno de Puerto Rico a los señalamientos que le hicieron por escrito, Pabón Roca también hizo hincapié en que “la carta llegó el viernes y aún no la han contestado”.
Además, el anfitrión radial cuestionó cuán bien va la organización de la junta en Puerto Rico, pues “por ley ellos tienen que tener una sede aquí”, aun “cuando sea un P.O. Box”.
Mientras tanto, su dupla Díaz Olivo reiteró que la carta resalta el pensar del organismo federal de que el puertorriqueño posee una “incapacidad autóctona y genética para administrar gastos” y reitera su débil posición de colonizado.
Se defiende Sánchez
Por su parte, Sánchez defendió en los medios nacionales las ejecutorias del gobierno que representa y le salió al paso a la carta que envió la junta de forma precisa. Fue una guapería discreta y al grano.
“Ninguna de las tres instancias que invoca (la JCF) en su carta pueden aplicarse”, dijo Sánchez en entrevista con El Nuevo Día. “Lo que la junta tiene que hacer es cumplir con lo dicho en Promesa porque el gobierno va a cumplir con la ley”.
La mano derecha de Rosselló Nevares resaltó que esta administración aún no tienen un plan fiscal certificado y, por ende, “nada en la ley Promesa faculta a la junta a exigir a que se tenga que presentar legislación previa a su radicación”.
Tan pronto haya un plan fiscal certificado, dijo Sánchez, el gobierno actuará según Promesa cuando de legislación se trate. El exdirector de campaña de Rosselló Nevares también alabó la recién firmada Ley de Responsabilidad Fiscal, que procura cumplir con la obligación del pago de la deuda pública. La semana pasada, el Gobierno de Puerto Rico realizó un pago de más de $300 millones a los bonistas, en su mayoría por bonos Cofina.
“Vamos a continuar sometiendo medidas, el proyecto de seguridad pública, la reforma de permisos y otros proyectos sin cumplir con las disposiciones (de Promesa) hasta que no se apruebe el plan fiscal”, dijo Sánchez en la entrevista con El Nuevo Día que realizara la periodista especializada en finanzas, Joanisabel González.
A continuación la carta que la Junta de Control Fiscal le envió a Elías Sánchez:
Carta de JCF a Elias Sanchez by Diálogo on Scribd
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SOBRE EL AUTOR
Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
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