El conflicto que mantiene al Recinto de Río Piedras cerrado y que en diversos grados se ha extendido a los otros 10 recintos de la Universidad de Puerto Rico ha logrado paralizar el sistema público de enseñanza superior. Contrario a lo que se arguye desde los centros de poder, los reclamos estudiantiles no son frívolos, ni surgieron de la nada. Tampoco responde este tranque a lo enunciado por el discurso oficial de las altas esferas universitarias y gubernamentales que, junto a ciertos comentaristas radiales desconocedores de la universidad, han intentado criminalizar a sus protagonistas como una minoría revoltosa que no quiere estudiar. Justo lo contrario. A través de una extensa cobertura mediática que ya está en su tercera semana, el País ha visto que el movimiento estudiantil ha manejado esta situación con una gran seriedad y unidad de propósito, presentando alternativas concretas dirigidas a ayudar a resolver el problema de la crisis fiscal de la universidad, una encomiable disposición al diálogo desde el principio y mucha, pero mucha prudencia—justo lo opuesto a lo que ha hecho la Administración con sus expresiones falsas, maliciosas, destempladas y temerarias. Esta es la Huelga que pudo ser evitada si la Administración hubiera demostrado un mínimo de competencia en la ejecución de sus funciones y de compromiso real con la universidad pública. Mantengo un optimismo reservado de que el reciente reconocimiento de la Junta de Síndicos a la vía de la negociación sea el primer paso a la resolución del conflicto. Mientras, el excelente manejo de la comunicación a todos los niveles por parte de los estudiantes ha sido un gran acierto y sus reclamos coinciden con lo que muchos profesores y otros miembros de la comunidad universitaria hemos venido señalando por años. La férrea defensa de una educación pública superior asequible, que es medular para el movimiento estudiantil, es, a su vez, la defensa de una sociedad pluralista, inclusiva y democrática. Recordemos que la educación pública es el gran igualador que en las democracias participativas ha permitido la movilidad social ascendente. Amplios sectores de la población que nunca hubieran podido acceder a una formación de excelencia que les abriera un arco iris de sueños, metas y posibilidades, pudieron hacerlo a través de una educación cuyo costo pudiesen sufragar. La propia Ley de la Universidad expone entre sus objetivos que la universidad del Estado debe “Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.” (énfasis añadido). Para ello se requiere del apoyo económico necesario para su óptimo funcionamiento. No hay otra manera de garantizar lo que por Ley le corresponde hacer a nuestra Universidad. Una mirada a la transformación de Puerto Rico a lo largo del siglo 20 es el mejor testimonio de ese papel profundamente innovador que dio forma al país, creando una clase media que reemplazó un sistema cuasi-feudal, levantó el estándar de vida de la población y generó una estabilidad social que fue la envidia de muchos. La Universidad de Puerto Rico es reconocida internacionalmente y le devuelve al país una clase profesional cuyas aportaciones son auto evidenciables en las Ciencias, en la Artes y por qué no decirlo, en las propias universidades privadas donde muchísimos docentes son egresados de la UPR. En términos puramente económicos, la contribución al fisco mediante tributos futuros sobre el ingreso de estos egresados es mucho mayor a lo que invertimos en esa educación. Los universitarios lo sabemos, la educación nunca es un gasto, siempre es una inversión. Se trata, pues, de dos visiones opuestas. Una, que reclama transparencia y el buen uso de los fondos públicos para el quehacer educativo, otorgándole a la Universidad lo que por Ley le corresponde, y otra, que intenta reinterpretar la función social de la educación pública alegando que la educación es un privilegio y que debe operar dentro de los mismos parámetros que aplican a una empresa comercial—visión que además de injusta, es profundamente errónea. ¡Los estudiantes están en lo correcto! Recientemente estuve dentro del recinto. Lo caminé de portón a portón. Está limpio, organizado, vivo. La política de no confrontación rinde resultados. Allí no hay vandalismo ni anarquía. Lo que hay es un estudiantado comprometido con su universidad y que representa lo mejor de nuestro porvenir. Estuve por Radio Huelga y les felicité a nombre de los muchos docentes que apoyamos su gestión y reconocemos su trabajo. Un supervisor de la guardia universitaria me habló con respeto y admiración hacia la gesta estudiantil. ¡Me enorgullecen estos estudiantes! El autor del texto es catedrático de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
