Una voz que obliga al silencio. Una presencia que llena espacios y genera intimidación. Un líder de tribu, un cacique, un intocable. Para miles de puertorriqueños los siete ex gobernadores que han pasado por La Fortaleza constituyen figuras que operan en el imaginario popular como referencia inmediata, como objeto de culto y como presencia necesaria; sobre todo en momentos de crisis. Factores como la experiencia, la gestión pública que lideraron, la fe popular en sus personas y la nostalgia del que evoca que “todo tiempo pasado fue mejor”, son elementos esenciales en la relación de los ciudadanos con los ex gobernantes. Pero ¿cómo se establecen las relaciones en la dirección contraria? Es decir, del ex mandatario con el país a partir de la creación de las oficinas de ex gobernadores. ¿En qué tipo de proyectos se involucran estas figuras? ¿Qué tipo de plataforma de trabajo público establecen? ¿Cuán activas son estas oficinas? ¿Qué necesidad pública atienden? ¿Logran los ex gobernantes, a través de estos espacios, trascender lo político partidista? ¿Estamos hablando de estructuras prescindibles? ¿Qué relación tienen estas oficinas y su actividad con la idea del legado, la memoria y la imagen pública de estas personas? Diálogo indaga sobre el tema en este reportaje. La Fundación Luis Muñoz Marín, iniciativa posterior al fallecimiento del padre del Estado Libre Asociado, alberga en sus predios la estructura de la que fuera la primera oficina de ex gobernador según lo dispuso la Ley Núm. 2 del 26 de marzo de 1965. Dicha ley fue enmendada en dos ocasiones en el año 1973 y 1993. La oficina, una estructura pequeña y sencilla, contrasta con el edificio que hoy alberga el archivo histórico de la Fundación, una entidad que al igual que la Fundación Luis A. Ferré mantiene una notable actividad pública y social. Sin embargo, esa pequeña oficina que sentó el precedente de la actividad que se realizaría a partir de las disposiciones de la referida ley, plantea varias interrogantes. En primer plano, según rememora el director de la Fundación Luis Muñoz Marín, el licenciado José Roberto Martínez, dicha institución en esencia se dedicó a atender la apabullante cantidad de correspondencia que diariamente llegaba al lugar desde diferentes puntos de la Isla. Martínez explica que las secretarias se encargaban de responder a cada carta en la medida de lo posible en tiempos de maquinillas y papel carbón. Peticiones de empleo, indultos, aumentos de sueldo, problemas personales, recomendaciones de todo tipo, en fin, ese era básicamente el contenido de las cartas. “Escribían con la fe de que con la intercesión de Muñoz podrían conseguir lo que necesitaban”, declara Martínez, quien habla de Muñoz Marín y Doña Inés con la naturalidad de aquel que se regodea en la memoria. Una vez fallece el primer ex gobernador, se procede a un período de transición de una serie de meses en los que se cerró y deshabilitó la oficina y pasó a convertirse poco a poco en la fundación que es hoy día. Pero resulta preciso cuestionar si la actividad diaria de esta oficina, que además incluyó el financiamiento de las memorias que fueron publicadas más tarde y configuró la plataforma del proyecto de la Fundación, podría leerse como una plataforma de trabajo subvencionada con fondos públicos a través de los cuales se auspicia el favor político. “Yo no podría afirmar categóricamente que son plataformas de favor político lo que se está haciendo en estas oficinas. Lo que sí es importante es que cualquier creación de una entidad gubernamental o de asignación de fondos públicos tiene que cumplir con un criterio básico que responda a cuál es el público que se persigue con esta asignación de fondos y sobre todo: ¿Cuál es el fin público? Uno se debe preguntar si la actividad que se genera desde esas oficinas amerita y justifica la erogación de fondos públicos, mayormente cuando hay una situación fiscal crítica. Habría que ver cuáles son las prioridades a nivel nacional y asegurarse si uno está pudiendo cumplir con estos pedidos prioritarios y estas actividades”, señaló en entrevista con Diálogo, Palmira Ríos directora de la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la UPR. Ríos aclara además que no se puede hablar -como sucedió con el sonado caso de las escoltas de los ex gobernadores- de que la creación de estos espacios de trabajo responde a un derecho adquirido por el ex mandatario. Se trata de un acuerdo por ley que como toda ley puede derogarse o enmendarse. A esto se suma la importancia de que toda agencia o entidad que recibe fondos públicos debe cumplir con la entrega de documentos que justifiquen los gastos y con una propuesta para el próximo año fiscal. “Tiene que haber un proceso de transparencia y rendición de cuentas que deje constancia de que se cumplió con el objetivo del mejor uso de los fondos públicos y de que se está cumpliendo con el bien común como obligación del gobierno; todo esto más allá de los informes pro forma o las recomendaciones que pueda hacer la Oficina del Contralor a base de las auditorías que se realizan”, añade Ríos. quien considera además que esto no debe ser motivo de debate, sino que debe entenderse como el procedimiento normal de funcionamiento.
Sin duda lo antes planteado remite a una revisión particular de la Ley Núm. 2 que constituye estos organismos, que a su vez, son administrados por la Oficina de Servicios a Ex Gobernadores adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además del pago de una anualidad vitalicia de 25 mil dólares, este Estatuto instituye una asignación de 40 mil dólares anuales autorrenovables para los gastos y el pago de los empleados de la oficina del ex gobernador. Lo que no queda claro en ninguno de los siete artículos que componen la ley es ¿cuáles son o deben ser las funciones que allí se desempeñen? Según Ríos, si la ley es muy amplia será muy fácil cumplir con ella. Aunque por otro lado, bien pudiera decirse que cada ex gobernante ha buscado desarrollar proyectos distintos y el estipular unas funciones específicas podría coartar la libertad de desarrollar una gestión afín a las ideas del ex mandatario en cuestión. Todo esto sin perder de perspectiva que dos de los motivos esenciales de la creación de estos organismos gubernamentales tienen que ver en primer plano con una especie de seguimiento de la tradición estadounidense de las Bibliotecas Presidenciales; instituciones que garantizan el estudio del período político e histórico que lideró el presidente. Mientras que en un segundo plano, se considera la necesidad de integrar al ex mandatario a la vida pública para que el pueblo pueda servirse de sus conocimientos y experiencias, ya sea a través de conferencias en espacios académicos o públicos o de otro tipo de obras. Llama la atención entonces que en los más recientes informes de auditoría de la Oficina del Contralor publicados en el 2006, en los que se auditaron las oficinas de ex gobernadores de Luis A. Ferré, Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló González, la mayoría de los hallazgos son relacionados a irregularidades en los gastos de dichas oficinas y no queda constancia precisa de las labores específicas que allí fueron desempeñadas. Sin duda es imperioso, tal y como insiste Ríos, que existan procedimientos de transparencia e informes detallados de gastos pero, a su vez, esto deja la puerta abierta para la ambigüedad con relación a las funciones de estas oficinas. “Es claro que estas oficinas siguen el modelo de las presidencial libraries, pero igualmente estas bibliotecas reciben muchos fondos privados para sostenerse y mantener el trabajo de investigación que es un fin público sin duda… Otro tema son las nuevas tecnologías de la información. Hay que estimular el mejor uso de estos medios para poder hacer el uso más eficiente y efectivo de los recursos disponibles, por ende en la medida que algunas de las actividades se puedan hacer de forma virtual debería permitir el recortar las asignaciones presupuestarias. Si eso no se toma en cuenta y la cantidad que se asigna siempre es la misma, simplemente explica que no hay unos criterios en esas asignaciones”, afirma Ríos quien además contempla como posibles alternativas el que se establezca un máximo de años de financiamiento o el que se plantee con seriedad la pregunta de si este tipo de esfuerzos se puede sostener públicamente o debe pasar a convertirse en una iniciativa privada.
Al pasar revista por la labor de estas oficinas, resulta importante distinguir las diferencias entre cada una. Tanto la de Luis Muñoz Marín establecida al lado de su antigua residencia, como la de Luis A. Ferré localizada antiguamente en Guaynabo, mantuvieron una actividad concerniente tanto al legado histórico y político de estas personas como a sus respectivas apariciones públicas en vida. Las fundaciones vinieron después y su relación con ellas fue distinta. La fundación que lleva el nombre de Muñoz Marín surgió luego de su muerte y la que creó Ferré fue un proyecto de vida en el que trabajó activamente. En cuanto a gestiones relacionadas con la academia, Roberto Sánchez Vilella sí mantuvo una actividad notable desde su oficina. Actualmente sus documentos y archivos personales han sido donados a la UPR, sin embargo no hay un conocimiento tan amplio de la disponibilidad de estas informaciones como con los dos ex gobernantes que le precedieron. En cuanto a Rafael Hernández Colón, su despacho se instauró en Ponce y más adelante estableció de modo independiente la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, entidad conocida sobre todo por su relación con la academia a través de esfuerzos como publicaciones de libros y la conocida revista Plural. En el caso particular de Carlos Romero Barceló, al éste mantener una vida política activa, las operaciones de su oficina se han encargado de proyectos de mayor inmediatez como presentaciones públicas y demás actividades políticas del ex mandatario; mientras que en el caso de Pedro Rosselló González, se ha establecido una oficina virtual a través del portal electrónico www.myspace.com, en la que se observa al ex gobernante en una fotografía junto al comediante Raymond Arrieta, vestido como el personaje con el que parodia a Rosselló. A través de esta página además de tener un perfil del ex gobernante, se puede acceder a páginas de temas relacionados con su obra, ver fotos y vídeos de comparecencias públicas, así como acceder a imágenes menos oficiales como fotografías familiares. Además, se llegó a un acuerdo con el Sistema Universitario Ana G. Méndez para establecer allí la biblioteca del ex gobernante Rosselló. Sila María Calderón, representa quizás el caso más confuso en términos de una documentación de obra desde la oficina de ex gobernadora. Por lo reciente de su salida de La Fortaleza, así como por el hecho de que gobernó durante un solo cuatrienio, aún no ha transcurrido un tiempo razonable para que se realice una evaluación de las gestiones que realiza desde esta oficina pública. Lo que sí se conoce es su trabajo como una iniciativa privada, el Centro para Puerto Rico que tendrá sede en el pueblo de Río Piedras desde el cual se perfila una suerte de continuidad a su proyecto máximo como gobernadora: las comunidades especiales. Imposible pues considerar estas oficinas como un proyecto conjunto, como una sucesión de oficinas con fines similares. Aunque sí es notable el hermetismo y el ambiente de secretividad que merodea estos espacios, puesto que en el proceso de agrupar información concerniente a la actividad que al menos las entidades gubernamentales de los ex gobernadores vivos llevan a cabo, no hay tal cosa como una respuesta inmediata, ni mucho menos pública.
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Diálogo
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