La extraordinaria temporada de huracanes está poniendo a prueba las leyes que obligan a Puerto Rico a importar su comida y mercancías exclusivamente en embarcaciones estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. levantó por siete días las restricciones a las leyes de cabotaje para que se puedan transportar productos derivados de petróleo en barcos de bandera internacional. La agencia busca así atender la necesidad de combustible en los estados y territorios afectados por los huracanes Harvey e Irma, que están amenazando zonas portuarias. Esta exención significa que el gobierno federal reconoce que la dependencia exclusiva en su marina mercante limita la seguridad y la capacidad de recuperación del país durante eventos extremos.
La Ley de la Marina Mercante de 1920, más conocida como la Ley Jones, limita el libre mercado al ordenar que los transportes entre puertos de EE.UU. deben llevarse a cabo en embarcaciones con bandera estadounidense, que se hayan construido en astilleros de ese país, y cuyos tripulantes sean ciudadanos estadounidenses.
A pesar de la exención temporal, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no verá esta semana un cambio en el costo del combustible, sino las empresas Freepoint Commodities, Puma Energy y Total Petroleum, que suministran respectivamente Bunker C, diesel y gasolina a la corporación pública. “Si hubiese alguna economía en el proceso, se benefician ellos, porque los precios ya están establecidos en los contratos”, explicó Edgardo Vázquez, administrador interino de la Oficina de Combustibles de la AEE. De haber retrasos en el suministro de estos derivados de petróleo en los barcos estadounidenses por causa de los huracanes, la corporación pública podría sacarle partido a la medida si sus suplidores logran entregar más rápido esos productos en barcos internacionales, añadió Vázquez.
La exención del Departamento de Seguridad Nacional no es para todos los productos, sino para importar gasolina, diesel y combustible de avión entre rutas desde Nueva York, Pensilvania, Texas y Luisiana hasta Carolina del Sur, Georgia, Florida y Puerto Rico. Y, aunque sólo dura una semana, permitiría examinar los cambios en el costo del transporte cuando se usan barcos extranjeros. Sería una oportunidad para contrastar los alegatos de las empresas estadounidenses Crowley y Tote que dominan el transporte marítimo en Puerto Rico y sostienen que sus servicios son más económicos.
Retrasos en suministros de frutas y vegetales
Las autoridades del puerto de Jacksonville suspendieron los trabajos temporalmente ante la inminencia de que el huracán de categoría 5 Irma llegaría a Florida. La decisión de cerrar esas instalaciones portuarias afecta directamente a Puerto Rico porque son el punto de partida de más del 75% de las importaciones hacia la Isla.
La dependencia de Jacksonville se debe en parte a que es la principal ruta de distribución que ofrecen las empresas Crowley y Tote. Eso tiene sus consecuencias: debido al mal tiempo relacionado al huracán Irma esta semana en Florida, hubo retrasos en los suministros de frutas y vegetales importados, confirmó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). Lo que implica que si continúan los retrasos, supermercados y restaurantes verán cada vez más escasez de estos productos.
Puerto Rico es un territorio crucial para las compañías navieras porque alberga 3.5 millones de residentes que importan el 85% de su comida, según el Departamento de Agricultura, y eventualmente pagan el costo del transporte. En cambio los territorios de Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte y la Samoa Americana están total o parcialmente exentas de las restricciones de las leyes de cabotaje.
Se manifiesta nuevamente la necesidad de una cadena de suministros diversificada y robusta para mantener la seguridad alimentaria del País, además de aumentar la producción de comida local. Los eventos extremos asociados al calentamiento global, que provocarán huracanes más frecuentes e intensos, ahondan la necesidad de buscar una solución para que Puerto Rico no sea aún más vulnerable.
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