Cuatrocientas ochenta y siete historias de sufrimiento extremo e inhumano, con nombre y apellido, prueban que muchas de las muertes por el huracán María eran prevenibles y revelan las causas que llevaron a un alza histórica en mortalidad en Puerto Rico.
Esto se desprende del único registro amplio que existe de los decesos relacionados al huracán, documentados por una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Quartz y Prensa Asociada. La otra lista que existe es la del Gobierno de Puerto Rico que aún solo incluye 64 personas fallecidas.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha minimizado desde el inicio la magnitud de la catástrofe y glorificado su nivel respuesta, dijo el jueves que el estimado de muertes del gobierno de Puerto Rico, elaborado por George Washington University (GWU), es una invención de los demócratas para hacerlo lucir mal.
“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico (Irma y María). Cuando dejé la Isla, DESPUÉS de que la tormenta había pasado, tenían entre 6 y 18 muertes. El tiempo pasó y ese estimado no subió mucho. Después, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números altos como 3,000. Esto fue obra de los demócratas para hacerme lucir lo peor posible en momentos en que estoy recaudando miles de millones de dólares para reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier razón, como vejez, súmenlo a la lista. Mala política. ¡Amo a Puerto Rico!”, dijo Trump en Twitter.
El Presidente visitó Puerto Rico el 3 de octubre durante unas cuatro horas, casi dos semanas después de la tormenta, y según las estadísticas de mortalidad del Registro Demográfico de Puerto Rico, desde el 6 de septiembre hasta al momento de partida de Trump habían muerto 640 personas en exceso al promedio de muertes durante ese periodo los tres años anteriores.
A un año del ciclón, el riesgo de que la tragedia se repita es real porque los fallos sistémicos en el acceso a los servicios de salud y en la infraestructura, que provocaron la mayoría de las muertes, no han sido corregidos, dijeron expertos entrevistados, y admitió el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
“¿Cuán preparados estamos para un huracán estilo María? Pues lo cierto es que si viene un huracán de esa índole vamos a recibir igual, un poquito menor o un poquito mayor de devastación. No hay duda de eso”, dijo Rosselló a preguntas del CPI durante una conferencia de prensa sobre las muertes a finales de agosto.
La debacle en los tres meses que siguieron al huracán fue de tal magnitud que cambió el rostro de la muerte en Puerto Rico, modificando la demografía y las principales causas de defunción de la Isla, arrojó la investigación, que incluyó además, un análisis de las bases de datos de mortalidad del Registro Demográfico y de miles de certificados de defunción obtenidos como parte de una demanda de acceso de información incoada por el CPI.
Según los datos, el segmento en el que más se dispararon las muertes para toda la población, durante los tres meses que siguieron al huracán, fue el de los jóvenes adultos en edad productiva, de 30 a 44 años, donde el aumento porcentual fue desde un 23% hasta un 39%, en comparación con el promedio de los tres años previos. Esto, en contraste con la percepción generalizada y promovida por el gobierno de que mayormente murieron viejos y personas con condiciones preexistentes. Las muertes entre los viejos mayores de 70 años, aunque fueron más, como lo son regularmente, incrementaron entre un 8% y un 10%.
Asimismo, la sepsis, que nunca ha estado entre las 10 principales causas de muerte en Puerto Rico – según las agrupa el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades – se ubicó en la octava posición durante dicho periodo.
Decenas de relatos de familiares de víctimas cuentan cómo personas encamadas y con enfermedades no relacionadas al huracán, como una úlceras o una carie, terminaron muriendo de sepsis por las temperaturas y condiciones insalubres que imperaban en los hospitales, así como por la falta de tratamientos.
Entre ellos, Ramona González Muñoz quien murió a sus 59 años después de que desarrollara úlceras en su hogar y le negaran tratamiento en tres hospitales, según sus familiares. La mujer, quien estaba encamada hacía dos años porque sufría de una enfermedad degenerativa del cerebro, desarrolló las úlceras tras el huracán al no poderse prender el aire acondicionado de su habitación por la falta de electricidad. Fue llevada a hospitales de San Juan en dos ocasiones para que la curaran y fue admitida, pero en las dos instancias fue dada de alta sin ser tratada porque las instituciones no daban abasto con el hacinamiento que enfrentaban.
María González Muñoz y Juan Manuel González, posan con montaje de fotos de su hermana Ramona. (AP Photo/Ramón Espinosa)
Desesperados, el 19 de octubre sus familiares trataron de ingresarla en el USNS Comfort, el barco hospital que la Marina de los Estados Unidos trajo a Puerto Rico en respuesta a la emergencia, pero se encontraron con un proceso complicado de admisión que requería que los pacientes fueran referidos a través del principal hospital público de Puerto Rico, el Centro Médico.
Al día siguiente Ramona murió en el Hospital Presbiteriano Ashford en Condado.
Otras causas de muerte que registraron aumentos significativos, de 20% a 45%, fueron neumonitis debido a sólidos y líquidos, hipertensión primaria y enfermedad renal, neumonía e influenza, y enfermedades respiratorias, de Alzheimer y del corazón. Los suicidios, que quedan agrupados bajo una categoría denominada “otras causas”, registraron de forma individual un incremento de un 43.9%.
Entre los adultos jóvenes de 30 a 44 años, las causas apuntan a accidentes y ataques cardíacos, según una revisión de los certificados de defunción y los detalles arrojados por el registro CPI-QZ-AP. Una quinta parte de estas muertes están aún bajo investigación.
“Son muertes que se pudieron haber evitado”, opinó la doctora Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y una de las investigadoras del estudio de mortalidad de GWU.
El doctor Irwin Redlener, director del Centro Nacional para la Preparación para Desastres de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Columbia en Nueva York, coincidió en que las muertes pudieron haberse prevenido con una mejor preparación y respuesta a la emergencia.
Sostuvo que la respuesta al desastre de los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos fue en extremo fallida, aunque en muchos casos había condiciones preexistentes que afectan la mortalidad y la resiliencia, como lo son el alto nivel de pobreza, la falta de acceso a servicios de salud en Puerto Rico y la ausencia de preparación adecuada para enfrentar la tormenta.
Nazario explicó que en la población general llama particularmente la atención el incremento en las categorías de sepsis y de neumonía e influenza, ya que no corresponden a enfermedades o diagnósticos que las personas tenían antes del huracán, sino a circunstancias que surgieron por el colapso total del sistema de salud de Puerto Rico y que, en principio, son prevenibles.
“Esas dos enfermedades han servido como causas de muerte centinela que debemos seguir utilizando en eventos futuros porque nos dan una idea bien rápida de que hay un problema que hay que atender urgentemente”, afirmó.
En el caso de enfermedades crónicas, como son las respiratorias y las renales, Nazario enfatizó que la mayoría de los pacientes vive si recibe sus medicamentos y tratamientos de mantenimiento, lo que dejó de ocurrir por semanas y meses tras la tormenta, según relataron familiares de víctimas a la alianza CPI-QZ-AP.
En decenas de casos los familiares de las víctimas atribuyen la muerte a falta de diálisis, insulina, u oxígeno. En total 300 personas de la muestra murieron de enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer y Alzheimer.
Ese fue el caso de Orlando López Martínez. El hombre, de 48 años, se dializaba desde 2014 como resultado de la diabetes que desarrolló a los 11 años. Tras el azote de María, perdió al menos cuatro tratamientos porque el centro Atlantis en Aguadilla donde recibía cuatro horas y media de diálisis, tres veces en semana, cerró sus puertas. Cuando reabrió, lo hizo racionando servicios porque no tenía suficiente combustible y agua, así es que López empezó a recibir solo dos horas de diálisis por sesión.
López murió el 10 de octubre. La causa oficial de muerte anotada en su certificado de defunción fue ataque al corazón producido por enfermedad renal. No dice nada del huracán María o la falta de tratamiento.
“[E]n esos días después del huracán se veía pálido y amarillo, se veía muy mal”, dijo Lady Diana Torres, la madre de Paola, la hija de 10 años que López dejó atrás.
Lady Diana Torres, izquierda, y su hija Paula Nicole López, muestran fotos de Orlando López Martínez, quien falleció el 10 de octubre. (AP Photo/Ramón Espinosa)
Mientras tanto Paola trata de procesar la repentina muerte de su papá. No hablaba mucho del tema hasta que su escuela trajo a una trabajadora social para que conversara con los niños que habían perdido familiares tras la tormenta.
“La trabajadora social habló con ella y con otros que habían pasado por lo mismo. Y luego todos hablaron con ella y lloró tanto y tanto”, contó en llanto su madre.
Este tipo de información cualitativa y detallada provista por los familiares de los fallecidos al CPI, qz.com y AP, conocida como “autopsias verbales”, es de gran importancia, destacó la experta, porque es la única fuente de información que existe sobre los mecanismos que dispararon las causas clínicas de muerte que documenta el Registro Demográfico y que van a la médula de la relación del alza en muertes con circunstancias disparadas por el huracán, como demuestra el caso de López.
Entre ellas, falta de oxígeno, electricidad y abastos de agua en hospitales y clínicas de tratamientos como diálisis y quimioterapias, problemas en las comunicaciones y transportación de emergencia, ansiedad y depresión, y toda suerte de accidentes vinculados a labores de manejo del desastre y carencias de servicios básicos como luz en los hogares y semáforos en las carreteras. Asimismo, el registro de casos CPI-QZ-AP, los informes de muertes por accidentes vinculados al huracán duplican en proporción los registrados en la población general.
A tres semanas del huracán Saúl Pabey Martínez, de 27 años, murió tratando de conectar el hogar de un amigo al sistema eléctrico en Peñuelas. El plan era subirse a un poste de electricidad para tomar corriente, pero Martínez se electrocutó y cayó.
“Las personas (que lo acompañaban) recogieron la escalera y lo dejan ahí,” dijo su madre Doris Milagros Martínez. Un policía encontró el cuerpo.
Una semana después, Juan Gabriel Valentín Fuentes fue a la casa de su jefe, Ramón Edwin Colón, a cortar un árbol que María derribó en el patio. Una de las ramas le cayó encima y se le enterró en el corazón.
“Intentamos ayudarlo pero no pudimos. Un ‘digger’ fue lo que lo pudo sacar,” dijo Colón. Valentín tenía 32 años.
El 5 de noviembre, Kenny Huertas, de 30 años, sufrió una caída mientras ayudaba a sus vecinos a recoger escombros. Se murió ese mismo día de las complicaciones del accidente.
“Eso es bien valioso porque posiblemente esas son las causas de muerte que nunca el Registro Demográfico va a documentar cómo relacionadas al huracán. El valor de la muestra está precisamente en estos relatos que detallan las circunstancias que dispararon o agravaron el problema de salud que terminó en la muerte clínica que es lo que aparece en el Registro”, señaló Nazario sobre el alza registrada en la muestra de muertes por accidentes.
Las fallas sistémicas que dispararon las muertes responden a actos negligentes del gobierno de Puerto Rico y del federal, así como de la industria hospitalaria, que al momento de la llegada de María no cumplían con los estándares de planificación y preparación para enfrentar adecuadamente el desastre, figuran entre las razones de la alta mortalidad.
En un informe de autoevaluación emitido en julio de 2018, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reconoció que enfrentó fallas en su respuesta a María en Puerto Rico tales como preparación inadecuada, escasez y suplidos de ayuda, y problemas de coordinación así como de tener que asumir trabajos que eran responsabilidad el Gobierno de Puerto Rico. Brock Long, administrador de FEMA, no respondió una petición entrevista a la AP.
Antes del huracán, el Gobierno de Puerto Rico ha dicho que sólo contaba con planes de emergencia caducos y diseñados para huracanes categoría 1, según reveló el estudio de GWU. Pero, ex directores de manejo de emergencias aseguran que los planes para categoría 5 sí existían y no se usaron. Pese a múltiples peticiones, el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres de Puerto Rico (NMEAD) no ha provisto copia del plan que existía al momento del azote de María, ni el plan revisado que dice que tiene listo.
El Gobierno de Puerto Rico consolidó todas las agencias de respuesta de emergencia seis meses antes del huracán, con la creación del súper Departamento de Seguridad Pública (DSP) a cargo del secretario Héctor Pesquera. La movida fusionó bajo la misma jefatura importantes dependencias que históricamente habían tenido autonomía como la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Instituto de Ciencias Forenses, ahora el Negociado de Ciencias Forenses, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres, ahora NMEAD, y el Cuerpo de Bomberos. El Departamento de Salud no formó parte de la fusión, pero en la práctica también fue subyugado a Pesquera durante la emergencia. Ex directores de Manejo de Emergencias, como Epifanio Jiménez y Ángel Crespo, han criticado severamente el cambio e indicado que la movida desarticuló la capacidad de respuesta del gobierno ante la crisis.
Nazario sostuvo que este fue negligente desde el punto de vista del impacto a la salud pública, al haber cambiado todo de golpe sin tener un plan alterno. “Ese es el problema de la falla en el sistema. Fue sistémico el problema, no es que falló aquí y allá, es que falló todo a la vez. ¿Por qué falló todo a la vez? Porque todo se destituyó y se deconstruyó a la vez”, señaló.
El pasado 1 de septiembre el NMEAD anunció que tiene listo un nuevo plan operacional de emergencias, pero rehusó proveer copia del documento aduciendo a que es “confidencial”. Los planes de emergencia de todos los estados recientemente devastados por desastres naturales durante la pasada década –Florida, Texas, Nueva York, California y Louisiana– son todos públicos y están disponibles en Internet. Pesquera, funcionario de la administración Rosselló a cargo de la respuesta fallida a la emergencia y del error en el conteo de las muertes, dijo que estaba dispuesto a dar entrevista, pero, tras un conflicto de calendario, no proveyó fecha para la misma.
Roberto Figueroa Caballero sentado en los escombros de lo que antes del paso de María fue su casa en la comunidad de La Perla en el Viejo San Juan. (AP Photo/Ramón Espinosa)
“Yo no he visto el plan. Yo creo que si hay un plan, lo primero que hay que hacer es divulgarlo y sobre todo divulgarlo en aquellas agencias que pueden dar opiniones y mejorarlo, o corregirlo. No es guardarlo en la gaveta de la oficina de Pesquera y que él pueda decir que tiene un plan”, dijo la epidemióloga.
Entretanto, el Departamento de Salud tampoco tenía un plan de respuesta a emergencias de salud pública que explicase a las instituciones de salud y a los pacientes cómo responder ante un desastre y a dónde dirigirse. Waddy González, funcionario de FEMA a cargo del área de salud en Puerto Rico, sostuvo en entrevista que el secretario Rafael Rodríguez Mercado ha elaborado un nuevo plan de este tipo, pero que no se ha hecho público a la industria hospitalaria o a la ciudadanía. El secretario Rodríguez Mercado rechazó ser entrevistado para esta historia, y no respondió múltiples pedidos para que proveyera una copia de este plan.
La consecuencia concreta de la desarticulación de las instituciones de respuesta y de la ausencia de planes de respuesta adecuados fue que, tras el ciclón, las agencias locales y federales no reaccionaron con agilidad y contundencia para proteger a la ciudadanía que moría por los cientos, frecuentemente por causas prevenibles.
La mayoría de estas muertes ocurrieron en hospitales, que experimentaron un alza en la mortalidad de un 32.3% y estaban prácticamente inoperantes, sin servicio eléctrico, sin plantas eléctricas o con plantas deficientes, y sin reservas de combustible para operar, según testimonios recopilados, y visitas realizadas. El Departamento de Salud, agencia que inspecciona los hospitales y los licencia para los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), reconoció que no tiene recursos para realizar puntualmente esta función y se ha negado a proveer evidencia de las visitas que realizó a las facilidades tras el huracán María. CMS tampoco proveyó los documentos pese a múltiples peticiones de información.
“Quizás en el futuro tendríamos que tener una política que requiera que, para obtener una certificación o licencia para operar (un hospital), tienes que tener la capacidad de enfrentar un huracán categoría 5. Por ejemplo, tienes que tener generadores listos con varios días de suministro”, sostuvo el demógrafo de Penn State Alexis Santos, quien ha analizado ampliamente las estadísticas de muerte de trás el huracán María. Puntualizó que los datos sirven para detectar fallas y crear políticas públicas que las corrijan para prevenir muertes durante la siguiente emergencia.
Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, minimizó las fallas de estas instalaciones en una entrevista en la que atribuyó el alza en muertes al hecho de que las personas con condiciones crónicas, desesperadas por la falta de electricidad en sus hogares, asilos o clínicas de diálisis, prácticamente “vinieron a morir a los hospitales”. Aunque la evidencia recopilada prueba que, en efecto, todos los componentes del sistema de salud fallaron – desde las farmacias hasta el Centro Médico – también demuestra fallas mortales en la operación de los hospitales.
Aunque reconoció que los errores del Gobierno de Puerto Rico en la preparación y respuesta a la emergencia fueron enormes, Redlener puso el mayor peso de la responsabilidad en el Gobierno de los Estados Unidos que, teniendo los recursos para responder a tiempo y con la fuerza que ameritaba para evitar las muertes, no lo hizo.
“Las instituciones puertorriqueñas simplemente no tenían los recursos y experiencia que se necesitaban”, opinó.
Dijo que el Gobierno de los Estados Unidos fue “negligente” al no enviar a Puerto Rico los activos y ayudas que ameritaba la escala del desastre. Sostuvo que aunque el Ejército tiene la capacidad de reestablecer comunicaciones, de establecer sistemas eléctricos temporeros, de reconstruir puentes y de asegurar transporte médico mejor que cualquier agencia, “no fue activado y desplegado a tiempo ni al nivel que debió de haberse hecho”.
“Esto fue una falla inexcusable del Ejército de Estados Unidos, de no dedicar sus mejores recursos a un desastre mayor que afectó a ciudadanos americanos”.
Igualmente recordó que la Casa Blanca reaccionó al huracán como si se tratara de un evento menor e incluso el 3 de octubre, durante su visita a Puerto Rico el presidente Donald Trump se autofelicitó por el operativo federal de respuesta.
“No creo que al presidente Trump le importase mucho (lo que ocurría en Puerto Rico). No sé cómo decirlo de otra manera. Esa actitud percoló”, agregó en referencia al nivel de respuesta de sus subalternos a cargo de las ayudas y la respuesta.
El experto dijo que el bajo número de fatalidades reportado por el Gobierno de Puerto Rico también jugó un rol en la lentitud y bajo nivel de la respuesta federal.
“Los datos (sobre las muertes) son importantes, y de muchas maneras”, acotó.
“Puerto Rico pagó el precio por esto. Si comenzando no tomas las cosas en serio, nada funciona adecuadamente”, dijo Redlener.
Agregó que ahora en la etapa de recuperación ve la misma incongruencia entre la escala real de la catástrofe y los recursos que están siendo asignados para la reconstrucción, así como la forma en que el Congreso está estableciendo las prioridades presupuestarias muy por debajo de lo requerido. El Congreso ha aprobado más de $140 mil millones en fondos para la recuperación de las zonas azotadas por desastres naturales en el 2017. Para acceder a ellos, Puerto Rico tiene que competir con otras jurisdicciones afectadas, incluyendo a Texas, Florida, y California. Mientras tanto, los fondos federales que se han asignado directamente a la isla, alrededor de $16 mil millones, representan una fracción de lo que el gobierno de Rosselló dice necesitar. Por ejemplo, de acuerdo con sus cálculos, reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico costaría $17 mil millones. Hasta ahora, Puerto Rico sólo ha asegurado $2 mil millones del gobierno federal.
El incremento en la mortalidad en Puerto Rico tras el huracán María, y la negación de esta realidad por parte del Gobierno de Puerto Rico fueron evidenciados por primera vez por el CPI el 28 de septiembre de 2017. A partir de esa publicación, el CPI, medios internacionales, y académicos continuaron investigando la situación y produciendo estimados de exceso de mortalidad que superaban exponencialmente el número oficial de muertes certificadas. Los estimados van desde las 800 hasta las 8,500 muertes, rango de posibilidades determinado por un estudio de la Universidad de Harvard publicado en mayo, que desató una protesta masiva de la ciudadanía que depositó zapatos de sus fallecidos frente al Capitolio en San Juan.
A tres semanas del aniversario del huracán, el Gobierno de Puerto Rico finalmente adoptó la cifra de 2,975 del estudio que comisionó a GWU como su “estimado oficial” de víctimas del desastre. Sin embargo, esta y las demás cifras de exceso de mortalidad publicadas hasta la fecha son cómputos matemáticos que no corresponden a víctimas reales de la emergencia, no arrojan una lista de nombres de fallecidos ni hablan sobre las razones que provocaron las muertes.
En contraste, la alianza CPI-QZ-AP documentó las historias de 487 personas fallecidas durante la emergencia, relatadas por sus familiares, y corroboradas por entrevistas, documentos y datos del Registro Demográfico de Puerto Rico, que dan rostro a las víctimas. Las muertes incluidas en el registro verificado por los tres medios de comunicación serían catalogadas como vinculadas al huracán bajo los parámetros establecidos por el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Estos incluyen muertes a causa de las fuerzas físicas del huracán, como derrumbes o inundaciones; también toman en cuenta muertes asociadas a las consecuencias del huracán, como la falta de servicios médicos, condiciones insalubres, y estrés.
Durante la conferencia de prensa en la que anunció los hallazgos de GWU, Rosselló admitió que erró en el manejo de la respuesta de su administración al desastre causado por el huracán María y asumió la responsabilidad por la “enorme” cantidad de muertes. También reconoció que Puerto Rico no está listo para enfrentar exitosamente un huracán de semejante magnitud, sostuvo que el sistema eléctrico está “igual o más vulnerable de lo que estaba antes de la tormenta”, y estimó que estar preparados para otro evento como María tomará años.
Rosselló no concedió entrevista a la alianza CPI-QZ-AP.
La investigación conjunta realizada por unos 30 periodistas y colaboradores expertos en salud, demografía y estadísticas, evaluó varias fuentes de información: las bases de datos de causas de muerte en Puerto Rico de 2014 al 2018 y 23,000 certificados de defunción, obtenidos tras un pleito legal incoado por el CPI contra el gobierno, así como la muestra de 487 casos verificados de muertes relacionadas al huracán para los cuales familiares de las víctimas relataron a través de un formulario en línea, en persona o mediante entrevistas telefónicas las circunstancias en las que murieron sus seres queridos.
A Rosselló le tomó tres meses, al menos una docena de reportajes investigativos, dos análisis demográficos de exceso de mortalidad – uno del propio gobierno a través del Registro Demográfico – y expresiones públicas de epidemiólogos de distintas latitudes para admitir que su cifra de mortalidad estaba equivocada. A ocho días del evento, ya el CPI había publicado evidencia de que la cifra oficial de mortalidad estaba errada, y apuntaba a que eran cientos los muertos. El CPI le ha solicitado a Rosselló varias entrevistas para hablar del tema de las muertes desde octubre de 2017, pero no han sido concedidas.
El 21 de diciembre, el Gobernador ordenó un recuento y estudio a fondo, primero al mismo funcionario que cometió el error y quien calificaba de falsos los informes sobre la alta mortalidad, Pesquera, y luego, a la Escuela de Salud Pública de GWU, que generó el citado estimado de exceso de mortalidad el 28 de agosto. Pero, el pedido Rosselló a los salubristas no incluyó un análisis de las causas de tan alta mortalidad, por lo que el estudio no incluyó tan vital información. Al ser un estimado, GWU tampoco produjo una nueva lista de víctimas.
A la hora de salvar vidas, son clave los planes de preparación para desastres, que consideren el corto, mediano y largo plazo y que sean desarrollados con el insumo y participación de las comunidades, opinó la doctora Jennifer Horney, directora del programa de epidemiología de la Universidad de Delaware. Explicó que el conocimiento local de cuál es la población que necesita oxígeno o diálisis, por ejemplo, es fundamental. Los pacientes de diálisis son los más vulnerables porque tienen una ventana muy corta de oportunidad; el perder una cita redunda en consecuencias serias de salud, sostuvo.
Sin un plan predesastre para la recuperación es difícil para las comunidades, que tienden a estar haciendo muchas cosas a la vez, y enfocar en dónde están las mayores necesidades. Hay mucha presión por hacer muchas cosas, muy rápidamente, por lo que tratar de planificar inmediatamente después del desastre es realmente difícil, explicó.
Asimismo, indicó que el tipo de cuidado disponible para las personas con condiciones críticas va a tener un impacto enorme en su supervivencia y en complicaciones futuras.
“Condiciones crónicas, que son manejables, pueden volverse mortales muy rápidamente sin el cuidado adecuado. Por ejemplo, si un niño con asma no puede acceder a su inhalador, la vida de ese niño está en peligro. La falta de servicios apropiados para esas condiciones se manifiesta como muy serias complicaciones y pueden llevar a la muerte”, coincidió el doctor Redlener de Columbia.
Tomando esto en consideración, las muertes en Puerto Rico eran predecibles, ya que las farmacias estaban cerradas, y la cadena de suplidos colapsó, dijo Redlener.
“Es una situación muy peligrosa”, sostuvo.
A un año de María, esta situación prevalece.
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Los periodistas Michael Weissenstein y Dánica Coto de Associated Press, y Jeniffer Wiscovitch, del Centro de Periodismo Investigativo, colaboraron con esta historia.
