Los “niños robados” de Israel

Moshe no sabe si su padre es su padre ni si su madre es su madre. Ahora rumia todos los comentarios que ha escuchado desde pequeño. “¡Qué pelo más negro con una madre tan rubia! ¡Pero si parece un árabe!”, le decían mientras le revolvían con la mano el cabello rizado esas gentes cariñosas de San Francisco, amigos y vecinos de su familia Appelbaum. Nunca le dio importancia. No se sentía extraño entre las pecas pelirrojas de su padre Ernest y la blancura güera de su madre Dalia. Se crió feliz y a los 19 años se hizo cargo de la librería de viejo de la saga. Hijo único y querido. Con sus padres ya muertos, Moshe recibió una llamada desde la Asociación Judía Yemenita de EEUU. Querían hacerle unas preguntas. ¿Por qué? “Puede que usted sea un niño robado en Israel, dado en adopción en EEUU, y que su familia real lo esté buscando“.

Eso fue hace casi un año, y aún no ha logrado aclarar su historia. No hay prueba alguna que afirme ni que niegue esa hipótesis, pero la sospecha ya se ha apoderado de su vida. Atesora cada recuerdo de amor de sus padres y se niega a creer que fueron parte de esa trama que, en la década de los 1950, acudió a Israel en busca de niños judíos, los que ellos no podían tener. “No, si me adoptaron debió ser por un cauce legal. Eran personas íntegras y nobles“, repite. Cansado, amenaza con abandonar la investigación y aferrarse a la historia conocida, pero sabe que, según el día, la duda puede en su ánimo.

La asociación se puso en contacto con él porque el nombre de su padre aparecía en una serie de facturas pertenecientes al doctor Bernard Bergman, de Nueva York, investigado por sus conexiones con la mafia, por abusos en hogares de ancianos gestionados por sus empresas y, también, por vender niños provenientes de Israel a familias estadounidenses que no podían tener descendencia. El precio medio era de 5,000 dólares, según la investigación finalizada en 1996 por el rabino Avigdor HaCohen y por el periodista Shalom Cohen, después de que el primero descubriera en 1974 el caso de un niño “posiblemente de origen yemení” adoptado por unos judíos neoyorquinos pagando a Bergman; ellos confirmaron que el procedimiento no era nuevo y lo empleaban aquellas familias ashkenazies -judíos blancos, sobre todo originarios de Europa central-, “con estabilidad financiera”, que querían un hijo. “Era un hecho bien conocido, quien quería un niño judío acudía a él, sólo había que pagar la cuota necesaria”, testificó HaCohen ante el Gobierno de Israel, un hecho documentado por un equipo de investigación de The New York Times.

El suyo es el caso más reciente de cuantos se investigan en Israel y fuera de sus fronteras, una historia negra y soterrada en el país, la del robo y desaparición de niños, en su mayoría de origen yemení, pero también iraquíes, iraníes, libios, tunecinos, belgas y españoles, según el máximo investigador de la materia, Yechiel A. Mann. Todo ocurrió entre 1949 y 1960, los años en los que comenzaron a llegar grandes grupos de judíos para residir en el Estado de Israel, recién creado en 1948. En el caso de los yemeníes o teimanim, más de 45,000 entraron gracias a la operación Alfombra Mágica, una travesía por el desierto que no todos superaron, un viaje en aviones británicos y estadounidenses con asientos de madera y, al fin, un alojamiento en campamentos con tiendas de campaña, primera morada en su “hogar nacional judío”. Era en estos campamentos donde habitualmente desaparecían los pequeños. Si estaban enfermos, pasaban al pabellón de infancia, alejados de sus padres y, a la mañana siguiente, se les notificaba su fallecimiento. En muchos casos no hubo explicaciones de por qué una diarrea se convirtió en mortal, ni partida de defunción, ni cuerpo. Nada. Ni una explicación. Como en España. “Muchos fueron llevados a centros de internamiento o a kibbutzim, donde se cambiaron sus datos y números de identificación, lo que imposibilitaba el rastreo. De ahí, salían fuera”, denuncia Anat Levy, de la asociación cultural Ahavat Israel.

Durante décadas, la comunidad yemení ha arrastrado ese dolor y esa duda, ni siquiera las investigaciones oficiales logran acallar. Hasta tres comisiones del Gobierno han revisado el caso sin contentarles. En 1967, sólo dijeron que los niños habían muerto realmente y que no hubo secuestros. En la segunda, en 1994, que “no había evidencia de actividad delictiva”, aunque nadie supo decir qué pasó con los bebés. La última comenzó en 1995 y tardó siete años en cerrar sus conclusiones: no existía un “complot gubernamental” para raptar niños y entregarlos a familias pudientes de Europa y EEUU pero no se podía determinar cuál fue el destino real de los pequeños. Aquella comisión investigó sólo 1,033 casos de desapariciones de los 4,500 que logró documentar el polémico rabino Uzi Meshulam a principios de los 1990 y de los 10,000 que realmente se esfumaron, según varias asociaciones de yemeníes como Mizrahi Democratic Rainbow.

Sobre ese millar largo, se documentó la muerte efectiva de 972 menores y cinco más se hallaron con vida, residiendo con familias que no eran las suyas e incluso fuera de Israel. En los 56 casos restantes no fueron capaces de aclarar lo ocurrido, por lo que afirman como “posible” que fueran dados en adopción por decisiones “individuales” de trabajadores locales (médicos, enfermeros, trabajadores sociales…), nunca por policías o políticos. En mitad de esa última comisión, el juez retirado Yehuda Cohen, que estaba a cargo del equipo de expertos, aconsejó la apertura de fosas. En 1996 el Ministerio de Salud aprobó la exhumación en uno de sus antiguos hospitales, Kiriat Shaul, y el 17 de agosto de 1997 se abrió la tierra. La tumba, perteneciente a cuatro niños, estaban vacías, lo que avalaba supuestamente la tesis de los familiares que insistían en la tesis del robo y la adopción clandestina.

Fue el primero de varios casos idénticos en los que el georradar desveló que no había esqueletos donde supuestamente sí los había. Los portavoces de los centros médicos dieron varias excusas: las fosas estaban realmente más profundas y por eso no aparecían los huesos, o se había producido un movimiento de tierras, los huesos pequeños se podrían haber confundido entre los terrones del firme, los cuerpos podían haberse trasladado a otro lugar sin cumplimentar correctamente los procedimientos de información… Ami Hovav, uno de los investigadores de la comisión, insistía: “Fueron enterrados de seguido, por eso no se les enseñaron a los padres, era un paso para ahorrarles dolor”.

Aaron Cohen, padre de Ruti, una niña que debía estar en aquella primera fosa abierta (los demás eran Ruti Babu, Moshe Mishraki y Reuven Rafaelov), estaba presente cuando cavaron. “¡Mi hija está viva, viva, viva!”, gritó en la comisión cuando explicó aquel momento, según queda registrado en las grabaciones de las asociaciones de familiares (pues muchos de los documentos de las investigaciones parlamentarias no fueron catalogados y son muy complicados de encontrar). En sus manos, tierra de la que fue retirando, intentando buscar los huesos de su pequeña. Su familia llegó en 1951 desde Irak y, una mañana, vieron que la niña tenía tos y fiebre. La llevaron al Hospital Hadassah de Tel Aviv. 20 horas después la dieron por muerta. Nunca lograron verla. No tienen ni un papel que acredite su fallecimiento. “Algún criminal de Europa o de EEUU se la llevó”, lamentaba.

El revuelo causado por las fosas vacías llevó al Tribunal Supremo de Israel a obligar al Estado a facilitar 400.000 pruebas de ADN para intentar localizar a estos niños. De hecho, una semana más tarde de la búsqueda fallida en Kiriat Shaul, surgió la primera historia contrastada de robo, la de Tsila Levine, residente en California, que resultó ser hija de Margalit Omessi, yemení residente en Petah Tikva. La mujer fue secuestrada cuando tenía un mes en uno de los campamentos de tránsito. El test genético confirmó el vínculo madre-hija, como registró el diario Yediot Aharonot. Desde entonces, Israel cuenta con una fiable base de información génica de cada niño que nace, documentada y cotejada con muestras de los progenitores. En los casos de fosas abiertas en las que sí se hallaron huesos, se hicieron pruebas especiales en laboratorios del Reino Unido. Ninguna de ellas dio resultado, no se pudo confirmar la parentela con las familias israelíes que denunciaban desapariciones. La denuncia automática, nunca probada pero viva en el imaginario de los damnificados, es que los huesos de sus seres queridos habían sido cambiados por los de animales.

Las historias que guardan las transcripciones de la comisión son espeluznantes. Un caso y otro caso y otro más de recuerdos avinagrados e incertidumbres. Como el de Bracha Zugier, alojada en el campamento Rosh Ha-Ayim, ingresada en el hospital Tel-HaShomer con un problema de encías. En los dos días que estuvo ingresada, ningún miembro de su familia pudo verla. Luego, de pronto, le dieron la noticia de su fallecimiento y una maleta de cartón. “Nos la dieron diciendo que dentro iba Bracha pero que no la abriéramos por nada, ya que tenía una enfermedad muy contagiosa”, relata Yehudit, su hermana pequeña. No les dieron certificado de defunción ni les explicaron qué extraño mal se la había llevado. Yehudit, curiosa, desobedeció a los médicos y abrió la maleta mientras sus padres organizaban el funeral. “Sólo había paja y, encima, una vieja muñeca”. Fue a avisar a su madre, que la reprendió por haber osado abrir el supuesto féretro. La cerró de golpe, pensando que su hija jugaba o estaba confundida, que había visto una muñeca en vez de su hermana muerta. “Se aprovecharon del analfabetismo de nuestros padres, del miedo a la epidemia, de la superioridad de los médicos. Pero yo siempre tuve la duda, y hoy la cuento”, reza su expediente.

También se recurría a la religión: a Yehudit Veintrop, llegada de Polonia, le anunciaron la muerte de su hijo Eliezer, al que llevó al ambulatorio por una tos menor y le dijeron que ellos lo enterrarían, pero en una fosa común, porque “tenía 21 días y no 30, los que, según la ley judía, permiten que un niño sea enterrado individualmente”. Nunca pudo determinar dónde estaba, si estaba. Por el contrario, un religioso, el rabino Menajem Porush, al cargo del Ministerio de Bienestar en los primeros años del Estado, fue uno de los primeros que alertó al entonces primer ministro, David Ben Gurion, de que se estaban produciendo extrañas desapariciones de niños. Se le pidieron pruebas, pero no pudo darlas. Luego, pasados los años, el propio Gobierno ha tenido que reconocer situaciones inexplicables, como en 1962, cuando envió “cientos” de cartas a las familias diciendo que sus hijos “habían salido” del país, según sus “informaciones”, nunca reveladas, o cuando, en los 60 y 70, cuando se supone que los niños supuestamente robados debían ser reclutados para el servicio militar al llegar a los 18 años, estas familias recibían las órdenes de alistamiento de sus hijos. Seguían estando vivos para el Gobierno, seguían siendo hijos de sus padres.

Entre las historias más absurdas, la de la familia Hamami.  A su hija Shosh se la llevaron de un campamento “porque se chupaba los dedos”, algo normal en un bebé de un año. El mismo día que se la llevaron al pabellón de infancia, les informaron de que “le habían tenido que vendar los dedos para que no siguiera chupándolos y, como no podía hacerlo, sufrió mucho y murió”, relató Rivka, su hermana. A Azeela Arazi las enfermeras la acusaron de la muerte de su pequeño Ehud por ser primeriza, adolescente, sin conocimientos ni maña para cuidar a un hijo, un “maltrato” que les llevó a la muerte. El chico fue al consultorio porque le había picado un insecto y tenía una rojez en la espalda. A Irene Tamal, mientras lloraba por su hijo Samuel, muerto tras una infección de orina, el personal de su hospital le chillaba que no se quejara, que tenía un hijo gemelo, “y hay familias que no tienen más hijos”. Uri Mazal fue afortunado y logró evitar que se llevara a su pequeña Sarah, de cinco meses. El médico le explicaba que estaba muerta, que tuvo fiebre alta y que no había nada que hacer, mientras le chillaba que dejara la sala en la que se encontraban, que era reservada. Entonces entró una enfermera con la niña en brazos. Evidentemente, Uri la identificó. No tuvieron más remedio que entregársela. El doctor dijo que “había confundido el expediente con el de otra paciente”. Sonia Millstein, auxiliar de clínica del campamento de Ein Shemer, declaró que vio a muchos niños “salir dentro de ambulancias en perfecto estado, sin documento escrito de su marcha”. Cuando las madres presentes en la sala de testimonios, en la zona de Agron, en Jerusalén, la escucharon, comenzaron a acusarla de complicidad. Ella contestó: “Déjenme olvidar, tengo 86 años, tengo derecho”. Según Millstein, a veces le tocaba rellenar formularios con datos falsos, convirtiendo “una diarrea en un paro cardiaco, o repitiendo fechas de muertes porque no recordaba las reales”.

Hay casos de reencuentros sorprendentes, como el de Sarah, recogido por la investigadora Meira Weiss, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Casada en Yemen a los 12 años, Sarah emigró con su esposo en Israel poco después de la boda. A su primer hijo, de 14 meses, se lo llevaron de la tienda de los niños, donde dormían todos los menores de cinco años, al ala de los médicos. Esa noche le dieron la noticia de su muerte. De nuevo, ni le enseñaron el cuerpo ni la tumba ni el certificado de fallecimiento. Luego se instaló en Tel Aviv, tuvo seis hijos más y un día, al montarse en el autobús, reconoció en el conductor a su hijo perdido. Primero pensó: “He visto un fantasma”, pero lo miraba y confirmaba su corazonada. A rastras, llevó al conductor a una comisaría, diciendo que era una urgencia, que por favor la acompañara. Dejó al joven en la recepción y, en una sala aparte, le contó su historia a un policía. “Es mi hijo y tiene una marca de nacimiento en el muslo derecho”, dijo. El agente fue hasta donde estaba el hombre, quien explicó que sus padres habían muerto cuando él era bebé y lo había criado una familia de amigos. Le habló de la marca. Y allí estaba, en su muslo. Se hicieron las pruebas de ADN y dieron positivo. Hoy Sarah y su hijo mantienen una buena relación.

Lo que nunca se ha investigado es la denuncia hecha por el Canal 10 de la televisión israelí de que al menos 6,000 niños de los desaparecidos fueron usados en experimentos médicos, algo que repugna en un país donde esa acusación trae recuerdos de los excesos brutales del nazismo. El periodista Barry Chamish insiste en que se usaron hospitales y campamentos de vacaciones como tapadera y que Simon Peres, actual presidente de Israel, director general de Defensa en los primeros gobiernos, “sabe la verdad”. La Knesset defendió en 1997 que eso formaba parte de una teoría conspiratoria “imposible”.

La periodista Ana Carbajosa, autora de Las tribus de Israel, recuerda en su obra que los yemeníes comenzaron a llegar a la zona en el siglo XIX, por razones económicas, religiosas o persecuciones, una antigüedad que debería darles un estatus mayor en un país donde la presencia en la tierra prometida “puntúa”. Sin embargo, la falta de ayuda exterior, de “mecenas extranjeros”, los mantuvo, ya con el Estado, alejados del poder y la influencia, despreciados frente a los judíos de origen occidental. A muchos, al llegar, “les cortaban de cuajo los tirabuzones para que tuvieran más aspecto de ashkenazi, más laico”. Hoy son 250,000 ciudadanos de Israel que aún buscan la igualdad de trato y que pelean por arrojar luz sobre el episodio más oscuro de su pasado reciente.
 

Fuente Periodismo Humano 

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