Los peligros de la reforma contributiva para la UPR

La propuesta reforma contributiva que al momento se discute en comité de conferencia en el Congreso no solo tiene enormes repercusiones sobre la industria manufacturera y las empresas de control foráneo (CFC) establecidas en la Isla. La Universidad de Puerto Rico (UPR) –y en particular sus proyectos de investigación y desarrollo– debe prepararse para recibir un duro golpe ante lo que seguramente resultará en un reducido mercado de compañías que buscarán aprovechar el extraordinario capital humano y tecnológico que año tras año produce la institución.

Asimismo, la previsible reducción en recaudos dirigidos al fisco provocada por el anticipado éxodo de corporaciones de capital estadounidense, deteriorará aún más las ya maltrechas condiciones financieras del principal centro de educación superior en el País.

Una de las disposiciones en la versión de reforma fiscal aprobada en el Senado federal propone establecer un arbitrio de 12.5% a las corporaciones estadounidenses por ganancias derivadas de activos intangibles desarrollados en el extranjero, como lo serían las patentes, innovaciones tecnológicas y otro tipo de propiedad intelectual desarrollado por sus subsidiarias en Puerto Rico, que fue incluido como una jurisdicción foránea en el proyecto legislativo.

Con ese propuesto impuesto, “básicamente se penaliza el que se desarrollen iniciativas de ‘research and development’ (investigación y desarrollo) en Puerto Rico. Las empresas, en principio, pierden el incentivo para utilizar el recurso local, como el que está presente en la universidad”, explicó la economista y planificadora Martha Quiñones Domínguez, quien, sin embargo, no descarta que algunas empresas estadounidenses opten por “lidiar” con las nuevas condiciones tributarias gracias al altamente capacitado capital humano con el que pueden contar en la Isla.

Por esa misma línea, el economista Argeo Quiñones Pérez planteó por separado que a la UPR se le escapa la posibilidad de establecer lazos con empresas que generan actividad económica sumamente rentable.

“El potencial de investigación y desarrollo, una de las áreas que por largo tiempo se ha dicho que debemos potenciar pero que nunca se ha explotado a su máxima capacidad, va a estar más limitado que antes. Ese tipo de actividad cuesta mucho y son inversiones de alto riesgo, y las ganancias se generan a largo plazo. Pero obviamente, con este impuesto se pierde gran parte del atractivo para [las empresas] realizar la inversión inicial, ya que el rendimiento económico será mucho menor”, precisó el catedrático del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Sin embargo, el efecto más dañino para la UPR producto de la reforma contributiva, a juicio de Quiñones Pérez, se relacionará con la merma en recaudos que sufrirá el erario público como consecuencia de la salida de buena parte de las empresas de control foráneo. Desde la firma de la Ley 154 en 2010, cerca de una quinta parte de los ingresos del fisco ha procedido de los impuestos a las CFC, que a su vez han podido reclamar un crédito sobre esa contribución a la hora de tributar dentro del marco federal.

A pesar de que la famosa ‘fórmula’ –con la que la UPR recibía el 9.6% de los recaudos del fondo general– pasó a mejor vida con la imposición del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal, $733 millones del presupuesto de la institución para el 2017-18 proceden del gobierno central, lo que representa casi dos terceras partes de los $1,154 millones en gastos proyectados para este año fiscal.

Aunque, según el Plan Fiscal, el monto que recibe la Universidad del fondo general se reducirá en más de $300 millones de aquí al 2026, una disminución en los recaudos del gobierno podría exacerbar el impacto sobre las partidas asignadas al sistema universitario público.

“Ciertamente, el panorama que se avecinaba para la universidad ya era incierto y desalentador, y las consecuencias de esta reforma tienen el potencial de ser muy graves de cara al futuro”, resumió Quiñones Pérez.

Cambios que se veían venir

Para el economista, el trato que la reforma contributiva impone sobre Puerto Rico es el desenlace predecible de varias décadas de medidas federales dirigidas a minimizar los beneficios económicos que las empresas estadounidenses generan, no solo en el territorio, sino en todas las jurisdicciones extranjeras, elemento que se ha recrudecido ante la retórica neonacionalista del presidente Donald Trump.

“Desde la administración de [el presidente] Ronald Reagan (1981-88), en Estados Unidos se venían estudiando las tasas de rendimiento que generaban disposiciones como la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, y la realidad es que en Puerto Rico el rendimiento era algo descomunal. Y como sabemos, eso resultó en la eliminación del estatuto en la década del 1990, ante la fría defensa que presentó la administración de Pedro Rosselló, que veía en la sección un obstáculo para la estadidad”, esbozó Quiñones Pérez.

En esta ocasión, el gobierno local igualmente ha fracasado en describir ante la esfera federal la magnitud del daño potencial que trae consigo la reforma, que solo en el sector manufacturero podría costar directamente alrededor de 30,000 empleos, de acuerdo con el estimado de Quiñones Pérez.

Las diferencias de criterio manifestadas públicamente en las alternativas propuestas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente Jenniffer González Colón tampoco han permitido construir una estrategia coherente que consiga el respaldo de las figuras claves en la capital estadounidense.

“No se llevó [a Washington] un estudio que explicara el peligro que representa la reforma tal como está formulada. El gobierno perdió la oportunidad de hacer entender al Congreso la crisis que están creando y de negociar a partir de las oportunidades que un trato preferencial a Puerto Rico representa para el desarrollo tecnológico y de innovación de capital estadounidense”, dijo por su parte Quiñones Domínguez.

En tanto, al catedrático en economía retirado del Recinto Universitario de Mayagüez Alfredo González le preocupa particularmente la inmediatez del impacto negativo de la reforma fiscal sobre la devastada economía puertorriqueña.

En ese sentido, la legislación contrasta incluso con la derogación de la sección 936, para la cual se concedió un periodo de gracia de diez años en el que, en teoría, el gobierno de Puerto Rico pudo haber definido estrategias para enfrentar la nueva realidad económica.

Frente a este gris panorama, González considera que la reforma puede servir como “lección” de cara al futuro.

“Si bien la pieza legislativa no contiene nada positivo para Puerto Rico, nos enseña que debemos buscar formas de internalizar el desarrollo económico. No podemos continuar dependiendo de legislación federal sobre la que no tenemos control para promover el desarrollo económico. Hay que entender que el poder federal no nos permite autonomía en cuanto al desarrollo”, sostuvo el experto.

Ante la reforma contributiva, cabe la posibilidad de que “existan nuevas oportunidades para el capital de empresas puertorriqueñas. Que se abra la puerta a crear una estructura económica en la que la mercancía que producimos sea para venderse en Puerto Rico como ocurre en gran parte de los países, que no dependen necesariamente de un mercado externo” para satisfacer la demanda, teorizó Quiñones Domínguez.

De cumplirse al pie de la letra el plan de los republicanos, la reforma contributiva podría presentarse para la firma del presidente Trump antes de la Navidad, entrando en efecto a partir del 1 de enero de 2018.

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Congreso, Donald Trump, economía, Empresas foráneas, impuestos, Jenniffer González, Junta de Control Fiscal, reforma contributiva, Ricardo Rosselló, UPR

SOBRE EL AUTOR

Manuel Guillama Capella

Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.