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Alexandra Lúgaro, candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
La candidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro, quien ha verbalizado su apoyo a la comunidad LGBT y ha hecho campaña bajo la promesa de una gobernanza “transparente, eficiente y responsable”, ha sido asesorada en algún punto de su campaña por Mercury, LLC, firma de “estrategia pública” que ha ayudado a gobiernos en el manejo de crisis provocadas por legislaciones homofóbicas o pobres decisiones gubernamentales en contra de derechos humanos.
En una entrevista con El Nuevo Día, y tras insistencias de ese rotativo, Lúgaro mencionó que contrató a la firma Mercury para asesorarla en asuntos estratégicos de su campaña. Además, la licenciada proveyó seis nombres: Jorge Garrido, director de campaña; Argelia León, directora de operaciones; Kristie Stiles, recaudadora de fondos; Fabián Núñez, asesor en comunicación; Adam Levine, exfuncionario de la Casa Blanca; y Fernando Ferrer, asesor senior.
Los informes de la Oficina del Contralor Electoral no dan cuenta de que la aspirante haya hecho pagos a nombre de la compañía o de esas personas. También se desconoce desde cuándo Mercury y el equipo de la aspirante trabajan juntos, o si todavía mantienen un contrato de asesoría.
En cualquier caso, lo cierto es que la firma guarda un historial de acciones que contradicen las posturas de la aspirante independiente, sobre todo, respecto a temas como el medio ambiente y la comunidad LGBT.
De acuerdo con distintos reportes de la prensa internacional, Mercury asesoró al gobierno de Uganda tras la aprobación de la Ley antihomosexualidad en febrero de 2014, lo que provocó un rechazo internacional y el retiro de apoyo económico de diversos países, incluyendo Estados Unidos.
El contrato entre la firma y el gobierno africano –acordado en junio de 2014 a razón de $600,000 por un año y renovado por un término adicional que finalizó en julio de este año– buscaba que Mercury cabildeara ante el Congreso y oficiales de la Administración Obama para promover el comercio y las inversiones en Uganda, áreas afectadas tras la aprobación de la ley. La compañía también manejó las relaciones públicas de dicho gobierno y supervisó el contenido mediático de la prensa estadounidense respecto a esta polémica.
Aunque el estatuto se declaró inconstitucional en agosto de 2014, se ha planteado que el cuerpo legislativo ugandés volverá a pasar proyectos de contenido similar.
El encargado del cabildeo de Mercury a favor de Uganda fue el excongresista republicano Vin Webber, quien formó parte de la campaña de reelección de George W. Bush del 2004 y de la precandidatura de Mitt Romney a la presidencia en el 2008. Estos lazos colocan a la firma con marcados vínculos con el Partido Republicano, a pesar de promocionarse como bipartita.
Por otra parte, Mercury fue contratada en enero de este año por el gobierno de Michigan –aclarando, sin evidencia, que no era pagada con fondos estatales– para asesorar y “manejar la crisis” provocada por la contaminación de agua con plomo en la ciudad de Flint, una de las más pobres del estado y donde la mayoría de la población es afroamericana.
Poco después de la contratación de la firma, el gobernador republicano Rick Snyder apareció en múltiples medios responsabilizando a otras agencias estatales y federales por la crisis de salud y política pública.
Mercury –según una información suministrada y corroborada por Diálogo– es una firma privada de alcance global con oficinas en 18 ciudades entre Estados Unidos y México, que sirve a más de 300 clientes y cuenta con 124 expertos en diversas áreas de consultoría. Entre estas se encuentran relaciones gubernamentales, manejo de asuntos públicos, consolidación de movimientos de base y estrategia de medios, asuntos que caracterizan la novel campaña de la abogada y empresaria.
Contradicción en el discurso
Para el profesor en política internacional José Rivera, el propósito de las firmas privadas de asesoría –más allá de brindar sugerencias en asuntos y controversias de política pública– es ganar dinero, independientemente de quién las emplee y los propósitos que tenga.
“En este caso, no contradice la política de la firma el hecho de que el gobierno de Uganda haya formulado una ley discriminatoria, lo que evidencia la postura que tiene la compañía con respecto a ese tema”, señaló.
Si bien es importante señalar las inconsistencias que presenta una candidatura a favor de la comunidad LGBT y, sin embargo, haber recibido asesoría por una compañía con vínculos a gobiernos homofóbicos –o en el caso de Flint y la crisis del agua contaminada, a gobiernos irresponsables– Rivera entiende que el impacto será mínimo en las aspiraciones de la candidata independiente.
“Nuestro electorado no tiene mucho criterio de juicio, y esto lo digo a manera de crítica. Creo que elegirán una mayoría estadista, porque no ven más allá del marco de referencia que son los partidos tradicionales. Y en el caso de que los que votarán por Lúgaro, si esta información no les importa, o entienden que la figura y las propuestas de la candidata trascienden sus actos, pues no se verá afectada”, sentenció.
El experto agregó que “una crítica similar se le hizo por endosar la semana pasada a candidatos de distintos partidos, particularmente del Partido Nuevo Progresista, que se han expresado o han impulsado políticas discriminatorias contra la comunidad LGBT o han favorecido políticas represivas contra esta”.
La candidatura de Lúgaro es dirigida por su madre América Aponte, directora de campaña y de voluntariado; su hermano Aleksander Lúgaro, director creativo de la campaña; Ana María Rivera, activista LGBT y directora de eventos; Pablo Núñez, publicista y director de redes sociales; y voluntarios en las áreas de movilización, recaudación de fondos, y funcionarios electorales.
Después de múltiples intentos de este medio, Lúgaro –que según las encuestas podría terminar en un histórico tercer lugar en esta elección– no estuvo disponible al momento para entrevista. Tampoco Mercury respondió a la solicitud de Diálogo para abundar sobre la relación de la firma con la campaña de la candidata, o de otros intereses que pudiera tener la compañía en la isla.
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