La empresa tejana SeaOne, que propone importar gas natural a Puerto Rico y cuenta con la asesoría legal del exgobernador y abogado Luis Fortuño, ha firmado un acuerdo de confidencialidad con la Administración de Terrenos (AT), agencia que ofrece propiedades del gobierno en alquiler para proyectos de interés público. El acuerdo oculta del escrutinio público el intercambio de información con la AT, como parte de las negociaciones de la empresa para obtener un terreno en el cual establecer su negocio en el País, según el contrato 2017-000082 registrado en la Oficina del Contralor.
Miembro del bufete Steptoe & Johnson LLP en Washington DC, Fortuño solicitó este año ser interventor ante la Comisión de Energía de Puerto Rico, en representación de SeaOne, durante la evaluación del proyecto para gasificar la Central Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este había sido originalmente aprobado en 2010, cuando Fortuño era gobernador.
La propuesta de SeaOne es uno de los proyectos no solicitados por el gobierno, es decir, ofrecidos por iniciativa de las empresas, que evaluó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), indicó Omar Marrero, director ejecutivo de la entidad, en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La información cobra relevancia no sólo porque la empresa está representada por un exgobernador, como había revelado el CPI en julio pasado, sino porque Fortuño contactó directamente a dos funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló por medio de correos electrónicos después del huracán María, para ver cómo acelerar el proceso de llegar a acuerdos con SeaOne y la polémica incineradora de Energy Answers propuesta para construirse en Arecibo, reveló esta semana el diario El Vocero.
La carta de Fortuño, fechada el 20 de octubre, coincide con el día en que el director de la AAPP dijo al CPI que el proyecto de SeaOne no había sido seleccionado por su agencia para suministrar gas natural a la AEE.
El huracán María pasó por Puerto Rico el 20 de septiembre con vientos sostenidos de 155 millas por hora, y destruyó gran parte el sistema de transmisión y distribución de la AEE. Esa entidad ya estaba en crisis antes de los huracanes María e Irma, pues se encontraba ante un proceso de bancarrota, sin haber invertido en la renovación y el mantenimiento de su infraestructura.
Fortuño, integrante de la Comisión de la Igualdad creada por la Ley 30 de 2017 para intentar la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, estaría protegido ante señalamientos sobre cualquier conflicto de interés mientras representa a SeaOne. Lo eximen enmiendas a la ley de la llamada “delegación congresional” criolla aprobadas en agosto. El exgobernador no respondió a una solicitud de entrevista con el CPI.
La primera versión de la Ley 30 de 2017 indicaba que los miembros de la Comisión de la Igualdad serían considerados funcionarios públicos y que no podrían tener conflictos de interés según la Ley de Ética del Gobierno de Puerto Rico. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, radicó un proyecto para enmendar esa ley, y ahora los siete delegados que componen la comisión deben costear los gastos con fondos privados, no se consideran funcionarios públicos, ni están cobijados bajo la Oficina de Ética Gubernamental.
“Esto sabe mal, no es lo ideal”, opinó el abogado Doel Quiñones, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y quien imparte cursos de ética profesional. “El riesgo de esta enmienda es que personas inescrupulosas se pueden aprovechar. Tienes a personas que hacen representación del Estado con una una patente de corso, como cuando la reina le daba a los piratas una carta para hacer lo que quisieran”.
Los abogados deben evitar “hasta la apariencia de conducta profesional impropia”, según el Canon 38 del Código de Ética Profesional. Se trata de un concepto que suele usarse respecto a la apariencia de conflictos de interés en el ámbito público, pero las querellas sobre este punto han mermado porque el concepto es impreciso. “Una cosa es que al público no le guste la conducta del exgobernador y otra que haya pruebas para presentar una querella por un asunto ético”, expresó la profesora Mayté Rivera Rodríguez, de la Clínica de Ética y Responsabilidad Profesional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“Si hay una falta, lo va a evaluar el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el tema va a ser tratado como algo sumamente subjetivo”. Seis de los nueve miembros del Tribunal Supremo fueron nombrados por Fortuño.
Pilar Pérez Rojas, ayudante especial del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, indicó que esa institución se abstendría de comentar sobre el caso, porque su Comisión de Ética tendría que evaluarlo si recibe un señalamiento al respecto.
La empresa que representa Fortuño está buscando varias localidades en la Isla pero no ha hecho una determinación final sobre la posibilidad de instalar su negocio en Puerto Rico, informó al CPI Bruce Hall, presidente y principal oficial de operaciones de SeaOne mediante correo electrónico.
“El interés de SeaOne de suplir gas y gas licuado de petróleo permanece firme”, dijo Hall después del huracán María. “Entendemos que hay asuntos más urgentes que requieren atención luego de los huracanes Irma y María. No obstante, cuando sea apropiado esperamos continuar con nuestros planes de suplir gas a la Isla. Ahora más que nunca, Puerto Rico necesita inversión privada, empleos y energía más barata. Esperamos ser parte de esa nueva realidad”, añadió.
La empresa está autorizada para hacer negocios en la Isla desde diciembre de 2015 con el nombre de SeaOne Puerto Rico. Se trata de una subsidiaria de la compañía SeaOne Holdings, fundada en 2011. Esta le da derechos para explotar una tecnología patentada que comprime el gas natural junto con otros gases, y alegadamente los hace más fáciles y económicos para transportar, según la corporación.
La intención de SeaOne es almacenar el combustible en contenedores y transportarlo en barcos desde el estado de Misisipi hasta localidades de clientes en el Caribe y América Central, comenzando por República Dominicana, según la empresa. La compañía propuso sus servicios al Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Desarrollo Económico en Puerto Rico, para establecer un centro de operaciones en Guaynabo, presentándolo como una alternativa al proyecto para gasificar las instalaciones de Aguirre.
El gas natural, que proponen los proyectos de Aguirre y de SeaOne, es un combustible fósil que aporta al calentamiento global.
