Aunque en Puerto Rico esto del ambiente es un tema que debería estar en boca de todos, la realidad es que no. Y mire que lleva tiempo sobre la mesa.
En 1967, por ejemplo, el Departamento del Interior de Estados Unidos declaró en un informe —titulado Normas de Espacio para Recreación al Aire Libre— que de acuerdo a la Asociación Nacional de Recreación y a la Asociación Regional de Planificación de Nueva York, por cada 10,000 habitantes había que dedicar diez acres de terreno para uso recreativo urbano.
En esa línea, tres años más tarde —1970— el Plan Comprensivo de Recreación al Aire Libre para Puerto Rico, señaló que en 1969 el archipiélago borincano —cuya población era de 2.8 millones— necesitaba unos 19,600 acres de terrenos para la recreación. No obstante, Puerto Rico solo contaba con 774 acres dedicados al uso recreativo ese mismo año. Es decir, 18,826 acres menos de lo requerido.
Hoy día, con una población que ronda los 3.4 millones de habitantes, todo parece indicar que en Borinquen las sugerencias hechas hace más de cuatro décadas en aquel plan fueron condenadas al olvido.
Y es que durante aquellos años figuraron entre los señalamientos el que el gobierno no debía construir ni carreteras ni utilidades públicas en áreas identificadas con potencial recreativo. Inclusive, se planteó la necesidad de imponer reglamentos restrictivos para controlar el uso de dichos terrenos. Asimismo, se identificó que el aumento poblacional y el crecimiento económico eran los principales causantes de la invasión de áreas naturales, con el agravante de la contaminación como impacto en las mismas.
Desde la década de los cincuentas se ha propuesto que en el área del Corredor Ecológico se construyan hoteles o complejos de vivienda. En la foto el reflejo del residencial público El Cemí y el complejo de apartamentos Sandy Hills. A la izquierda, la desembocadura del Río Sabana. (José Encarnación / Diálogo)
Sin embargo, al presente Puerto Rico tiene más carreteras por milla cuadrada que más del 90% de los países en el mundo. Y como ya lo ha reportado Diálogo, bajo la ley Promesa y las condiciones impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) cualquier cosa puede pasar con los terrenos del Estado, ya sean reservas naturales o no. Porque bueno, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, así como el Congreso de Estados Unidos, se han posicionado a favor de incrementar el crecimiento económico, así sea vendiendo o explotando el patrimonio ambiental a través de la construcción de proyectos de infraestructura que, bajo la ley federal, han sido definidos como “críticos”.
El caso de Luquillo
El municipio de Luquillo ha sido un blanco histórico cuando de actividad económica e intentos de explotación al medio ambiente se trata. En el Plan de Desarrollo Integral de la Junta de Planificación del año 1978 se explicó cuán problemático es el turismo en Puerto Rico como actividad económica cuando su planificación se basa en recursos naturales. Por tanto, dicho plan recomendó que para el éxito de la industria había que conservar y preservar los recursos naturales.
Pero, en el 1996, apenas 18 años más tarde, el Plan Conceptual de Desarrollo Turístico para la Zona Noreste de Puerto Rico —preparado por la Junta de Planificación— identificó la zona del Corredor Ecológico como área de alto potencial de desarrollo para instalaciones turísticas. De acuerdo al plan de acción, se establecieron “Zonas de Interés Turístico”.
Estas zonas fueron definidas en el documento público como “cualquier área de Puerto Rio que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica y dentro de las inmediaciones de su localización una serie de atractivos naturales o edificados que estén actualmente desarrollados o que tengan potencial turístico, tales como: playas, lagos, bahías, lugares históricos, edificaciones o ambientes de valor histórico, arqueológico y parajes de gran belleza natural”.
Por si fuera poco, en el mencionado plan las Zonas de Interés Turístico incluyen una zonificación especial que divide los terrenos identificados como “Residencial-Turístico” o “Comercial-Turístico”. Esto, con el fin de “beneficiar a los dueños de propiedades, ya que aumenta la posibilidad de usos y los coloca —según el documento— en un lugar más competitivo para lograr financiación”.
En ese sentido, cuando hablamos del Corredor Ecológico en el contexto de Promesa es importante recordar que la vulnerabilidad de los terrenos no es cosa de ahora. Vale la pena resaltar que a pesar de que el municipio y el gobierno declaró las tierras como reserva en el 2013 bajo la Ley 8, no queda claro el panorama de cara al futuro, pues bajo Promesa la acción municipal está sometida al poder federal.
De acuerdo al explanificador del municipio de Luquillo, Jardany Díaz Salgado, el Plan de Desarrollo Turístico de la Zona Noreste está aprobado y sigue vigente tras su aprobación en 1996 bajo el gobierno de Rosselló padre y de Luis Fortuño, quien dirigía la compañía de Turismo.
“Dentro de ese plan se establecía cortar lo que es una parte de la reserva del Corredor Ecológico y crear una especie de desvío cortando por lo que es la Finca Convento y tirando una carretera para conectar directamente con la número tres hacia el área del Hotel El Conquistador y Las Croabas. Eso está escrito y aprobado”, aseguró el también geógrafo.
Jardany Díaz Salgado fungió como planificador en el municipio de Luquillo y al presente sirve como director de programas federales. (José Encarnación / Diálogo)
“A pesar de que los terrenos que inicialmente iban a ser utilizados para el desarrollo de iniciativas hoteleras fueron protegidos en los tribunales mediante la detención de los proyectos de construcción, todavía continúan bajo el dominio del sector privado, por lo que un inversionista interesado está en la libertad de establecerse amparándose en el Título V de Promesa y bajo la definición de proyectos críticos, siempre y cuando le aplique”, añadió. Explicó que dentro de esos terrenos privados del Corredor hay parcelas del gobierno, específicamente, de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).
Según Díaz Salgado, todos esos terrenos que son de PRIDCO y los terrenos de las corporaciones o las autoridades, en la mayoría de los casos están como garantía para los bonistas. En otras palabras, están a la merced de la especulación y lo que pase con Promesa.
“Por ejemplo, si una persona o proponente quiere desarrollar un proyecto definido como “Proyecto Crítico” y tiene el aval de la JCF, que ya sabemos que es absoluta y soberana, que no tiene que pedir permisos a nadie, pues se llevan a cabo los proyectos. Y pueden generar dinero, pueden generar empleos, pueden trabajar patentes, sí. Pero, ¿a merced de qué? ¿Estamos nosotros dispuestos a impulsar un desarrollo sustentable o a dejarle a nuestros hijos terrenos prístinos, sin antes evaluar y considerar los centros urbanos que ya se han establecido?”, cuestionó.
Para Díaz Salgado el libertinaje que —a su modo de ver— reina en estos procesos “se va por encima de lo ético”, dado que se trata del medio ambiente y sobre lo que la gente de la comunidad realmente quiere y necesita.
“Imagínate, terrenos como garantía de pago para los bonistas. Es decir, si la Junta decide que va a pagarle a los bonistas desde ya se identifica como una oportunidad vender o alquilar esos terrenos a 30 o 50 años, pues lo puede hacer. Y se vería en detrimento lo que es el desarrollo sustentable y el verdadero desarrollo económico de la zona”, dijo.
Y es que Luquillo no tiene hoteles grandes, donde se utiliza el modelo turístico tradicional de sol, playa, arena y campos de golf. Aunque eso era lo que se quería imponer en los terrenos del Corredor, la dinámica en el pueblo se ha inclinado al ecoturismo y al fortalecimiento de actividades recreacionales que permitan un vínculo responsable entre las personas y el medio ambiente.
No obstante, siguen vivas las recomendaciones sobre la construcción de hoteles, condo-hoteles, villas turísticas, desarrollos residenciales y/o comerciales, parques, plazas y campos de golf en el Corredor Ecológico. Principalmente, en el área de las fincas San Miguel I y San Miguel II, cuya extensión —en el caso de San Miguel II— le pertenecía a Juan Ramón Zalduondo Viera.
Sin embargo, Zalduondo Viera, fue arrestado en el 2012 por narcotráfico y lavado de dinero. El exabogado, fue miembro de la Junta del Puerto de las Américas, expresidente del comité de finanzas del Partido Popular Democrático (PPD), miembro de la Comisión de Evaluación Judicial y de la dirección ejecutiva de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo, y estuvo en la Junta de Redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads. También, se le adjudicaba haber sido donante tanto del PPD como del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Pero volvamos a Promesa. En Puerto Rico se aprobó un nuevo Plan de Uso de Terrenos. Este plan clasificó el país y estableció unas distinciones para ordenar el uso del suelo en Borinquen. No obstante, para Díaz Salgado, las clasificaciones pueden ser cambiadas bajo Promesa en cualquier momento.
“Esto de los “Proyectos Críticos” se orienta principalmente a lo que es la infraestructura. Y sabemos que la infraestructura paga muy bien, genera empleos locales, directos e indirectos de una manera increíble. A veces son docenas de compañías las que intervienen en este tipo de proyectos. Pero de nuevo, ¿hasta qué punto se va a poner en juego la salud ambiental, todo lo que nos rodea? ¿Hasta qué punto se va a ir por encima un proyecto energético de un proyecto agrícola de gran escala?¿Hasta qué punto se puede continuar con la quema de carbón para generar energía tomando en cuanta la salud humana y ambiental?”, cuestionó.
Asimismo, el ahora director de programas federales en el municipio de Luquillo, aprovechó para reflexionar sobre el riesgo que, igualmente, corren múltiples especies. Añadió que los municipios tienen que definir sus posturas. Tienen que definir el lado de la cancha en el que van a jugar: “generar cientos de empleos temporeros para garantizar pagos a los bonistas o atender la responsabilidad de atender y defender el ambiente”.
“Ese es el peso que trae este panorama a los planificadores, a los geógrafos y a la gente que está consciente de lo que implica todo esto. Todos queremos salir de la crisis económica, todos queremos que Puerto Rico mejore, sí. Es cierto que tenemos que ajustarnos, pero hay que manejar esto de forma responsable”, sentenció.
El Corredor Ecológico del Noreste se extiende de Luquillo a Fajardo. (José Encarnación / Diálogo)
Los balnearios como garantía
Por otra parte, hay que tener presente que la mayoría de los terrenos que antes pertenecían a Parques Nacionales ahora están bajo el Departamento de Recreación y Deportes. Un ejemplo de ello son los balnearios. Para Díaz Salgado, eso representa una preocupación mayúscula, pues si esos terrenos no se compraron con fondos federales, existe la posibilidad de que estén como garantía para los bonistas.
“Algunos de los balnearios que caen bajo esta categoría son el balneario de Luquillo y Rincón. Es decir, más allá del karso y el Corredor Ecológico esto se extiende, principalmente, a las áreas donde históricamente se han llevado a cabo actividades recreativas. Esto no solamente incluye los balnearios y las reservas naturales, sino que se extiende a propiedades donde hay propiedad inmueble y estructuras que le pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes”, subrayó.
En ese sentido, puede que bajo el estado de emergencia en cuanto a infraestructura en el que se encuentra Puerto Rico, aunque los municipios administren ciertas propiedades —como parques de pelota o canchas— estas pueden ser garantía para los bonistas.
“Puede venir alguien y decir ‘en este parque caería bien un complejo de walkups. Y a ese proyecto le puedo sacar tantos millones, y con esos millones puedo hacer una emisión de bonos’. Y de esa forma si venimos a ver tenemos un montón de propiedades, de activos, que realmente ya no nos pertenecen. Y bajo el Título V de Promesa cualquier proyecto considerado ‘crítico’ puede terminar siendo una pérdida”, añadió Díaz Salgado. Aunque aclaró que no todo proyecto bajo las Alianzas Público-Privadas (APP) es malo, pues “hay que ver las condiciones y los acuerdos”.
Finalmente, para el funcionario público es importante evaluar qué se va a hacer, dado que el gobierno y la JCF tienen la mentalidad que responde a la intención de establecer un presupuesto. Pero, lo están haciendo a costa del bolsillo de los trabajadores. Y, según él, la gran pregunta es hasta cuándo el consumidor puertorriqueño aguantará el peso de las malas decisiones.
Pero bueno, si una cosa hay que dejar clara es que desde 1957, en el Recreational Facilities for People of Modest Income, se ha planteado la necesidad de incrementar terrenos de reserva. Sin embargo, son pocos los que parecen estar atentos a la amenaza “progresista” y su continuo avance. Luquillo parece tener una misión importante con sus playas.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
