Mauricio Macri vive su tiempo de mayor poderío político desde que asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2015, y parece dispuesto a aprovecharlo. El gobierno busca poner en marcha un paquete de importantes reformas a la economía argentina, en la que se destacan controvertidos cambios en la legislación laboral.
Esas modificaciones, argumenta el gobierno, bajarán costos a las empresas y recortarán la protección de la que gozan los trabajadores, a cambio de favorecer generación de empleo privado y dinamizar la economía.
Se trata de “construir previsibilidad y confianza para generar inversiones y puestos de trabajo”, con el fin último de sacar “a muchos argentinos de la pobreza”, explicó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca.
Sin embargo, mientras el proyecto fue recibido calurosamente por las más importantes cámaras empresariales del país, sindicalistas y dirigentes políticos opositores han reaccionado de manera dispar frente al anuncio de un gobierno que hoy es el dueño de la iniciativa política.
En ese contexto, hay una tensa expectativa ante el inicio del debate sobre la reforma laboral en el legislativo Congreso Nacional, previsto para el 28 de noviembre.
Entre otras cuestiones, el proyecto oficial reduce el monto de las indemnizaciones por despido. También, limita la responsabilidad frente a los trabajadores de las empresas que tomen personal a través de terceros y abre la puerta a cambios en la modalidad de la prestación del trabajo que hoy no están permitidos.
Además, la iniciativa condona deudas a empleadores que registren a sus trabajadores, a manera de incentivar el empleo formal.
La alianza gobernante de centroderecha Cambiemos obtuvo un amplio respaldo de la ciudadanía el 22 de octubre, en las elecciones legislativas de medio término.
Cambiemos no tiene actualmente mayoría propia en ninguna de las dos cámaras legislativas, ni tampoco la tendrá a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los diputados y senadores recién elegidos. Pero la alianza se ve favorecida por la falta de liderazgo en la oposición, que se acentuó luego de la derrota en las urnas el mes pasado.
El grado de confusión fuera del gobierno se hizo evidente luego del 15 de noviembre, cuando el Ministerio de Trabajo informó que había alcanzado “el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso”.
Sin embargo, luego de rotundos cuestionamientos de otros jefes sindicales, el Partido Justicialista (peronista), que es el bloque de mayor peso numérico en el Senado y tiene un fuerte arraigo sindical, dejó en claro que por ahora mide la reacción social con cautela y no está dispuesto a asumir todo el costo político.
“Que vengan ellos [por los líderes de la CGT] a defender y avalar el acuerdo en el Senado si quieren que el bloque los apoye”, avisó el jefe de la bancada, Miguel Pichetto.
El mundo del trabajo
El telón de fondo es una situación muy difícil del mercado laboral en Argentina que se arrastra desde hace años, acompañada por una frágil situación social, con un 28.6% de pobreza de acuerdo al último dato oficial.
En este país de 44 millones de personas, uno de cada tres trabajadores cumple tareas en la informalidad, sin acceso a la seguridad social y con sueldos que generalmente pierden la carrera contra la elevada inflación.
La tasa de desempleo, si bien alcanza a 8.7%, no resulta alarmante si se la compara con otras épocas de la Argentina.
Pero la situación es mucho más delicada entre los jóvenes. Según las estadísticas oficiales, el desempleo alcanza a 25% de la población de entre 18 y 24 años.
Otro mal síntoma es que, desde 2011, la población del país viene creciendo a un ritmo promedio de 1.1% anual, mientras que el empleo registrado lo hace a solo 0.7%, de acuerdo al Ministerio de Trabajo.
“La legislación laboral argentina está hecha para la primera y la segunda revolución industrial y ya vamos por la cuarta. Empresarios y trabajadores estamos frente a un desafío común, que es adaptarnos a las nuevas tecnologías”, dijo Daniel Funes de Rioja, especialista en derecho laboral desde la perspectiva empresarial.
Para Funes de Rioja, actual presidente la Organización Internacional de Empleadores, “un trabajador que se empecina en que está para ajustar un tornillo y se niega a hacer otra tarea no puede existir más”.
“En la Argentina hay apenas 10,700,000 de trabajadores formales, de los cuales más de 30% son empleados del Estado. ¿De qué desmantelamiento de los derechos de los trabajadores me hablan? Tenemos que ver cómo hacemos para que entren los que están afuera”, agregó el experto con una larga experiencia en el sector privado.
En cambio, para Luis Enrique Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, “la experiencia en Argentina y en otros lugares del mundo indica que los avances sobre los derechos de los trabajadores nunca dan resultado en materia de creación de empleo, que depende de la marcha de la macroeconomía”.
“Ningún empresario va a tomar trabajadores si no confía en el crecimiento económico. Lo que aquí estamos viendo es un intento del poder económico y financiero por recuperar, a costa de los trabajadores, la rentabilidad que perdieron a partir de 1974, cuando se sancionó en el país la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó Ramírez.
El especialista reconoce que “el nivel de protección de los derechos laborales en Argentina es muy bueno si se lo compara con otros países de la región y se compara con el de algunos países europeos”.
Justamente en esa cuestión está una de las claves del debate.
Los dirigentes de los empresarios vienen llamando la atención desde hace tiempo sobre la falta de la competitividad argentina.
La afirmación se vio reforzada por un informe de la consultora Abeceb, conocido el mes pasado, que aseguró que Argentina tiene costos laborales unitarios de manufactura más altos entre un grupo de 25 países que incluyen industrializados (como Estados Unidos y Alemania), emergentes (como Polonia y Filipinas) y vecinos regionales (como Brasil, Chile y México).
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina e hizo este año una profunda reforma que flexibilizó las relaciones laborales y preocupó a los empresarios argentinos.
Abeceb indicó que los costos laborales argentinos hacen cada vez más difícil competir con Brasil, con una brecha que es de 25% en maquinaria agrícola, de 35 en la industria automotriz y de 50 en la fabricación de calzado.
Los empresarios argentinos también han sido críticos con la justicia laboral y su tendencia a fallar a favor de los trabajadores.
El presidente Macri se puso este año al frente de esa batalla y habló de una “mafia de los juicios laborales”, que, según su argumento, provoca que pequeñas y medianas empresas se vayan a la quiebra por el peso de las indemnizaciones que son condenadas a pagar por conflictos con sus empleados.
El mandatario pertenece a una familia que controla el Grupo Macri, uno de los más poderosos del país, y él mismo ha sido presidente de una compañía automotriz del grupo y ha tenido otras actividades empresariales.
