La comunidad de sordos en Puerto Rico se enfrenta a múltiples barreras para poder adaptarse en la sociedad. Lo que para cualquier persona es normal, como ir a la escuela, agencias de Gobierno, de compra u hospitales, para ellos puede ser una ardua tarea. Así manifestaron Norberto Orama y Jannise Meléndez, sordo e hipoacústica, quienes destacaron que sus limitaciones no son percibidas por la mayoría de las personas en la Isla.
Con una población que se estima, podría estar en las 189 mil personas en Puerto Rico, son pocos los que reconocen los derechos de estas personas. Por ejemplo, comunidad de sordos en Puerto Rico está cobijada por la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, mejor conocida como la “Carta de Derecho de las Personas con Impedimentos”, y que exige a lugares de servicios básicos y gubernamentales que todo sordo debe “ser provisto de traductor o intérprete en toda circunstancia que sea necesaria para lograr una comunicación efectiva y un consentimiento informado”.
De igual modo, a nivel federal existe la Ley IDEA (Individuals with Disabilities Education Act), que ayuda a estudiantes discapacitados a recibir educación pública gratuita y en un ambiente sin limitaciones. También se encuentra la Ley ADA, que apoya parte de la Ley 238 al catalogar como ilegal la discriminación de estas personas en diferentes ámbitos, como el laboral.
Afortunadamente, existen sectores que buscan ayudar a estas personas marginadas por la sociedad. Organizaciones de base religiosa, hasta ciudadanos particulares están ayudando a inculcar en Puerto Rico un mayor conocimiento de este impedimento, integrando y uniéndose a ese mundo tan particular. El siguiente videoreportaje, aborda esta polémica y presenta algunos protagonistas que se han enfrentado con esta realidad en el País.
*Este reportaje formó parte de los requisitos del curso COMU 4025 Noticias. Y fue realizado por Lizmarielie Fuentes y Pedro A. Vázquez, estudiantes del Departamento de Comunicación Tele-radial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.
