Puerto Rico es el segundo país en Latinoamérica con mayor desigualdad social. En los últimos diez años, la tasa de pobreza aumentó de un 44% a un 46%. Sin embargo, las personas pobres suelen cargar con la culpa de la crisis como un tatuaje en la frente.
Al menos, eso fue lo que explicaron el profesor José Caraballo y la socióloga Marcia Rivera durante el 7mo Coloquio de Desarrollo Económico y Comunitario, organizado por el proyecto Matria y el Instituto de Género y Educación de Avanzada, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Caraballo, como director del único centro de análisis censal en la isla, se encargó de subrayar que contrario al estigma del “pobre-vago“, el 20% de las personas que trabajan son pobres, aunque en Puerto Rico ya se han perdido 268 mil empleos desde que empezó la crisis en el 2006.
“Hay que tener en cuenta que cuando una persona pobre decide trabajar más de 20 horas, los ponen a elegir entre el techo de sus hijos o cinco horas más y por eso es que hay que subir el umbral“, sentenció el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Rivera puntualizó que el primer paso para poder reducir la tasa de pobreza es la creación de observatorios ciudadanos para generar mediciones y soluciones a través de la observación de las conductas sociales.
José Caraballo y Marcia Rivera. (Suministrada)
Después de todo, Puerto Rico atraviesa una gran recesión económica y si fuéramos a hacer una comparación histórica, la economía actual sería una muy similar a la de 1969. Al menos, ese es el escenario que ofrecen los datos presentados por Caraballo.
Como si fuera poco, la población sigue disminuyendo: más de 600 mil personas han emigrado del país y el 46% de estos vive por debajo de los estándares de pobreza. Mientras tanto, en Puerto Rico, una de cada seis personas que trabaja es pobre. “¿Y así quieren bajar el mínimo federal? ¿Así quieren que se queden?”, cuestionó Caraballo.
“Entonces, ¿qué? ¿Bajar los estándares de vida de las personas porque no podemos con la crisis?”, preguntó el académico.
No queda más que “construir un país después de una guerra mundial, entendiendo que la crisis económica nos afecta a todos por igual“, afirmó Rivera.
Ahora bien, entre las estrategias ciudadanas está cerrar la brecha digital, impugnar las negociaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y buscar tácticas para unirse con la diáspora y cabildear por políticas industriales y en contra de las leyes de cabotaje.
Otra de las propuestas del economista fue la formulación de cooperativas que atiendan los servicios durante las subastas: transportación pública, recogido de basura, mantenimiento y servicios de seguridad.
Claro, además de aprovechar los cinco millones de puertorriqueños que viven fuera de la isla para exportar productos de consumo local, “porque no todas las mamás envían café por correo”, indicó entre risas el profesor.
De esa forma, se podría ampliar el negocio local hasta la diáspora, además de que se podría exportar servicios profesionales y redistribuir la producción regional.
De hecho, el problema es que la mayoría de la producción local está concentrada en el área metropolitana y “por eso hay tapones”, afirmó Caraballo.
La socióloga y economista habló de la posibilidad de inculcar una cultura de trueque como la que se promovió durante la crisis económica en Argentina a principios de este siglo. También mencionó el reciclaje y la reducción del consumismo.
Pero lo más importante es adelantar una agenda de derechos y no de privilegios: promover el acceso a la salud y a la vivienda para todas las personas, o al menos con esas palabras culminó el foro Amarilis Pagán, directora general del proyecto Matria.
