Matrícula ajustada a los ingresos: una propuesta condicionada

La Junta de Control Fiscal (JCF) ya lo dijo. El pueblo tiene que “hacer sacrificios”. Y por eso, ante el tétrico panorama fiscal de Borinquen, ese organismo federal ha dicho, además, que la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe ser objeto de una reducción presupuestaria de $300 millones, una cifra que varios economistas advierten podría desestabilizar peligrosamente a la institución.

Para que la UPR logre tal ajuste, la JCF ha planteado que se establezca una matrícula ajustada a los ingresos, complementada por un uso más amplio de ayudas financieras federales. Asimismo, ha propuesto que, al tiempo que la universidad del Estado aumente los costos de sus matrículas, incremente el número de estudiantes internacionales bajo el planteamiento de que pagarán una matrícula a un costo más alto que los estudiantes residentes en el archipiélago nacional.

Sin embargo, como ya reportó Diálogo el año pasado, el representante estudiantil a nivel subgraduado ante la Junta de Gobierno (JG) de la UPR, Pedro Rodríguez Mercado así como múltiples sectores de la comunidad universitaria, han planteado en incontables ocasiones que estas medidas agravarán la situación del estudiantado puertorriqueño.

Este posicionamiento responde a ejemplos como el de la Universidad del Distrito de Columbia, que experimentó un recorte de 57% en su presupuesto, y al de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, institución que —en su momento— estuvo bajo control financiero de la ciudad y cuya accesibilidad se vio afectada, afirmó la doctora Deborah Kobes a este medio en abril pasado.

En ese contexto, y ante la incertidumbre que reina en torno al futuro de la principal institución de educación superior de Puerto Rico, el exrepresentante estudiantil ante la JG, Aníbal Yariel López Correa, ha propuesto ampliar el proyecto universitario público, “mediante el incremento de diez mil puertorriqueñas y puertorriqueños para que sean parte de la UPR”.

Igualmente, López Correa, quien es estudiante graduado en el Recinto de Río Piedras, ha señalado que el 75% de los fondos UPR sean co-administrados por los Consejos de Generales Estudiantes (CGE) de las unidades o recintos, pues —según el estudiante graduado— de esta forma “[se] articula un mecanismo que permite al estudiantado fiscalizar el uso de los nuevos recaudos para atender necesidades concretas del sector estudiantil y atender temas como el desarrollo de un plan para aumentar las tasas de retención y graduación”.

En esa línea, López Correa ha añadido una tercera propuesta para enfrentar la difícil situación en la UPR: “que se reduzca el costo de la matrícula en un 50% a los sectores con ingresos familiares anuales menores a $7,500 dólares”. De acuerdo con el plan del exlíder estudiantil, este mecanismo garantizaría que los sectores socio-económicamente limitados continúen estudios universitarios en la universidad estatal y, a su vez, “puedan recibir alivio económico ante el impacto de la reforma laboral adoptada por el gobierno de turno”.

Sin embargo, el actual representante estudiantil subgraduado ante la JG de la UPR, afirmó a este diario digital vía telefónica que el movimiento estudiantil se mantiene firme en su posición contra cualquier tipo de aumento de matrícula.

Rodríguez Mercado dejó claro que el movimiento estudiantil continuará resistiendo cualquier imposición de esta naturaleza y, del mimo modo, exigiéndole a la administración que analice de manera profunda el panorama institucional.

“Nosotros no queremos ningún aumento en la matrícula. Estamos totalmente en contra de eso. Nosotros continuamos en la posición de pedir a la administración que evalúe todas las áreas e identifique donde haya ineficiencia administrativa, para que eso se resuelva primero antes de considerar en los costos por matrícula”, sentenció Rodríguez Mercado, quien adelantó que en los próximos días el liderato estudiantil discutirá a fondo diferentes propuestas, entre ellas la de López Correa.

Una propuesta condicionada

En su propuesta, López Correa señala, además, que su plan está condicionado a varios elementos fundamentales. Específicamente, destaca que el 75% de los recaudos alcanzados mediante el establecimiento de su propuesta deben ser asignados a fondos administrados en cada una de las unidades UPR, los cuales tendrán como fin financiar proyectos o iniciativas que impulsen la accesibilidad en la UPR para los sectores en desventaja socio-económica.

Del mismo modo, detalla que los fondos deben contribuir a la creación de ayudas económicas y al desarrollo de proyectos de tutorías y mentorías, así como a la organización de cooperativas estudiantiles.

Igualmente, el estudiante graduado apuntó que la UPR tiene que cumplir con aumentar su matrícula estudiantil hasta 73 mil. Y puntualiza, que “esta meta debe alcanzarse de forma organizada hasta el 2020, y [que] debe mantenerse mientras dure este modelo de matrícula ajustada a los ingresos.

López Correa añadió una tercera condición para la puesta en marcha del ajuste en la matrícula. De acuerdo con él, los fondos asignados deben crear ayudantías graduadas de investigación, servicio o cátedra, y de igual forma, deben ser complementados por fondos institucionales.

Ajuste a las exenciones

Además de las condiciones que, según López Correa, debe cumplir la principal institución de educación superior del país, también las exenciones forman parte de su iniciativa. De acuerdo con él, los estudiantes con ingresos familiares anuales de menos de $65 mil deben mantener su exención total actual.

No obstante, todos aquellos con ingresos familiares anuales de $65 mil o más y que apliquen a este tipo de beneficios, deben sufrir recortes en las exenciones, incluyendo los hijos de los empleados.

Finalmente, cabe destacar, que de igual forma se especifica que cualquier estudiante que complete estudios graduados, ya sea maestría, doctorado o algún estudio en medicina en la UPR debe darle tres años de servicio público al país.

En caso de que el o la estudiante no desee cumplir con este requerimiento, tendría que pagar el equivalente a tres veces el costo de matrícula actual para programas graduados ($140 el crédito de maestría y doctorado).

“Solo se harán excepciones con personas que vayan al extranjero a hacer estudios doctorales, post-doctorados o especializaciones en medicina, para quienes se acumulará la deuda por el tiempo que dure hacer la especialización. En caso de no volver, se calcularán intereses por el tiempo que estuvo fuera del país”, puntualiza el documento (borrador), que asegura que las expectativas de ingresos adicionales rondan en los $30 millones por año.

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A continuación el ajuste a la matrícula propuesto para nivel subgraduado, el cual detalla una reducción en los costos de matrícula para los estudiantes cuyos ingresos familiares no sobrepasen los $7,500 anuales, pero que igual propone un aumento de $112 al costo actual del crédito ($56) para aquellos cuyas familias generen $125 mil al año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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