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Tyler Duvall, quien maneja desde McKinsey la relación diaria entre el equipo de esa firma y la Junta de Control Fiscal. (Juan Costa/Centro de Periodismo Investigativo)
La firma de consultoría financiera McKinsey & Co. es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico.
A través de una subsidiaria, McKinsey también tiene bonos de Puerto Rico.
Correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demuestran el rol central que juega la compañía multinacional en la operación de la entidad creada en el 2016 bajo la ley federal Promesa. Como representantes autorizados de la Junta, algunos socios de McKinsey interactúan frecuentemente con funcionarios del Gobierno federal, discutiendo temas que van desde la selección de oficinas y activación de los emails de la Junta, a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La firma ha sido clave a la hora de montar el andamiaje del ente rector, preparar e implementar los planes fiscales del Gobierno, y determinar el futuro de los sistemas de salud, educación y transportación pública en Puerto Rico, entre otras áreas. Asesora en el proceso de quiebra que enfrenta la Isla bajo el Título III de Promesa y en el cual busca reducir los más de $120,000 millones en deuda pública, incluyendo las pensiones de empleados públicos.
Mientras McKinsey actúa como el principal asesor estratégico de la Junta, una subsidiaria de la firma llamada MIO Partners (McKinsey Investment Office Partners) es dueña de por lo menos $20 millones en bonos de Puerto Rico, específicamente de Cofina, según reveló recientemente The New York Times. MIO Partners opera un fondo que invierte dinero de los socios, exempleados y planes de retiro de McKinsey.
La firma también tiene millones de dólares invertidos en Whitebox Advisors, uno de los miembros de la Coalición Sénior de Bonistas de Cofina, cuyos bonos son respaldados por el IVU. Desde el comienzo de la quiebra, Whitebox ha estado activo en la compra y venta de bonos de Cofina, recientemente aumentando su inversión en esta deuda a casi $170 millones para noviembre de este año. Cofina se enfila como el segundo crédito de Puerto Rico a ser reestructurado en el tribunal federal. El 16 de enero, la jueza Laura Taylor Swain atenderá el plan de ajuste sometido por la Junta para Cofina, sobre $17,000 millones de la deuda pública.
La Junta confirmó al CPI que conoció del posible conflicto de McKinsey en septiembre de este año. En reacción a la noticia de que su principal asesor también es bonista, la entidad anunció que iniciaría una investigación al respecto. La asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime-Blanc, y uno de sus bufetes bajo contrato, Luskin, Stern & Eisler, fueron puestos a cargo de la pesquisa ya que el principal bufete de la Junta, Proskauer Rose, pidió inhibirse por que sus relaciones con McKinsey.
El ente rector espera publicar un informe con los hallazgos de esta investigación para finales de año, según confirmó por escrito al CPI. Mientras tanto, McKinsey continúa brindando — y cobrando por — sus servicios.
¿Por qué no separar a la firma de consultoría hasta tanto culmine la investigación?, preguntó el CPI a la Junta.
“McKinsey es un consultor valioso con pericia y experiencia que ha contribuido grandemente a nuestra labor en la isla. Confiamos en que el proceso investigativo corriente proveerá la información requerida para informar cualquier próximo paso”, contestó la Junta.
Tanto McKinsey como la Junta aseguraron al CPI que la firma ha cumplido a la hora de revelar posibles conflictos en el caso de Puerto Rico. “Las divulgaciones de McKinsey cumplen completamente con todos los requerimientos legales y de la Junta”, respondió por escrito la firma. Asimismo, sostuvo que Promesa no requiere cumplir con la Regla 2014 de la Ley de Quiebra Federal, la cual exige la divulgación de cualquier conexión con el deudor, acreedores y cualquier parte interesada.
En el caso de la Junta, esta fue cautelosa: “Entendemos que Promesa no incluye la Regla 2014”.
Al igual que en ocasiones anteriores, McKinsey negó cualquier tipo de conflicto. Aunque MIO Partners es su subsidiaria, alega que sus labores se manejan de manera independiente y separada al negocio de consultoría. “Los consultores de McKinsey no pueden manejar las inversiones de MIO y no tienen conocimiento de las inversiones específicas de MIO o a través terceros. Información relacionada a inversiones específicas de MIO no se comparte con McKinsey & Co.”, contestó la firma al CPI.
El Código de Conducta para contratistas que incluye el ente rector en la contratación de sus servicios profesionales establece que si “el contratista no divulge posibles conflictos de interés y estos sean descubiertos por la Junta, el contratista estará prohibido de hacer negocios con la Junta”.
Para Matt Fabian, analista de Municipal Market Analytics, sería “inapropiado” si los intereses financieros de McKinsey son afectados por el resultado de su servicios de consultoría.
“Como mínimo, hace más probable que el producto de la consultoría de McKinsey sea objeto de litigio en el futuro”, añadió Fabian.
Contratistas que actúan como empleados
Con una nómina de casi 20 empleados, el peso del trabajo que realiza la Junta recae en la subcontratación de más de 20 compañías de consultoría y bufetes, en su gran mayoría del exterior. Junto al bufete Proskauer, McKinsey lidera la lista en la facturación y nivel de importancia de los trabajos; representa una cuarta parte ($15.4 millones) del presupuesto de este año fiscal ($64.7 millones). Esto no incluye lo que la firma cobra por su trabajo en los casos de quiebra bajo el Título III y que facturan directamente al Departamento de Hacienda, que ya alcanza los $25 millones.
Al sumar, la firma ha generado alrededor de $50 millones desde su contratación a finales del 2016. A diferencia del resto de los abogados y consultores de la Junta, el Gobierno y los comités que representan retirados y acreedores no asegurados, McKinsey no lleva un registro o desglose de sus horas trabajadas. No es su política con sus clientes, según la compañía, y el costo en el caso de Puerto Rico es una tarifa fija mensual que ha rondado los $2 millones.
La presencia de algunos empleados de McKinsey en los trabajos de la Junta es de tal magnitud que son confundidos en ocasiones como las personas contacto para asuntos relacionados al ente rector. Este fue el caso del Departamento del Tesoro, que en un inicio nombró a Aaron Bielenberg — empleado de la firma y quien fuera por unos meses el primer coordinador de revitalización creado por Promesa — como la persona contacto de la Junta en el acuerdo entre el Gobierno local y la agencia federal para el préstamo de emergencia tras el huracán María llamado Community Disaster Loan (CDL).
“No sé quién puso el nombre y dirección de una persona de McKinsey (Aaron Bielenberg) como contacto con la Junta, pero entiendo que debe borrarse y reemplazarse con mi nombre o el del principal abogado, Jaime El Koury”, advirtió en abril la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, a un funcionario del Tesoro luego de revisar el acuerdo final para que el Gobierno tuviera acceso al CDL.
En otra ocasión y sobre el plan de recuperación tras María, uno de los abogados en el equipo de la Junta, Kyle Rifkind, contestó una petición de reunión de Rima Oueid, entonces asesora del Departamento de Energía federal:
“Suena bien. Si es la próxima semana, hagámoslo jueves después de las 3 de la tarde. Estaré en Europa de vacaciones por lo que a lo mejor no pueda unirme a la llamada, pero Aaron de McKinsey estará en ella. Sin embargo, si la semana del 9 de abril; no es muy tarde, preferiría eso entonces porque estaré de regreso en la oficina. Lo dejo a tu discreción”.
El exgobernador Alejandro García Padilla nombró a Aaron Bielenberg como el primer Coordinador de Revitalización bajo Promesa, a cargo de impulsar proyectos de infraestructura crítica bajo el Título V de la ley federal. A pesar de su nombramiento, Bielenberg nunca dejó su puesto en McKinsey, confirmó el CPI.
“Bajo la dirección de la Junta y con la aprobación del gobernador [García Padilla], las actividades del Coordinador de Revitalización se llevarían a cabo de manera interina, por un miembro del equipo de McKinsey hasta que la Junta contrate a un Coordinador de Revitalización en propiedad”, sostuvo McKinsey. La selección de Bielenberg se anunció el 9 de noviembre del 2016, pero el contrato se firmó el 27 de noviembre.
Tras nueves meses como Coordinador de Revitalización — y sin materializar ningún proyecto crítico — renunció a su posición para darle paso a Noel Zamot. Sin embargo, su trabajo en la crisis fiscal de Puerto Rico no culminó ahí: desde McKinsey, Bielenberg ha liderado los esfuerzos de privatización de la AEE, y también asesora en temas relacionados a la Autoridad de Carreteras.
Casi una veintena de empleados de la firma asesoran a la Junta. Algunos de los socios de McKinsey que forman parte del equipo son Kevin Carmody, Sara O’Rourke, Ojas Shah, Todd Wintner, Tom Dohrmann, y Bertil Chappuis, un puertorriqueño experto en el sector tecnológico y que trabaja desde las oficinas de la firma en Silicon Valley, California.
Tyler Duvall es quien maneja desde McKinsey la relación diaria entre el equipo de esa firma y la Junta. Experto en transportación, fue el principal asesor de política pública en el Departamento de Transportación federal bajo la administración de George W. Bush. Allí coincidió con DJ Gribbin, quien fue hasta hace unos meses el principal asesor de infraestructura del presidente Donald Trump.
En un correo electrónico con fecha del 7 de marzo, Duvall escribió a Gribbin y a Kathleen Kraninger, entonces asesora en la Oficina de Manejo y Presupuesto Federal y recién confirmada para dirigir el Consumer Financial Protection Bureau:
“Hola Kathy y DJ. El miembro de la Junta a cargo del tema de la AEE, David Skeel, estaba pensando en venir a la ciudad [Washington] este viernes y quería ver si alguno de ustedes podría tomarse un café. David es un profesor de derecho en Penn [Universidad de Pensilvania] y un experto en quiebra. Está copiado [en el correo]”.
La reunión ocurrió días después, según consignó en un mensaje de seguimiento Skeel, quien agradeció el “compartir notas sobre la AEE” y pidió continuar las conversaciones de manera semanal hasta que se aprobará un plan fiscal para la corporación pública. Además le envío por correo copia de su libro, A True Paradox: How Christianity Makes Sense of Our Complex World.
Un mes después, en abril, Gribbin renunció a su puesto. En el verano, se unió a Stonepeak Infrastructure Partners, una firma de inversiones en proyectos de infraestructura. En julio, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) precualificó a Stonepeak como una de las firmas que buscan obtener el contrato para “modernizar” el sistema de contadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Antes de unirse a la administración Trump, Gribbin trabajó en Macquarie Capital, donde asesoró en las APP de la PR-22 y PR-5, así como en la del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Sin embargo, al día de hoy, Stonepeak ya “no está participando en el proceso”, reaccionó por escrito el director de la AAPP, Omar Marrero.
Errores matemáticos de miles de millones
La Junta ha recertificado el plan fiscal del Gobierno en cinco ocasiones desde marzo de 2017. Algunas revisiones responden a cambios en la realidad económica de Puerto Rico, como ocurrió luego del huracán María. Otras, a errores matemáticos que en ocasiones superan los miles de millones de dólares.
Luego de certificada en octubre la versión más reciente del plan fiscal, el ente rector advirtió que había un error en las proyecciones relacionadas a las pensiones públicas. El plan subestima la cantidad que el Gobierno debe pagar por concepto de las pensiones de empleados públicos durante los próximos 40 años. El error matemático fue de $3,350 millones.
Según las facturas presentadas en el tribunal, McKinsey ha capitaneado la preparación de cada una de las versiones del plan fiscal del Gobierno. Y aunque las facturas incluyen trabajo relacionado a pensiones, tanto la firma como la Junta negaron que el error fuera culpa de McKinsey.
Este verano, la Junta también tuvo que revisar el plan certificado por una discrepancia en las proyecciones de población y gastos de salud. El error matemático en esta ocasión fue de $4,000 millones. La Junta no negó ni confirmó que este desfase fuera a causa de McKinsey.
“Son errores que cuestan millones de dólares”, dijo una fuente cercana a los trabajos de la Junta.
Otras áreas que McKinsey ha trabajado recientemente incluyen la eliminación de las protecciones laborales bajo la Ley 80, reducir el tamaño de la Legislatura y la Rama Judicial, el gasto en el plan de salud público, la liquidez del Gobierno, los recaudos en patentes y arbitrios por parte de las compañías foráneas en la isla, el recibo de fondos federales y el desarrollo del plan de recuperación tras María. Asiste a la Junta en sus informes anuales, ayuda a sus miembros cuando estos reciben preguntas sobre el plan fiscal o el presupuesto, y prepara las cartas que el ente rector envía al Gobierno cuando quiere advertirle que incumple con sus directrices.
McKinsey también es responsable de que el presupuesto impuesto sobre el Gobierno de Puerto Rico vaya siempre de la mano con lo que dice el plan fiscal. Para esto, sostienen reuniones frecuentes con el Gobierno de Rosselló Nevares.
En un principio, la firma llevaba la voz cantante por parte de la Junta en la privatización de la AEE. Así lo dejó saber en un email a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, a preguntas de Craig Phillips, exasesor del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“Ankura fue el consultor [del Gobierno] en la AEE. Ahora también tienen a Filsinger Associates. En esto [la AEE], la Junta solamente usó a McKinsey”, dijo Jaresko casi dos semanas antes de que el gobernador anunciara la privatización de la corporación pública. Tras el anuncio, la firma Citi Global Markets se unió al grupo que asesora a la Junta en este tema. Sin embargo, el CPI supo que poco tiempo después del anuncio, la Junta dejó de incluir a McKinsey en los esfuerzos de privatización de la AEE.
Otra corporación pública cuyo futuro está en las manos de McKinsey es la Autoridad de Carreteras. El plan fiscal de Carreteras pide un cambio o “transformación” hacia una entidad que basada en la subcontratación. Asimismo exige aumentos en los peajes e identificar concesiones de peajes. Esta visión es consistente con lo que Duvall ha empujado desde hace varios años como la dirección correcta para invertir en infraestructura de transportación pública.
Señalada en otras quiebras
McKinsey ha sido señalada en múltiples ocasiones por no revelar posibles conflictos de interés y otras divulgaciones requeridas por ley. Los profesionales que trabajan en los procesos de quiebra están requeridos de divulgar toda relación o información que represente un posible interés en el caso que trabajan.
Un ejemplo reciente es el de Alpha Natural Resources, una compañía minera de Tennessee que se fue a quiebra hace unos años. Hace unas semanas, el Síndico de Estados Unidos (U.S. Trustee) radicó una declaración en la que describe cómo McKinsey incumplió con su obligación de divulgar información relacionada a sus intereses en el caso que culminó hace más de dos años. Parte de lo que McKinsey no divulgó incluye inversiones de su subsidiaria, MIO Partners, en deuda de Alpha Natural Resources — una situación similar a lo que ocurre en la quiebra de Puerto Rico y los bonos de Cofina.
La conducta de McKinsey “afecta la confianza de los ciudadanos en el proceso de quiebra”, indicó el funcionario del Departamento de Justicia federal, quien pidió reabrir el caso de Alpha Natural Resources y la devolución de los honorarios que devengó la firma de consultoría financiera.
Sin embargo, las imputaciones más fuertes contra McKinsey vienen de un viejo conocido y competidor directo. Por años, Jay Alix, socio fundador de la firma de consultoría AlixPartners, ha acusado a McKinsey de ocultar deliberadamente posibles conflictos de interés e incumplir con requisitos de divulgación. AlixPartners fue durante más de dos años el principal asesor de reestructuración de la AEE.
“Entre 2001 y el presente, McKinsey ha presentado a sabiendas e intencionalmente, declaraciones falsas y materialmente engañosas bajo juramento en los procedimientos de quiebra en los que [McKinsey] ha sido contratada como profesional, con el fin de encubrir ilegalmente sus múltiples conexiones significativas con ‘partes interesadas’ identificadas en los procedimientos de quiebra y así evitar revelar numerosos conflictos de interés que impedirían su contratación como profesional en dichos procedimientos”, lee una demanda civil presentada en mayo por Jay Alix en contra de McKinsey bajo el RICO Act, una ley federal contra corrupción y crimen organizado.
La firma ha negado cualquier tipo de conflicto, pero Alix alega que MIO y McKinsey no son entidades separadas.
“McKinsey es una sola firma. Por lo tanto, la Regla de Quiebra 2014 requiere que McKinsey divulgue no solo sus propias conexiones, sino también las conexiones de sus afiliadas, incluyendo las de MIO”, según expresó en una objeción a la contratación de McKinsey presentada por su compañía Mar Bow Value Partners, como parte de la quiebra de la empresa de carbón Westmoreland.
En el caso de Puerto Rico, McKinsey y la Junta alegan que no les aplica la Regla 2014.
Quinta entrega de la serie “Los emails de la Junta”.
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