Promesa, nuestra nueva constitución
Reserva Marina Playa Tres Palmas en Rincón. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Desde inicios de este cuatrienio se ha visto la sinergia entre la legislación local y las disposiciones de Promesa –el acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico–, estatuto federal aprobado en junio de 2016 para estabilizar las finanzas del País y reestructurar la deuda pública que asciende a $70 mil millones.
Quizás los legisladores y funcionarios de la Rama Ejecutiva no lo digan abiertamente, pero en los documentos que producen es patente la supremacía de Promesa sobre todo asunto en la Isla, y la inevitabilidad de acoplarse a sus disposiciones.
Una de estas es el Título V de la ley federal, que versa sobre la revitalización de la infraestructura del País mediante “proyectos críticos” en áreas como energía, agua, alcantarillado, desperdicios sólidos, autopistas y carreteras, puertos, y telecomunicaciones.
Para algunos –incluyendo el propio presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III– dicho título es la única herramienta de desarrollo económico incluida en Promesa.
El Título V encuentra su contraparte en la Orden ejecutiva 2017-03, que declara un estado de emergencia en infraestructura y, al amparo de la Ley 78-2000, mandata a las agencias correspondientes la aprobación expedita de proyectos que mejoren la prestación de servicios a la ciudadanía y permitan el desarrollo de actividad económica.
Y serán precisamente los “proyectos críticos” el centro de la discusión del First Puerto Rico Public-Private Partnerships Summit (P3 Summit), nombre que ha dado la administración de Ricardo Rosselló Nevares a la convención que se celebra hoy y mañana en el Centro de Convenciones en San Juan y que, en síntesis, coloca en vitrina los 12 proyectos –tanto de infraestructura como de energía– con prioridad gubernamental.
Entre estos, se encuentran culminar las plantas de gas en Costa Sur (Guayanilla) y Aguirre (Salinas), así como la extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla. Dichos proyectos podrían beneficiarse, en primer lugar, del trámite acelerado que dispone el Título V y que recapitula la orden ejecutiva, y en segundo lugar, del financiamiento que podría obtenerse mediante alianzas público-privadas.
La apuesta del gobierno, como indicó a Diálogo el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Omar Marrero, es utilizar la concesión de la PR-22 y la PR-5 a Metropistas, al igual que la del Aeropuerto Luis Muñoz Marín a Aerostar Airports Holdings, como ejemplos exitosos de alianzas público-privadas para, de esta manera, convencer a los desarrolladores para invertir en Puerto Rico.
El objetivo, como parte del Plan Fiscal para Puerto Rico, es que en un plazo de diez años, los 12 proyectos representen una inversión de $5.1 mil millones y la creación de sobre 100,000 empleos. El gobierno no ha dado detalles de qué tipo de empleos serían estos –si temporeros o permanentes– ni si el salario superará el mínimo federal.
En guerra avisada…
El P3 Summit se presenta a pocos días de la publicación de nuestra serie Diálogo Verde 2017, en la que analizamos –a raíz de la divulgación del informe Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA del Pinchot Institute for Conservation– las implicaciones de la ley federal sobre la legislación ambiental del País y la potencial amenaza que esto representa sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la Isla.
En síntesis, la JCF –valiéndose de la cláusula de supremacía en Promesa y de las extensas prerrogativas que concede al ente federal– podría declarar inválidas leyes ambientales que protegen reservas naturales y terrenos agrícolas para su venta en pro del servicio de la deuda.
Un corolario de esa amplísima facultad es invalidar reglamentos, delimitaciones territoriales, y declaraciones de impacto ambiental para, en resumen, permitir el desarrollo de terrenos donde antes no era posible, precisamente vía el Título V de la ley federal.
La cuestionable pertinencia del Aguirre Offshore GasPort y de la extensión de la PR-22 –así como la irreversible destrucción ambiental que implicaría este último proyecto en la zona kárstica al norte de la Isla– ya ha sido señalado y criticado por reconocidos expertos de la comunidad científica y ecológica del País.
Así las cosas, habrá que estar atentos a la presentación de Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, quien hablará el viernes en el P3 Summit del ‘Programa de proyectos críticos bajo el Título V de Promesa’, donde se espera que arroje más luz de la postura e intenciones del ente federal con respecto a la viabilidad de estos proyectos.
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