A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas

Las Piedras del Collado, entre Cayey y Salinas, designada como reserva natural en el 2000. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

4 de abril de 2017 Por Emmanuel Estrada López Diálogo Verde 2017

Quizás los puertorriqueños no hayan sentido aún los embates de lo que se avecina.

Y lo que se avecina, sin más, es que como parte de las capacidades que ostenta la Junta de Control Fiscal (JCF), esta podría iniciar la venta de terrenos protegidos por leyes ambientales estatales para abonar al servicio de la deuda que ronda los $70 mil millones.

“Existe el potencial para que la junta disponga de estos terrenos para su venta o para que sean transferidos a un acreedor como parte de un acuerdo de reestructuración”, afirma el documento Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA, en poder de Diálogo.

El informe, con fecha de enero pasado, es de la autoría de James Snow, abogado del Pinchot Institute for Conservation, una organización con sede en Washington dedicada a la protección forestal y el desarrollo de política pública a esos fines.

En síntesis, el escrito confirma la amenaza al medio ambiente que representan las disposiciones de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). El asunto ha quedado afónico en la discusión pública, donde han imperado los efectos de la ley federal en el desarrollo económico, las condiciones de empleo, la privatización de servicios esenciales, el millonario recorte a la educación universitaria pública y el prospecto de precariedad en el diario vivir de los puertorriqueños.

Una afonía preocupante si se considera, a la luz del informe, que desde que la JCF asumió jurisdicción sobre el Estado Libre Asociado y sus dependencias en septiembre pasado, tiene en su poder 339 millas cuadradas –casi un 10% de la extensión territorial de Puerto Rico– que han sido declaradas áreas protegidas por legislación estatal y que ahora, por su arbitrariedad, podría liquidar para abonar al pago de la deuda.

Estos son los terrenos que albergan reservas naturales, tierras agrícolas, zonas marítimo-terrestres y suelos de alto valor ecológico cuya protección es política pública con garantía constitucional.

Son, también, los terrenos donde ubican la mayoría de los recursos naturales del país –particularmente el agua– y la esperanza de la soberanía alimentaria para una isla que solo produce un 19% de los alimentos que consume.

Fulminada la protección ambiental con Promesa

El informe del Pinchot Institute podría resumirse en cuatro puntos: la supremacía de Promesa y la inutilidad de las leyes estatales para proteger los terrenos y recursos naturales; las salvaguardas que ofrece la legislación y programas federales para lo mismo; el impacto de los procesos expeditos del Título V de Promesa al medio ambiente; y la reducida participación ciudadana.

Valiéndose tanto de la cláusula de supremacía desglosada en la sección 4 de Promesa, como en las disposiciones de la sección 204(b)(5), el documento plantea la superioridad de la ley federal sobre todo el ordenamiento puertorriqueño, al nivel de puntualizar que “la JCF puede efectivamente invalidar leyes y reglamentos puertorriqueños”.

Ya se vio un preámbulo de ese poder la pasada semana, cuando el presidente de la JCF, José Carrión III, le notificó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que toda legislación aprobada deberá venir acompañada de una certificación de cumplimiento con el Plan Fiscal para Puerto Rico. De lo contrario, será invalidada por la junta sin consideración alguna a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo.

En esencia, “el informe recoge la amplia facultad para en efecto obviar las leyes, particularmente con relación a la protección ambiental”, sostuvo la licenciada Ruth Santiago Quiñones, de la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

“Mediante una ley particular, el Congreso ha desatendido la política pública ambiental en nuestro ordenamiento, que es de rango constitucional. Eso no es nuevo, pues sucede también con los casos de pena de muerte, con la interceptación de llamadas telefónicas, que son garantías que están en nuestra constitución pero que el gobierno federal ha ignorado completamente”, consideró por su parte Luis José Torres Asencio, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Torres Asencio agregó que “ciertamente es una atribución de poder extraordinaria que en temas de infraestructura, de ambiente, de planificación, pues llega a los extremos que sugiere el informe: ignorar o convertir en inaplicables términos, procedimientos y disposiciones de leyes ambientales de Puerto Rico”.

Precisamente por la amplísima facultad que otorga Promesa a la JCF, el escrito recomienda no descansar en las leyes locales para la protección de recursos naturales, sino “en lo máximo posible”, en los estatutos y reglamentos federales existentes.

De ahí que aun cuando Puerto Rico tiene actualmente un 16% de su territorio protegido –554 millas cuadradas–, solo un porcentaje ínfimo (6%) se vería fuera de la jurisdicción de Promesa por ser designaciones federales, como el bosque nacional El Yunque y los refugios nacionales de vida silvestre en Culebra, Laguna Cartagena, Vieques, Cabo Rojo y Desecheo.

“Las tierras y reservas federales no quedan sujetas a los efectos de Promesa. Lo que sí queda sujeto a ella son terrenos patrimoniales del gobierno. No están sujetas áreas protegidas privadas, ni áreas protegidas por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Solo las agencias y corporaciones públicas que tienen terrenos podrían verlos liquidarse a través de las disposiciones de Promesa para pagar la deuda”, resumió Ariel Lugo, científico y ecologista que dirige el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, adscrito al Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Datos suministrados por el planificador Luis Jorge Rivera Herrera. (Gráfica por Emmanuel Estrada López)

De acuerdo con el informe, el asunto toma un giro más siniestro si, además de la facultad de irse por encima de leyes locales, se considera el inciso 10 de la sección 205 de Promesa, donde la JCF –como parte de las recomendaciones que puede someter al gobernador o a la Asamblea Legislativa para que el gobierno cumpla con el plan fiscal o para que ejecute acciones que redunden en la estabilización de las finanzas y el crecimiento económico– podría proponer la “privatización y comercialización de entidades dentro del gobierno territorial”.

Visto en conjunto, explicó Santiago Quiñones, el ente federal no tendría impedimento en declarar inválida una ley estatal que designa una reserva natural y recomendar su liquidación para abonar al servicio de la deuda, quedando el activo en manos privadas y sin importar mucho cómo este termine desarrollándose y cuánto realmente sea su valor monetario.

“Aquí no hay duda que todos estos terrenos que forman parte de reservas naturales o que tienen valor agrícola ostentan el máximo grado de protección que pueden dentro de nuestro ordenamiento. Lo que se nos sugiere es que los poderes de la JCF son tan extraordinarios que puede hasta deshacer eso. Estamos hablando de terrenos que el Estado, como cuestión de política pública, decidió proteger, y la junta –conforme a la interpretación plausible del informe– podría erradicar eso” para pagar a los acreedores, puntualizó Torres Asencio.

El presidente de la JCF no confirmó –ni descartó– que se contemple precisamente vender activos protegidos por leyes ambientales locales.

“Yo no tengo idea”, fue la respuesta inicial de Carrión III a preguntas de este medio el pasado viernes en un aparte con la prensa durante la sexta reunión del ente federal en San Juan. “Si quieres se la puedes preguntar al abogado”, agregó poco después.

El representante de Rosselló Nevares ante la JCF, Elías Sánchez, intervino para detallar que de parte de la actual administración “eso no está contemplado, porque lo que conllevaría no es una revisión de una ley, sino un plan, así que toda revisión de un plan tiene que estar en cumplimiento con los procedimientos que así lo disponen. Les tengo que decir que por lo menos la intención expresa o lo que se ha trabajado por parte del plan fiscal no va dirigido en esa dirección, sino hacia una reestructuración del gobierno de Puerto Rico”.

La posibilidad, parecen sugerir las respuestas, no ha sido descartada.

El Título V: terrenos a la sombra de los proyectos críticos

Al panorama de indefensión a nivel local que enfrentan los terrenos públicos y recursos naturales con el nuevo orden impuesto por Promesa se añade otra variante: el Título V de la ley federal, que dispone para la revitalización de infraestructura en la isla.

Dicho título –para algunos, entre ellos el propio presidente de la JCF, Carrión III, la única herramienta de desarrollo económico dentro de Promesa– mandata la tramitación acelerada de permisos para “proyectos críticos” de infraestructura en áreas como energía, agua, alcantarillado, desperdicios sólidos, autopistas y carreteras, puertos, y telecomunicaciones, algunos de los cuales podrían entrar en conflicto con áreas naturales protegidas.

Una vez un proyecto recibe su aprobación como uno de carácter “crítico”, entra en un trámite expedito que no debe durar más de cuatro meses.

Rosselló Nevares adelantó el viernes a The Associated Press que la extensión de la autopista PR-22 de Hatillo a Aguadilla, el desarrollo de los terrenos de la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, mejoras a la infraestructura de escuelas públicas y el dragado del Caño Martín Peña son algunos de los “proyectos críticos” que podrían adelantarse próximamente vía alianzas público-privadas participativas.

Promesa, detalla el Informe Snow, reconoce como frenos al proceso expedito las conclusiones que haga la Junta de Planificación y la Comisión de Energía con respecto al “proyecto crítico”: este no podría serlo si afecta las demarcaciones del Plan de Uso de Terrenos (PUT), o si afecta las disposiciones del Plan Integrado de Recursos, respectivamente. Dentro del PUT están consignadas tanto las áreas naturales protegidas (365,332 cuerdas) como terrenos agrícolas protegidos (637,592 cuerdas).

“Este informe acentúa o visibiliza cuán asediado está el ordenamiento ambiental en Puerto Rico en estos tiempos”, anotó Luis José Torres Asencio, abogado y profesor en la UIPR. (Luis de Jesús / Diálogo)

A juicio de Torres Asencio, ya es palpable cómo varias de las legislaciones y órdenes ejecutivas que se han aprobado en los primeros tres meses del cuatrienio buscan atemperar ordenamiento legal puertorriqueño a las disposiciones del Título V de Promesa.

“El problema es que la política pública de la administración actual es precisamente revisar esos documentos [el PUT]. Uno de los primeros proyectos de ley presentados es la reforma a la Ley de Permisos [P. del S. 310], y ese proyecto tiene un artículo, cerca del final, que ordena a la Junta de Planificación a revisar todos sus instrumentos de planificación –incluyendo el PUT– para simplificar las normas de planificación y adaptarlo a las disposiciones de la ley Promesa”, detalló el abogado.

Lo anterior tendría como resultado que se flexibilicen las demarcaciones territoriales para poder desarrollar proyectos donde antes no era posible. A eso, dijo Torres Asencio, debe sumársele la Orden Ejecutiva 3, que declara un estado de emergencia sobre la infraestructura de Puerto Rico, y la Ley 3, que le permite al gobernador remover de la junta de directivos los funcionarios que no gocen de su confianza. Es decir, aquellos que no sigan la política pública de acelerar los trámites para el desarrollo de proyectos críticos.

“[La orden ejecutiva] es la atribución de poderes más extraordinaria que se ha dado porque cualquier proyecto importante para la administración de turno o para la JCF es en teoría elegible bajo la definición de infraestructura, y quizás lo peor es que no hay un espacio para cuestionar esa determinación. En ningún momento al país se le ha explicado por qué es que existe tal emergencia en cuanto a la infraestructura”, cuestionó Torres Asencio.

El doctor Lugo, en tanto, recapituló que como parte de la prerrogativa de la JCF de invalidar leyes ambientales, también podría dejarse sin efecto los permisos, las declaraciones de impacto ambiental y la participación ciudadana en el trámite de aprobación.

“Todo eso se puede eliminar y entonces los puertorriqueños se convierten en meros observadores de fuerzas externas, extranjeras a la sociedad puertorriqueña, haciendo y deshaciendo con su recurso tierra y sus áreas ambientalmente sensitivas”, sentenció el científico.

Ese punto también lo abordó Torres Asencio, quien criticó que, además de recortar los términos dispuestos en las leyes ambientales y de planificación para lograr una aprobación atropellada, el Título V de Promesa limita la participación de la ciudadanía a dejar un mero comentario durante los 30 días previos a que el “proyecto crítico” pase a la consideración final de la JCF.

“Estamos hablando de que están cerrando espacios que de por sí ya estaban siendo cuestionados por la ciudadanía como insuficientes. En vez de estar creando nuevas maneras de hacer gobierno y de deliberar cómo vamos a resolver los problemas que enfrentamos dentro de esta crisis fiscal y económica, lo que vemos es cómo se va cerrando la cúpula de personas que pueden tomar decisiones, y cuando uno examina quiénes componen esa cúpula vemos muchas de las caras que colaboraron con traernos a este lugar en donde estamos”, subrayó.

Para Lugo, lo importancia del informe del Pinchot Institute subyace en que “llama la atención sobre algo que no le estamos prestando atención pero que a la larga –y cuando digo a la larga creo que estoy hablando de meses y semanas, no de años– a la larga se va a desenmascarar que los terrenos están en peligro, y si el país no lo ha pensado y no ha articulado bien cómo vamos a enfrentarlo, pues nos perdemos sin darnos cuenta. Esto es una voz de alarma”.

“Va a llegar el momento en que la amplitud de esta deuda será tal que quizás todos los sacrificios que hagamos no sean suficientes, y entonces empecemos a disponer de nuestra verdadera riqueza. La verdadera riqueza del país es la gente y sus tierras. La gente se nos está yendo y si vamos a vender las tierras, ¿qué nos va a quedar?”, sopesó.

Hermes Ayala colaboró en esta historia.

Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.

Sigue aquí la serie especial:

1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa

2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas

3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos

4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa

5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)

6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)

7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste

8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)

9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña

10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso

11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?

12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa

13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico

14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables

15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa

16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)

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