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Dos técnicos de Greenpeace toman muestras de las aguas del río que colinda con el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en la ciudad mexicana de Coatzacoalcos, donde el 20 de abril estalló la Planta Clorados III, en un incidente que dejó 32 personas muertas y 136 heridas. Crédito: Greenpeace México
La explosión de una planta petroquímica en el sudeste de México puso de relieve la necesidad de reforzar el monitoreo de sustancias peligrosas, fortalecer la inspección de esas instalaciones y actualizar las regulaciones.
El estallido el 20 de abril de la planta Clorados III, del Complejo Petroquímico de Pajaritos, en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, ocasionó la muerte de 32 personas y dejó 136 heridas.
“Un problema fundamental es el manejo de químicos tóxicos. Es un país con pocas regulaciones y la lista de sustancias reguladas y bajo supervisión es pequeña. Hay una falta de regulaciones y de inspecciones y revisiones”, dijo a IPS el director del programa de Tóxicos de la no gubernamental Greenpeace, Robin Perkins.
La planta, de la empresa mixta Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMC), produce 170,000 toneladas anuales de policloruro de vinilo (PVC), que genera dioxinas y furanos y para cuya destrucción operan dos incineradores.
Esos compuestos, provenientes de la combustión del cloruro de etilo, son nocivos para la salud humana y el ambiente, según ha determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El cloruro de vinilo, considerado altamente cancerígeno, se encuentra en forma de gas y líquido, por lo que al inhalarlo o estar en contacto con la piel puede causar irritación, mareo, dolor de cabeza y sensación de desmayo, mientras que la exposición duradera puede ocasionar graves lesiones en la piel y alteración hepática.
Las dioxinas pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario e interferir con hormonas. Son compuestos que integran la lista de los peligrosos contaminantes ambientales persistentes (COP) y que pueden entrar a la biota (conjunto de organismos vivos en un área) y a la cadena alimenticia.
“Es importante que monitoreen este tipo de químicos, no solamente mediante muestras ambientales sino también en la biota, inclusive en población humana expuesta, como trabajadores o vecinos”, explicó Fernando Díaz-Barriga, investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la pública Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Para ello, puntualizó en diálogo con IPS, “habría que buscarlos en sedimentos y suelos”.
Desde hace tres décadas, Díaz-Barriga estudia el impacto de estas sustancias sobre la salud humana y el ambiente, incluyendo el área de Pajaritos, y el resultado ha sido siempre el mismo: niveles altos de compuestos y elementos tóxicos.
Luego del desastre, uno de los peores en la historia de México por la posible emisión de dioxinas, expertos de Greenpeace tomaron cuatro muestras en agua, tierra y polvo en comunidades próximas al complejo para detectar contaminantes.
El material es ahora analizado en la británica Universidad de Exeter y laboratorios independientes sus resultados se conocerán en unas semanas.
Mientras, Díaz-Barriga recopiló dos semanas antes de la explosión muestras de biota, suelo y sedimento en las inmediaciones del Complejo de Pajaritos para identificar los COP en el área, cercana al puerto sobre el Golfo de México y a la desembocadura de un río.
La empresa PVM surgió en 2013 de una alianza entre la firma privada Mexichem, con 54 por ciento de sus acciones y que opera la planta, y la estatal Petróleos Mexicanos, con 46 por ciento.
El accidente no es un suceso aislado de la realidad mexicana de los químicos nocivos.
En Pajaritos se registraron al menos tres accidentes desde 1991, y en general las emergencias vinculadas con materiales peligrosos rondan los 600 incidentes anuales y al menos ocurre uno importante cada 12 meses, según el programa a favor de la justicia ambiental de la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.
Compromiso internacional
La explosión en la planta resaltó la trascendencia de que el país cumpla integralmente el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, rubricado en 2001 y vigente desde 2004.
Ese tratado internacional estipula la desaparición de nueve plaguicidas organoclorados, dioxinas, furanos y bifenilos policlorados, componentes envueltos en el estallido en Coatzacoalcos.
Cada dos años, la próxima en 2017, la Conferencia de las Partes evalúa la inclusión de nuevos COP a sus listas.
En México, la Actualización del Plan Nacional de Implementación para Cumplir con el Convenio de Estocolmo, establecida en 2015 y que revisa el primer programa, de 2007, evidencia lo mucho que le queda al país para ponerse al día respecto a los materiales peligrosos.
La evaluación para modernizar el plan destaca la carencia de una red nacional de laboratorios para el análisis de los COP, de un programa formal para su monitoreo o de un proyecto de estudios básicos para determinar la situación y tendencias de esos compuestos.
Otro problema es que no se estudian los nuevos COP industriales que surgen, por lo cual los compromisos del Convenio se atienden parcialmente.
Ante ello, Greenpeace propone la ampliación de la lista de sustancias normadas, un registro de emisiones obligatorio y no voluntario y sanciones más estrictas si hay contaminación.
“Queremos que el gobierno monitoree para decirnos qué había y qué se liberó, debe haber un monitoreo de corto, mediano y largo plazo, saber el impacto a trabajadores, bomberos y comunidades en los alrededores, hablamos de un impacto a todo el ecosistema. Es casi imposible que no haya impacto ambiental”, demandó Perkins.
El 28 de abril, la Procuraduría Ambiental suspendió la actividad de la planta Clorados III por un periodo indeterminado, impuso que la empresa retire y envíe a confinamiento seguro sustancias como ácido clorhídrico, etano y etileno y la obligó a realizar un estudio de impacto y un programa de remediación de los daños.
En 2013, el gubernamental Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes abarcó a 3,523 establecimientos que reportaron 73 sustancias lanzadas al aire, agua, suelo o transferidas en residuos o descargas de agua.
Una procesadora de alimentos, una automotora, el complejo de Pajaritos, dos refinerías de petróleo, dos metalúrgicas, tres plantas de papel, siete instalaciones químicas, 10 tratadoras de desechos peligrosos y al menos 35 cementeras reportaron dioxinas y furanos.
De 135 sustancias identificadas como peligrosas por diversos organismos internacionales, 43 se incluyeron ya en 13 marcos jurídicos mexicanos.
“Lo difícil es establecer nuevas sustancias según la actualización del convenio. La desgracia de Pajaritos nos dio la razón, el programa de monitoreo es relevante. El problema es de prioridad nacional”, planteó Díaz-Barriga.
“Pero la parte ambiental ha sido relegada, porque no es prioridad para el país, sólo cuando ocurren estos accidentes”, lamentó.
Dentro del Plan Nacional sobre el Convenio, México se plantea actualizar y modificar las regulaciones sobre características, procedimiento e identificación, clasificación de los residuos peligrosos.
También se propone ampliar los listados sobre estas sustancias y establecer normas más rigurosas sobre los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de instalaciones fijas.
Se trata de un proceso que tomará al menos dos años.
El plan también establece la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, con un apartado especial de los COP y sustancias químicas.
Además se propone vigilar la presencia de plaguicidas y los otros COP en alimentos, suelo, agua, aire y evaluar la eficacia de la aplicación de las medidas, así como un programa de rendición de cuentas de este tipo de contaminantes.
Entre 2018 y 2024 el país se ha propuesto contar con un programa de monitoreo de los COP en la atmósfera y en la leche materna y la estimación económica de costos de estos contaminantes al ambiente y a la salud
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