Hace unos días en el marco de sus primeros cien días de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la que pretende poner fin a los monopolios de Telmex y el duopolio televisivo de Televisa-TV Azteca, así como garantizar el derecho a la información.
Los involucrados en la realización de esta reforma advierten que se incorporó por primera vez en los artículos 6° y 7° de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de publicidad integrada (propaganda política presentada como información noticiosa), y el acceso a nuevas tecnologías como derecho universal.
Llama la atención que se haya incorporado conceptos a favor de la libertad de expresión, ¿qué otros conceptos se le puede añadir a lo que claramente ya establecen los artículos 6° y 7°?
El artículo 6° señala, “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Por su parte, el artículo 7° señala lo siguiente, “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito”.
En lo que va de los primeros tres meses del retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se han registrado una serie agresiones contra el gremio periodístico y que ha llevado a organizaciones periodísticas a tomar acciones drásticas.
El diario El Siglo de Torreón, el Diario de Juárez y las televisora Canal 44 de Ciudad Juárez, sufrieron una serie de ataques contras sus instalaciones; el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González, fundador y director del portal web Ojinaga Noticias, y que horas después del artero crimen, el sitio web cerró definitivamente; el diario El Zócalo de Saltillo anunció que dejará de publicar información relacionada con el crimen organizado ante la falta de garantías de seguridad; la criminalización del gobierno de Veracruz al fotoperiodistas Félix Márquez de la agencia Cuartoscuro, que captó imágenes del grupo de autodefensa que surgió hace unos días en el municipio veracurzano de Tlalixcoyan; éstos incidentes se suman a la ya larga lista de agresiones que ha venido sufriendo el periodismo mexicano en los últimos años.
Inacción, insensibilidad e indiferencia del Estado
El periodista Jaime Guadalupe González es el primer periodista asesinado bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mientras que el Senado de la República condenó el asesinato de éste y los ataques a El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez y a la televisora el Canal 44. Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de la República que tome las medidas necesarias para poner un alto a la impunidad en las agresiones contra informadores e instalaciones de medios de comunicación, así como garantizar la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto ni la Presidencia de la República no han hecho ningún pronunciamiento al respecto.
Tal parece que la indiferencia, y sobre todo el silencio, han caracterizado al actual gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a este tema. Ni los múltiples exhortos, insistencias y llamamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y de defensa y protección a periodistas han hecho reaccionar a este gobierno. Al menos el anterior gobierno de Felipe Calderón tuvo el atrevimiento para señalar a los principales depredadores de los comunicadores, pero no tuvo la misma audacia para poner un alto a esto como lo hizo con tanto ahínco con el combate al narcotráfico.
La esperanza es lo último que muere
Es por esa razón, que la organización Internacional Artículo 19 ha lanzado una iniciativa en línea llamada Impunidad Mata para recabar un millón de firmas para pedirle a las autoridades terminar con la impunidad existente en el país y exigir que se ponga fin a la violación de la libertad de expresión y a los asesinatos y desapariciones de periodistas. Asimismo, se le exhorta al presidente Peña Nieto le otorgue a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión las atribuciones necesarias para proteger a los periodistas. Esperemos que un millón de firmas de mexicanos sea suficiente para sensibilizar y despertar del letargo en el que se encuentra el Estado mexicano ante este tema.
Ante la actual situación, qué sentido tiene licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión, garantizar el acceso a nuevas tecnologías y desarrollar una red pública para ampliar el acceso a servicios digitales, sobre todo lo que respecta a la Banda Ancha, si los hombres y mujeres que día con día proveen de información veraz y oportuna a la sociedad están siendo aniquilados ante las narices de todos. ¿Por qué se requiere de una reforma de telecomunicaciones para que el Estado ahora sí, según dicen, podrá garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando ésta ya está planteada en la Constitución? ¿Quizá ésta reforma sólo pretende proveer más opciones de contenidos de entretenimiento que de información vital para la sociedad?
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