México exige la retirada del Ejército

Que los soldados regresen a los cuarteles y que se cree una ley que proteja los derechos de las víctimas, y que éstas puedan vigilar el avance de las investigaciones.  Son las dos exigencias principales del pacto ciudadano que se firmó en Ciudad Juárez como colofón de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con 3.400 kilómetros recorridos, en zigzag, desde Cuernavaca, al sur del DF -donde el 28 de marzo mataron al hijo del poeta Javier Sicilia, Juan Francisco, junto a 6 personas más- hasta Ciudad Juárez, en los que se recopilaron decenas de testimonios de familiares de víctimas de esta espiral de violencia que azota México.

Fue solo una ínfima parte del dolor que acumula la sociedad mexicana, que ha perdido a 40.000 personas y mantiene a otras 18.000 desaparecidas desde que, hace 4 años, el presidente Felipe Calderón emprendiese la guerra contra el narco y militarizase el país. Y eso, según cifras oficiales, porque algo que ha quedado en evidencia en este recorrido, es que mucha gente no denuncia, porque frecuentemente la policía está coludida con el crimen. Aún así, los que lo hacen sufren la misma situación: no se hace justicia.

Así las cosas, Sicilia impulsó la caravana y el pacto, que se ratificó en la fronteriza Ciudad Juárez, el “epicentro del dolor” según el poeta. Se eligió Juárez porque es allí donde se acumula más sufrimiento, pues desde hace 20 años las mujeres son secuestradas, violadas y asesinadas como si de pañuelos se trataran, y con la guerra contra el narcotráfico, la violencia se ha multiplicado exponencialmente. Solo en el año pasado, asesinaron a 3.111 personas en esta supuesta guerra, casi nueve diarias, y hay otra inmensa cantidad de desaparecidas, huérfanas y viudas. Allí, donde más sangra la herida, la Caravana se detuvo para retomar cara a cara un debate que ya se ha ido forjando en el último mes  a partir de un documento inicial, y, finalmente y pese a algunos puntos de desencuentro, se ratificó un documento de 70 puntos, entre exigencias y acciones de resistencia en las que destacan la desmilitarización y las medidas para que las víctimas accedan a la justicia y a la reparación del daño.

Algo que no pasa en el 98,2% de los casos en México, que permanecen en la impunidad, según las estadísticas de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De hecho, unos de los pocos casos que han llegado a una corte internacional ante la incapacidad del estado mexicano de impartir justicia, ha sido el del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres. El Campo Algodonero, que ahora es un solar en medio del crecimiento urbanístico de Ciudad Juárez, es el símbolo de los feminicidios en Juárez y fue el primero de los centenares de feminicidios por el que el estado mexicano ha sido condenado por violencia de género. Sin embargo, a más de un año de la sentencia, no ha cumplido. “En este lugar donde debería florecer el rostro de pureza que es algodón, es un lugar de oprobio (…) Tenemos que hacer que este horror no sea un muro de las lamentaciones sino la semilla que se ha sembrado para reclamar justicia”, dijo allí Sicilia.

Justicia que reclama Carla Castañeda, cuya hija fue desaparecida hace tres años. Solo tenía 13 años. “Los policías aquí no nos ayudan, vamos y nos hacen mala cara, nosotras somos detectives, psicólogas y entre todas nos apoyamos. ¡Somos muchas como yo, y queremos ser escuchadas, queremos a nuestras hijas!”, gritó Carla, una de las tantas madres juarenses y mexicanas que no saben que pasó con sus niñas.

“Desde este campo exigimos al gobernador, al presidente municipal, a la Fiscalía y a los policías que dejen de humillar a los juarenses”, exigió Sicilia. “El gobierno parece ser el único que no escucha”, había apuntado la noche antes Luz María Dávila en Villas de Salvárcar,  una colonia popular de Juárez donde hace poco más de un año el 30 de enero del 2010 mataron a 16 jóvenes que se divertían en una fiesta. Agravio sobre agravio, Felipe Calderón dijo desde Japón, dos días después, que esos muchachos probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad. Cuando a los 10 días el presidente visitó Juárez, Luz María, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, dos estudiantes asesinados en la fiesta, se plantó frente a Calderón y sin bajar la mirada le dijo:”¡Disculpe, señor Presidente!, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón! (…) Le aseguro que si a usted le hubieran matado a un hijo ya habría agarrado a los asesinos. Aquí el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo: prometen justicia pero no la tenemos. ¡Yo quiero justicia!”

Más de un año después la rabia de Luz María Dávila contra el gobierno está esparcida por toda la sociedad juarense. Y es que si las balas matan, también lo hace la indiferencia. Por eso es tan significativa esta ruta, porque por vez primera, al discurrir de la caravana se alzaron las voces de las víctimas, se visibilizó la barbarie, cegada por las cifras. “Con la forma en que hemos entrelazado nuestras soledades y estamos juntos, el desprecio por la vida de los señores de la muerte no puede vencer”, dijo Sicilia en Villas de Salvárcar. Pero para ello no basta solo con el clamor de la gente.

Por eso, se llegó al pacto, un acuerdo ciudadano para exigir al gobierno. A los narcotraficantes, ni como interlocutar con ellos. Pero sí sentarse con las instituciones, aunque a algunos ciudadanos y organizaciones les pese. El acuerdo se trata, según Sicilia, del “mínimo piso para poder salvar nuestra democracia y que nuestras autoridades cumplan”.

Aunque hay acciones dirigidas única y exclusivamente a la ciudadanía, la persecución de justicia pasa por conseguir avances en la administración.

“No podemos substituir a las autoridades pero si exigirles que hagan lo que tienen que hacer, que tienen q volver los ojos hacia los ciudadanos y cumplir con la justicia, la paz y la dignidad que ellos mismos con sus complicidades, con sus absurdos, en su busca de legitimarse nos han arrancado”, agregó.

De hecho, en este sentido, la caravana ya ha dado sus primeros frutos. El miércoles, a su paso por la violenta ciudad de Monterrey,  Sicilia y algunos familiares de víctimas se reunieron con el Fiscal del Estado y consiguieron su compromiso para aclarar, en breve, 9 casos de desapariciones y asesinatos, muchos de los cuales involucran a las mismas fuerzas de seguridad. Ahora, la Red por la Paz se propone visitar las 31 fiscalías restantes que hay en todo el país con el mismo objetivo. Ante las discrepancias de algunos, Julián Le Barón, un chihuahense que perdió a su hermano, hizo un llamado a la unidad y al amor entre la gente que supere las diferencias. “Lo que nos ha de mover es el amor. El amor es la fuerza presente en los dolores de parto y lo que  sigue a México es dar luz a una nueva nación”, espetó.

Una refundación que no se puede dar sin la colaboración de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas que vienen desde América Latina y el mayor vendedor de armas hacia el sur, ya sea de manera legal, para el ejército, o ilegalmente, hacia los criminales. Para ello, una delegación de la Caravana se desplazó a El Paso, Texas, al otro lado de la frontera.

“Nosotros le pedimos al pueblo de este país que detenga esas armas, que tienen que decirles al gobierno que esa droga que ustedes consumen no es un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública. Tienen que impedir ese Plan Mérida que ha sido nada más alimento para la violencia o serán cómplices de ese crimen de lesa humanidad en México”, señaló Sicilia, para responsabilizar también al gobierno vecino.  La Iniciativa Mérida es un acuerdo económico y militar con los EEUU y la exigencia de su cancelación, fue uno de los puntos incluidos en el pacto después del debate ciudadano. La propuesta fue bien recibida entre la sociedad civil organizada estadounidense, que recibió a la caravana junto a otras víctimas, esas que llegan al “otro méxico”, como dijo Marisela Ortiz, huyendo de la violencia. Como ella, juarense hostigada por el ejército y los narcotraficantes por su activismo. “Podrán mandarme al otro lado pero nunca podrán exiliar nuestras ideas”, aseguró y se encomendó a la caravana para que establezca las garantías para volver a su casa, apenas a la otra orilla del río.

En Estados Unidos, el gobierno admitió que la violencia es una cuestión de los dos países y apoyó tímidamente la propuesta ciudadana.

“Reconocemos que es un desafío que compartimos con México. Y colaboramos tanto en el lado policial como en el lado de la sociedad civil”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. El ministerio de interior mexicano, por su parte, se mostró listo para el diálogo.

Pero mientras estas declaraciones al calor de los micrófonos, se convierten en acciones, la Red por la paz convocó la primera acción cívica para visibilizar a las víctimas: llenar las plazas de cada pueblo y ciudades con los nombres de las víctimas de esta guerra, para que el gobierno recuerde que las cuentas pendientes. Así lo hizo la caravana delante de la sede del gobierno del estado de Chihuahua, donde el pasado 16 de septiembre fue asesinada a bocajarro Marisela Escobedo, mientras se manifestaba para pedir justicia por su hija asesinada.

Al paso de la Caravana por Chihuahua, se colocó la placa en memoria de la activista Marisela Escobedo, delante de la sede del gobierno del estado, donde fue asesinada. Raúl Ibáñez

Además de las demanda de justicia y de sacar al ejército de las calles, el pacto exige un debate sobre la despenalización de las drogas, la eliminación del secreto bancario, que se contemple el referéndum y la revocación de mandato, la creación de políticas que impulsen la capacidad organizativa de los jóvenes y que se les asegure el derecho a la educación, la restitución de derechos laborales que se han perdido en los últimos años (pensiones, disminución de sueldos,…), y el respeto a la autonomía indígena. Así, hasta 36 demandas porque como alguien dijo antes de leer el pacto, esto “no es el final del camino, es el principio de la justicia”.

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