MEXICO DF/TEGUCIGALPA- El derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, trató de partir la noche del miércoles hacia México desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado desde hace casi tres meses, pero su intento fracasó por desacuerdos con el Gobierno de facto. La administración de facto que encabeza Roberto Micheletti accedió a darle un salvoconducto para que viajara como “asilado político” del gobierno mexicano, pero Zelaya pretendía llegar a México como “huésped distinguido”, explicó el canciller Carlos López. “Quedó abortado (el acuerdo de salida) en las circunstancias actuales, pero el gobierno no tiene una negativa en el sentido de considerar una solicitud debidamente formulada”, explicó López a un canal de televisión. Sin embargo, Zelaya declaró a la BBC, no fue él quien solicitó un salvoconducto para dejar la embajada de Brasil. El derrocado mandatario confirmó al medio británico que “se está gestionando por parte del gobierno de facto (…) una salida mía para ir hablar del proceso de diálogo en Honduras a otro país (…) habló Leonel Fernández de República Dominicana y nosotros nos comunicamos con el presidente de México”. Sobre Zelaya pesan órdenes de arresto si sale de la sede diplomática brasileña en Honduras, donde permanece tras haber regresado clandestinamente al país el 21 de septiembre.
Zelaya fue expulsado del país por militares el 28 de junio, acusado de violar la Constitución por insistir en realizar un referéndum que abriera paso a la reelección, pero regresó clandestinamente al país casi tres meses después. El Gobierno de facto confirmó que había decidido atender un salvoconducto para asilo político pedido por México, pero que luego el gobierno de Felipe Calderón cambió su pedido original y por esa razón fue rechazado. “Se hizo evidente que dicho gobierno se apartó de su postura original, y en vez presentó una solicitud no conforme a los requerimientos legales para un salvoconducto por asilo político”, aseguró el ministro de Prensa, René Zepeda, al leer un comunicado por la televisión estatal. El periódico EL PAÍS, de España, narra y concluye que “Los aviones dispuestos por México para sacar de Honduras a Zelaya, su familia y sus principales colaboradores tuvieron que darse la vuelta y aterrizar finalmente en San Salvador. No obstante, el gobierno de México, mediante un portavoz oficial, insistió en que las conversaciones a tres bandas -Zelaya, gobierno hondureño de facto y cancillería mexicana continúan y la solución puede llegar en las próximas horas… o en los próximos días”. La comunidad internacional ha reclamado sin éxito la restitución e incluso países que han reconocido las elecciones del 29 de noviembre, como Estados Unidos, aseguran que antes de que asuma el próximo presidente electo, Porfirio Lobo, es necesario restaurar el orden constitucional.
Zelaya declaró a la local Radio Globo que él es el presidente legítimo de los hondureños y por lo tanto no quiere salir por la vía del asilo político. “De ninguna forma es solicitud de asilo o solicitud para renunciar al cargo que yo represento”, señaló. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana afirmó en un comunicado que estaba realizando gestiones “con el apoyo de países amigos y de algunos actores políticos hondureños, con el propósito de obtener las garantías de seguridad necesarias, mediante un salvoconducto, para que el presidente Zelaya pueda dejar la protección de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa”. En los alrededores de la embajada de Brasil, policías reforzaron el cerco a la sede que fuerzas militares mantienen desde septiembre. Con las elecciones del 29 de noviembre que consagraron a Porfirio Lobo, el Gobierno de facto esperaba dar vuelta la página de la peor crisis política de Centroamérica en los últimos 20 años. Pero países como Brasil y Argentina dicen que es imposible reconocer una elección llevada a cabo por un gobierno que no es legítimo, mientras Washington señala que los comicios fueron pautados hace tiempo y su planificación se hizo mucho antes del golpe de Estado. Algunos países quieren que se restablezca el orden constitucional antes del 27 de enero -cuando concluye el mandato de Zelaya- y se cumpla así con un acuerdo firmado entre Zelaya y el Gobierno de facto a finales de octubre. El Gobierno interino llamó al depuesto mandatario a formar una administración de coalición, pero Zelaya rechazó el acuerdo y dijo que la democracia en Honduras estaba “muerta” desde que el Congreso votó contra su restitución en el poder la semana pasada.
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