Luego de ver un vídeo en el que hay ciudadanos puertorriqueños que viven en uno de los residenciales públicos del País rompiendo los cristales y haciendo mayores daños a una patrulla de la Policía de Puerto Rico es imperante volver a traer al debate la deslegitimación que ha sufrido dicho organismo de coerción y “seguridad” a partir de la propia deslegitimación del Estado en Puerto Rico. Con esto no estoy insinuando que dichas acciones son las “correctas” pero que sí son entendibles en el contexto en que vivimos.
En un país en el que la pobreza nos rodea en cada esquina, nosotros como ciudadanos tratamos de luchar contra las distintas políticas de austeridad que se nos imponen a partir de “errores” de otros (el Estado). La mayoría lo hacemos de manera individual, sacrificamos ciertos gustos y comodidades. Otros no están realmente afectados pero hacen una obra teatral política de ello. Tal fue el caso del representante Manuel Natal, quien en un “performance político” decidió disminuir su salario, en el mes de septiembre de 2014 solamente, al mínimo federal. También hay otros que pueden “sacrificar” algunos caprichos pues eso les da la licencia de quejarse y criticar a aquellos que reciban alguna ayuda gubernamental. Otros dicen que esas políticas no afectan a nadie dado a que en realidad lo que se pierde con ellas es el exceso de bienes que tenemos de manera caprichosa. Los últimos por lo general son los que apoyan cada cuatro años al gobierno que siempre ha estado (los hermanos gemelos llamado Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático).
Así que todos creamos justificaciones para lidiar con la austeridad y la violencia económica en general. Se nos hace más fácil hacerlo que confrontar el poder político y de una vez, para agilizar el proceso adjudicamos la culpa a un grupo social en específico para darle “fuerza” a nuestros argumentos.
Lo que pasó en aquel residencial es de cierto modo producto de lo dicho anteriormente. ¿Por qué? Pues de la misma manera en que nosotros luchamos contra esas políticas de austeridad y marginación económica a través de alucinaciones y delirios, hay otros que lo hacen de manera más eficiente. Estos últimos encuentran la manera de aprovecharse de algunos “beneficios” del Estado (Sección 8, tarjeta de la familia, etc) y correr alrededor de los loopholes que tiene como lo son las áreas de la economía informal en la que el Estado no tienen ninguna herramienta efectiva de captación de impuestos (esto no implica solo la venta de drogas, también se habla de negocios como recortar o hacer frituras en la casa, etc). Ya que el Estado los encerró y segregó en jaulas humanas con la excusa de inclusión (que paradójico), ellos a partir de eso han creado su propio micro-estado. Esto crea un resentimiento de clase entre los que son muy apegados a la moral y ética que el Estado quiere que te subordines (pagar contribuciones para que ellos la mal usen, exenciones contributivas a corporaciones billonarias, etc) y los que tienen “líderes” quienes los ayudan cuando no tienen comida, les dan empleo (dentro de la economía informal) que pagan más que los que da el propio Estado y proveen piscinas y entretenimiento para personas de todas las edades.
Dentro de esos micro-estados hay un sentido comunitario muchas veces más fuerte que en Puerto Rico, en términos generales. Es verdad que a veces nos unimos por trivialidades (como algún juego olímpico) pero ellos se unen por problemas reales, aunque a veces los veamos como situaciones “cafres” y “salvajes”.
Por lo tanto es obvio que esos residentes no van a contribuir con la policía, que los van a agredir cuando traten de capturar a alguien que pertenece a esa comunidad pues ayudar al Estado no resultará beneficioso para ellos de ninguna manera, pero ayudar a esos “líderes” comunitarios sí lo será.
El autor es estudiante de Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
