El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Es un día, que a lo largo de la historia, se ha utilizado para realizar protestas laborales y sociales a favor de la clase trabajadora. Hoy, Puerto Rico ha hecho lo mismo. En esta ocasión, miles de boricuas marcharon en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF) que se prevé sea impuesta en la Isla por el Congreso de los Estados Unidos.
A eso de las 2:00 de la tarde, más de treinta organizaciones y miles de puertorriqueños se conglomeraron en las escalinatas del lado norte del Capitolio para dar comienzo a la marcha en contra de la JCF.
Los manifestantes recorrieron las calles del Viejo San Juan, pasaron frente a La Fortaleza y llegaron hasta la Plaza de la Barandilla. Allí, la Mesa de Diálogo Sindical -que agrupa más de 30 organizaciones- leyó una proclama que exigía que los servicios del pueblo deben estar sobre los intereses de los bonistas.
En todo el trayecto se escucharon consignas como: “El pueblo está cansa’o”, “Primero de mayo día de los trabajadores, vamos a marchar en contra de esos abusadores”, “El gobierno quiere bronca, bronca, bronca, bronca es” y “Lucha sí, entrega no”.
Cabe señalar, que el Proyecto H.R. 4900 pretende imponerle a Puerto Rico un organismo federal que estará a cargo de controlar el futuro fiscal de la Isla de manera unilateral, autoritaria y costeado con fondos públicos. Los miembros de este ente serán nombrados por el Congreso de los Estados Unidos.
La JCF también buscará facilitar el pago regular de la deuda del gobierno de Puerto Rico a los bonistas, y no tiene entre sus prioridades resolver la crisis económica por la que atraviesa el País.
Para José Caraballo, la deuda tiene que negociarse, pues no se puede dejar sin servicios básicos al pueblo por estar pagándole a los bonistas. “Los bonistas son personas que le sobra dinero, son gente que no necesita dinero para comer, los que van a necesitar para comer y para sus necesidades esenciales son los trabajadores”, aseguró el vecino de la ciudad capitalina.
Por su parte, Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), hizo un fuerte llamado desde la tarima: “Puerto Rico necesita crecimiento económico, no una Junta de Control Fiscal”.
Estudiantes en pie de lucha
Como parte de los mecanismos diseñados en el borrador de la JCF, se pretende la disminución del salario mínimo para los menores de 25 años de $7.25 a $4.25 la hora. En relación a esto, Mikael Rosa Rosa, estudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y miembro de la Juventud Hostosiana, le aseguró a Diálogo que esta disminución es un atentado contra el desarrollo del País.
“Con $7.25 la realidad del caso es que no nos da. A veces se piensa que la vida estudiantil es simple porque uno quizá no tiene compromisos de familia o deuda, pero eso es una falacia… Bajar el salario mínimo a $4.25 yo creo que es atentar contra la juventud, es atentar contra el desarrollo del país”, afirmó Rosa.
Para este joven estudiante, hay que tomar una decisión entre dos sectores, “los grandes intereses o la gente de carne y hueso que son los que corren el país todos los días”. Según Rosa, la junta viene a defender los grandes intereses como lo han hecho los partidos políticos locales hasta entonces. “Serán como un dream team”, manifestó.
De igual forma, Loderay Bracero, estudiante de la UPR, hizo un llamado a la organización. “La UPR con la junta se va a desmantelar”, sentenció la joven.
Al Gobierno lo fiscaliza el pueblo
En la marcha participó también la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien le manifestó a Diálogo que no hay necesidad de que llegue la JCF.
“La junta lo que denota es que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos le han dado la espalda al pueblo de Puerto Rico. Deja en evidencia el colonialismo en el que vive Puerto Rico. Es importante que la gente vea la junta como es: que deja el colonialismo en carne viva”, remató la alcaldesa de la ciudad capital.
Además, Cruz Soto resaltó que “el imponernos una junta indigna para el país lo que deja de manifiesto es la importancia inminente de que hay que reestructurar la deuda, reestructurar la relación política y reestructurar el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos”.
De igual modo, Rafael Bernabe, aspirante a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), declaró a este medio que la junta vendrá con una agenda de austeridad.
“La política que establece esa ley es que en Puerto Rico hay que hacer una serie de ajustes presupuestarios -entiéndase recortes, despidos, encarecimiento de servicios- y si después de todo eso es necesario reestructurar la deuda, pues entonces se pasa a eso”, explicó Bernabe.
Sin embargo, existe un nutrido grupo de puertorriqueños que apoyan la implementación unilateral de la JCF para que este ente fiscalice al gobierno del país.
En relación a este tema, Cruz Soto señaló que “el gobierno lo fiscalizan los ciudadanos, y ningún otro ente tiene que usurpar el derecho que tienen los ciudadanos de manejar nuestras situaciones”.
Bernabe, por su parte, fue aún más enfático. “Yo simpatizo con la idea de fiscalizar el gobierno. La pregunta que yo haría es: la junta fiscaliza el gobierno, ¿y quién fiscaliza a la junta?”
“La junta es un organismo que nosotros no elegimos y que nosotros no podemos revocar. Esa no es una manera de fiscalización democrática. Yo creo en la fiscalización. Los que tenemos que fiscalizar al gobierno, los que tenemos que sacar a esos partidos que nos han gobernado tan mal, somos nosotros, no pretender que venga una junta de otro sitio a hacer lo que nosotros tenemos que hacer”, insistió el líder del PPT.
En la marcha también participó el expreso político y nacionalista Rafael Cancel Miranda. El evento fue dedicado a las comunidades del G-8 y al Caño Martín Peña.