Para poder pagar la deuda pública y cumplir con su responsabilidad de prestación de servicios a la ciudadanía en los próximos cinco años el Gobierno de Puerto Rico propone reducir en alrededor de $13 mil millones sus gastos, reestructurar $14 mil millones pertenecientes a la deuda pública y lograr al menos un dos por ciento de crecimiento económico, según explicó ayer el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico.
La deuda del Gobierno Central de la Isla asciende a cerca de $48 mil millones. De ese total, en los próximos cinco años vencerá el pago de $18 mil millones, porque al día de hoy, el País simplemente no tiene dinero con qué pagarlos. El siguientes cinco años, además, al Gobierno le faltarían $10 mil millones para cumplir con la prestación de servicios públicos. El Plan que fue presentado ayer sólo atendería los 28 mil millones que suman la deuda y el gasto público hasta el año 2020. Si las medidas del Plan se llevasen a cabo al pie de la letra, según explicó el Grupo de Trabajo, el Gobierno lograría cubrir los $10 mil millones y unos $4 mil millones de la deuda pública. Los restantes $14 mil millones, cuyos pagos vencen en distintas fechas hasta 2020, habría que reestructurarlos.
“Si los acreedores no están dispuestos a esto, Puerto Rico no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos. Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino duro; serían años de litigio y de impagos, y de una crisis humanitaria de proporciones mayores”. Así lo dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en su mensaje televisado en la mañana de hoy, en el que además aseguró que el Plan no contempla despidos de empleados públicos, aunque sí extiende por cinco años la vigencia de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66). Esa Ley, entre otras cosas, reduce el pago de contratos y recorta beneficios a empleados públicos.
Pero esa es sólo una de las medidas. Como parte del Plan de Ajuste Fiscal que hizo público el gobierno ayer y para que este sea exitoso en los cinco años subsiguientes, el gobierno cuenta con la transición del Impuesto sobre Venta Uso (IVU) al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que dejaría $6,300 millones adicionales; enmendar la ley para extender a cinco años la contribución especial de 4% a las corporaciones para estabilizar los ingresos al fondo general, sumando cerca de $2,700 millones; mejorar los sistemas de recaudación de impuestos del Departamento de Hacienda, añadiendo $432 millones a las arcas públicas; reducir $2,500 millones en costos operacionales gubernamentales; cortar $1,100 millones en subsidios a agencias; reducir el tamaño del Departamento de Educación en $666 millones y reducir el gasto de la ASES en $612 millones.
El documento que contiene el Plan también hace referencia a un aumento de $2,000 millones adicionales, producto de un aumento de 2 por ciento en crecimiento económico, que se buscan lograr aplicando las medidas recomendadas. “Mientras no haya crecimiento, podemos tomar la medidas que tomemos y esto no se va a resolver”, aseguró Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento y miembro del Grupo de Trabajo.
También se proponen cambios a las leyes laborales, como el pago de overtime basado en horas trabajadas sobre las 40 horas en lugar del exceso de ocho horas al día; flexibilizar el proceso para que las empresas pidan dispensas para pagar el bono de Navidad; modificar los días mandatorios de vacaciones ajustándolo al tiempo en las empresas; extender los períodos probatorios a un año y limitar los pagos de liquidación cuando se cesan funciones. El Gobierno también pediría al Congreso una dispensa de 10 años para la aplicación de los aumentos al salario mínimo cuando se contraten personas menores de 25 años. Los aumentos al salario mínimo aplicaría a los individuos después de dos años en el trabajo. También se pediría al Congreso que excluya a Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje.
Por otro lado, se planificasolicitar al gobierno federal más tiempo de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional a las personas que consiguen trabajo y hacer peticiones similares para programas de vivienda como Sección 8, entre otras cosas.
En su mensaje al País previo a la presentación del Plan, García Padilla, dejó claro que es necesario que el gobierno federal escuche el reclamo del pueblo de Puerto Rico y que se trate al País de forma justa en cuanto a las asignaciones de fondos de Medicaid y Medicare, así como la provisión de un marco jurídico para atender las obligaciones del País de manera ordenada, lo que podría interpretarse como un llamado a que el gobierno federal permita a Puerto Rico acogerse a la ley federal de quiebra.
“Es importante que los interés particulares que podamos tener en términos políticos, en las distintas organizaciones que representamos, se dejen a un lado y le demos espacio a un proceso serio, responsable de reestructuración de la deuda para que podamos tener éxito como lo estamos teniendo hasta ahora en el plan de reestructuración de la AEE”, dijo Víctor Suárez, secretario de la Gobernación y miembro del Comité de Ajuste Fiscal.
Reducción a la UPR
En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, el Plan enfatiza en que se le quiten $62 millones de sus ingresos, provenientes de los recaudos de los casinos y juegos al azar. Esta reducción se sumaría a los $70 millones de aumento que le correspondían a la UPR por fórmula, pero que la Ley 66 congeló debido a la situación fiscal del País. Es decir, desde el pasado año, la administración de la UPR viene aplicando medidas para ajustar su presupuesto a la realidad actual. Ahora, se contempla una nueva reducción, muy a pesar de que en la propia Ley se establece lo contrario.
“No obstante, esta Asamblea Legislativa entiende que una reducción neta adicional en el presupuesto de la UPR, para hacerlo cónsono a las reducciones de las tres Ramas de Gobierno, haría un daño irreparable a la Universidad, incluyendo su matrícula, cumplimiento con su deber educativo y sobre todo su viabilidad fiscal”, puntualiza la Ley aprobada el 17 de junio de 2014.
Ayer, por otro lado, se discutía en la Comisión Especial para una Nueva Política Energética de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca eliminar los subsidios en el servicio eléctrico a la industria hotelera y a los residenciales públicos.
Tras la presentación del Plan de Ajuste Fiscal, el País se encaminada en dos nuevas rutas. La primera, un análisis minucioso por parte de la Legislatura, que es el cuerpo que finalmente aprueba o desaprueba varias de las medidas que estarían en sus manos, como la reducción al presupuesto de la Universidad, y la segunda, las negociaciones con los acreedores, sobre los términos de pago de la deuda pública de Puerto Rico. Esos bonistas ya tienen acceso al Plan recomendado y tendrán acceso a información adicional que no fue detallada por ninguno de los miembros del Comité de Ajuste Fiscal.
Para velar porque ese Plan se cumpla en los próximos cinco años, independientemente de que haya un cambio de partido en la administración del gobierno en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en 2016, se recomendó la creación de una Junta de Control Fiscal, propuesta que pasaría en las próximas semanas a la Legislatura de Puerto Rico para ser evaluada.
César Miranda, secretario de Justicia. (Ronald Ávila / Diálogo)
Esa Junta, de acuerdo a lo que explicó el secretario de Justicia, César Miranda, estaría compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador, “que transmitan credibilidad a Puerto Rico”. A ese grupo, además, le serán otorgados poderes de la Rama Ejecutiva, de modo que todas las agencias cobijadas bajo la sombrilla del Ejecutivo, excepto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), tendrán que responder al nuevo cuerpo, que podrá pedir presupuestos, fiscalizarlos y velar porque se cumplan las medidas del Plan de Ajuste.
“Es constitucionalmente legal, particularmente porque no está invadiendo poderes constitucionales, sino que voluntariamente se hace una sesión de ellos”, sostuvo Miranda, a preguntas de la prensa.
Una de las medidas incluidas en el Plan y que no fue resaltada en la conferencia, propone congelar el pago de $291 millones en reintegros que no se han emitido hasta febrero de 2016.
