La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, adelantó hoy que el primer centro docente del país no entregará el plan fiscal a la Junta de Control Fiscal (JCF) el próximo 31 de marzo, a raíz de la nueva “petición” del ente federal de recortar el presupuesto de la universidad pública en $450 millones para el 2021.
Agregó que estará solicitando una reunión con José Carrión III, presidente del ente federal creado por la ley Promesa, para “poder llegar a un entendido que asegure la permanencia de la UPR y que le permita tener un rol protagónico en la recuperación de Puerto Rico”.
“Nos sentimos indignados y conmovidos por las implicaciones de un recorte de la magnitud de $450 millones para la UPR. Igual de devastador sería para Puerto Rico acoger las recomendaciones de la junta que implicarían un recorte de 20% del salario de los empleados públicos. Nuestros recientes esfuerzos han estado dedicados a identificar las medidas de generación de ingresos a través de alianzas de servicios con otras agencias. Hemos identificado áreas de eficiencia y reducción de gastos gracias a las ideas y propuestas de estudiantes, docentes y no docentes, salvaguardando el no afectar el cumplimiento de nuestra misión con la sociedad puertorriqueña”, dijo Fernández en declaraciones escritas.
Ayer, en una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Carrión III notificó que la JCF no certificará el plan fiscal del gobierno por ser “excesivamente optimista” en los recaudos proyectados para el 2019 e incumplir en disposiciones de Promesa. El gobierno puertorriqueño opera con un déficit de $7,000 millones.
Entre las medidas que deberán incluirse para que el plan fiscal sea confirmado, el corredor de seguros destacó que el gobierno deberá reducir la financiación de la UPR en $300 millones para el 2019 –como había propuesto en enero en otra carta– y en $150 millones adicionales entre el 2019 y el 2021. La Fortaleza delegó el ejercicio de ajuste operacional en la Administración Central de la UPR.
“Si no hemos podido alcanzar una cifra de $300 millones con medidas de ajustes e ingresos nuevos, una reducción de $450 millones prácticamente haría desaparecer la educación universitaria pública en nuestra isla”, sostuvo la funcionaria.
Organizaciones estudiantiles gestan oposición a nuevos recortes
En tanto, alumnos del Recinto de Río Piedras de la UPR, en representación de varias organizaciones estudiantiles del campus, manifestaron su oposición a las nuevas condiciones impuestas por el organismo federal.
Además, anunciaron la celebración de una marcha el próximo 20 de marzo a las 3:00 p.m., que comenzará en la Torre del Recinto de Río Piedras y terminará en la Oficina de la Presidenta en Administración Central.
“Exigimos al gobernador que rechace contundentemente las exigencias de la JCF, las cuales suponen un recorte de $450 millones al presupuesto de la UPR, y también le emplazamos para que se reúna con el estudiantado y atienda nuestros reclamos y propuestas. La UPR no es un gasto, es una inversión, y el gobierno no puede pretender que nosotros decidamos cuáles son las prioridades”, señaló la estudiante Verónica Figueroa en conferencia de prensa, reportó el medio Pulso Estudiantil.
Enfatizaron, al igual que otros grupos civiles, en la moratoria y auditoría de la deuda pública, que ronda los $70 mil millones.
La comunicación de la JCF llega en momentos donde se coordina, para el 5 de abril, una asamblea nacional de todas las unidades de la UPR, así como del Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, donde se espera “que haya una decisión final y firme de parte del estudiantado”, expresó Wilmarí De Jesús Álvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.
El estudiantado de esa unidad, de hecho, tendrá su segunda asamblea general 21 de marzo en el Teatro de la UPR. En la primera asamblea el pasado 22 de febrero, se rechazó el recorte de $300 millones, indicó De Jesús Álvarez.
“Si hay que tomar la UPR y si hay que tomar el país junto a todas y todos, así lo haremos. No podemos permitir que se continúe quitando lo que queda de nuestra educación, vivienda, salud y transportación, que son las necesidades básicas”, sentenció Figueroa.
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