Ni los mosquitos, ni las becas presidenciales, ni la Junta de Control Fiscal, tampoco El Manco, ni el apagón, decidieron el resultado de las elecciones en Puerto Rico. Ricardo Rosselló resultó ser el próximo gobernador y, al parecer, algo se quema: las cenizas lo dicen todo.
El 2016 fue candela, aquí te presentamos los eventos que mejor resumen un año que, indudablemente, será para la historia.
¡Pican, pican los mosquitos!
Como si se tratara de una película apocalíptica, así se anunció la llegada del zika a Puerto Rico. Hasta mediados de este mes, la secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus, había informado que el total de casos reportados ascendían a 35,136.
El primero de enero se registró el primer caso de zika en Puerto Rico. En pocos meses ya la gente estaba en histeria. Repelentes a mitad de precio y muchas personas en mahones y mangas largas –en pleno verano– era la orden del día. Hasta Nueva York donó un millón de condones para ayudar a prevenir esta enfermedad, que también se transmite por contacto sexual.
El aedes aegypti, el mosquito que la transmite, espantó a los beisbolistas de los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami quienes cancelaron los dos partidos programados para finales de mayo. “Podrán ser buenos beisbolistas, pero obviamente muy inteligentes no son”, les dijo el gobernador Alejandro García Padilla, causando gran revuelo.
Las reacciones de algunos boricuas de Grandes Ligas no se hicieron esperar, como Enrique Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, quien ripostó criticando el inglés del gobernador.
Los partidos servirían como celebración del Día de Roberto Clemente, valeroso beisbolista puertorriqueño que perdió su vida en el intento de ayudar a otros. Los actuales Piratas, equipo al que perteneció Clemente, al parecer, no gozan de esa misma valentía.
Así, los intentos de contener la epidemia por parte del Departamento de Salud y del gobierno eran inefectivos, o bueno, casi nulos. Entonces, Tom Frieden, director del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), recomendó al gobernador el uso de Naled –un plaguicida altamente tóxico para las personas y varios organismos–. Esta aspersión aérea con insecticida se utilizó en Puerto Rico para el 1987 y no funcionó. Bueno sí, pero no mató a los Aedes aegypti, más bien causó efectos devastadores a las abejas y las mariposas.
El pueblo protestó, y supuestamente no se roció a Puerto Rico con Naled. El gobierno de Estados Unidos declaró a la isla en estado de emergencia, pero expertos aseguraron que fue una movida política entre el Congreso y Barack Obama. Nada, el mosquito sigue por ahí, aunque ya los medios no le den mucha cobertura.
Develan corrupción en la UPR
En febrero, todas las miradas se posaron sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR). Un escándalo, por la otorgación de las becas presidenciales, culminó en la destitución del presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, y la renuncia del presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.
En palabras sencillas, tres becas otorgadas para cursar programas graduados en programas de prestigio fuera de Puerto Rico, fueron concedidas de forma dudosa a: Carlos Pagán Cuebas –exasistente de Antonio García Padilla–, Arturo Ríos Escribano –exasesor en asuntos laborales del gobernador Alejandro García Padilla– y Mónica Sánchez Sepúlveda 
–sobrina del presidente de la Junta de Gobierno–; todos, recomendados antes de que abriera la convocatoria.
Posteriormente, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental emitieron una querella contra Walker Ramos por las irregularidades en la otorgación de los fondos, el expresidente de la UPR se expone a penalidades que ascienden a $183,200.
Pero este no fue el único acto que fue develado en la primera institución pública del país, que cerró en 2015 con un déficit de $1,646 millones, Justicia radicará 263 cargos contra diez funcionarios de la UPR que estuvieron involucrados en un esquema de fraude por el proyecto CRECE-21. Este proyecto tenía como fin el adiestramiento de maestros de difícil reclutamiento.
Servicios de spa, productos para el cabello, pago de habitaciones, comidas en restaurantes, zapatos y fiestas, en eso gastaron estas personas unos $73 mil de fondos públicos mediante falsificación de documentos que facturaban como si fueran talleres para maestros.
Como si fuera poco la actual situación fiscal del país ha salpicado a la universidad del Estado, que se alimenta en un 70% de ingresos que provienen del gobierno central. ¿Cerrarán recintos o consolidarán programas académicos? Eso se verá en el 2017.
Casos que estremecieron los cimientos del gobierno
Aunque Anaudi Javier Hernández Pérez, recaudador de fondos del Partido Popular Democrático (PPD), fue arrestado el 3 de diciembre de 2015, la verdadera novela comenzó en 2016 cuando inició el juicio en su contra por ser gestor de un esquema de fraude vinculado a la Cámara de Representantes. Hernández Pérez era uno de los propietarios de la empresa 3 Comm Global quien a base de regalos, comidas y contribuciones políticas logró ser contratado para la instalación de un cuadro telefónico en la Cámara baja sin contar con el peritaje.
Junto al recaudador del PPD, las autoridades federales arrestaron a nueve personas más, de las cuales seis se declararon culpables: Sonia Barreto Colón, exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); Javier Alexis Álvarez, empleado de JM Training Group; Víctor Rafael Burgos Cotto, exjefe de tecnología de la Cámara de Representantes; Carlos Francisco Luna Cruz, quien ofrecía servicios a JM Training Group; Xavier González Calderón, exadministrador de la cámara baja; y el propio Hernández Pérez, quien se convirtió en testigo en contra de los otros cuatro acusados.
La lengua de Anaudi se soltó y puso a temblar a los populares. Nombres como el del presidente cameral, Jaime Perelló Borrás; la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; los senadores Jorge Suárez y Mari Tere Hernández –quien posteriormente fue referida al FEI–; el hermano del gobernador, Luis Gerardo García Padilla; el excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz; el exdirector de campaña del gobernador, Irving Faccio; y el oncólogo Rolando Jiménez, salieron a relucir en el juicio.
Tras los testimonios de 36 testigos, los otros cuatro acusados, Sally López Martínez, exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL); Glenn Omar Rivera Pizarro, exayudante especial de la Cámara de Representantes; Ivonne Falcón Nieves, expresidenta de la AAA; y su hermana, Marielis Falcón Nieves, también resultaron culpables de los 14 cargos que enfrentaban a nivel federal.
La saga continuará el 6 de febrero para cuando se pautó la vista de lectura de sentencia.
Otro caso que sacudió al país fue el de las vistas contra Luis Gustavo Rivera Seijo “El Manco”, imputado por el asesinato del niño Lorenzo. El 8 de marzo, un día antes de cumplirse los seis años del asesinato del menor y que desde entonces el Departamento de Justicia había tratado de esclarecer, hubo causa para arresto contra Rivera Seijo.
La vista preliminar comenzó el 29 de marzo, pero, el 26 de abril el juez del Tribunal de Bayamón, Carlos Salgado Schwarz no halló causa para juicio por falta de pruebas contra el que Justicia declaró ser el único asesino de Lorenzo. En esos días, la hermana de Lorenzo aseguró que fue presionada en sus declaraciones iniciales por autoridades y Schwartz decidió no creer la confesión de El Manco.
Los fiscales y Justicia no estuvieron conformes y fueron a una vista en alzada. El nuevo episodio de la saga comenzó el 26 de mayo. Y volvieron a desfilar los testigos frente a la jueza Vilmary Soler Suárez. En la nueva temporada del caso, que fue televisada en su totalidad, tampoco se encontró –el 7 de junio– causa para juicio en contra de Rivera Seijo.
En un proceso judicial que levantó escepticismo para algunos y esperanza para otros, el que brilló fue el abogado de defensa Mario Moczó, quien con su peculiar forma de contrainterrogatorio, logró hacer ver a los testigos como poco confiables.
¡Extra, extra, llega la Junta de Control Fiscal!
A lo lejos se oía un rumor: que el tío Sam hacía Promesa para ayudar a los pobres puertorriqueños que no pueden resolver la crisis fiscal en la que se encuentran. Son $72 mil millones en deudas y Estados Unidos creó la ley Promesa que implementó en el país una Junta de Control Fiscal (JCF) con poderes de un supergobierno, por encima de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la medida, Barack Obama hizo su parte y firmó la ley el 30 de junio, esto a pesar de las decenas de protestas y expresiones en contra de dicho organismo en Puerto Rico. Los estudiantes de la UPR llegaron hasta Washington para manifestarse en contra de la ley, pero fue infructuoso el intento. Se impuso la junta en Puerto Rico, compuesta de siete miembros que fueron confirmados por el presidente de los Estados Unidos.
Las caras del nuevo organismo son: Carlos M. García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración de Fortuño; Ana Matosantos, experta en finanzas; Arthur González, miembro distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York; David Skeel, profesor de derecho de la Universidad de Pennsylvania; Andrew Biggs, miembro del centro de investigación y laboratorio de Ideas con ideología conservadora, American Enterprise Institute; José González, expresidente del BGF en la administración de Rafael Hernández Colón; y quien es el presidente del cuerpo, José Carrión –cuñado del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi–.
En esa primera reunión de la Junta el 4 de octubre, la diáspora se manifestó –así como se llevan manifestando en Puerto Rico un grupo de residentes y que ha instalado hasta un campamento desde el 29 de junio frente al Tribunal Federal– y su presidente solo soltó lo que sabíamos: austeridad para Puerto Rico. Además, tomó el control de las finanzas de la UPR, la AAA, la judicatura, el BGF, el Fondo del Seguro del Estado, entre otros cuerpos gubernamentales. En la segunda reunión, a mediados de octubre, García Padilla presentó el plan fiscal ante los siete miembros de la JCF, que incluía la congelación de la fórmula económica de la UPR hasta el 2021.
Entonces, la Junta decidió realizar la tercera reunión en Puerto Rico con 500 agentes que le velaban las espaldas ante un pueblo que se manifestaba en contra de ese organismo federal. Allí, en el Hotel El Conquistador en Fajardo, la JCF rechazó el plan fiscal que había presentado el saliente gobernador, pues no cumplía –entre otras cosas– con los diez años de proyección.
La Junta no ha anunciado nada sobre la cuarta reunión. Al parecer se fueron de vacaciones. Veremos si serán al estilo estadounidense y se reunirán al comenzar el nuevo año o la celebran a lo boricua y retoman labores luego de las octavitas.
Y no había luz
A oscuras. El 21 de septiembre, a eso de las 2:30 de la tarde, gran parte de Puerto Rico quedó sin luz eléctrica. El gran apagón, dejó a unos 1.475 millones de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin servicio y a 250 mil clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sin agua.
Desde la última vez que Puerto Rico atravesó por un suceso similar, habían pasado 36 años. Lo cierto es que ese día los puertorriqueños sucumbieron ante el pánico, la incertidumbre y la desesperación.
Dicen que fue un rayo el culpable de ocasionar un incendio en la central Aguirre en Salinas afectando así dos líneas de 230 mil voltios. Dicen que eso fue lo que ocasionó el colapso del sistema. Lo cierto es que la AEE ha estado en vigilancia por la escasa inversión en mantenimiento de su infraestructura.
En fin, esa noche –para muchos– no hubo ni abanico, ni aire acondicionado. Algunos salieron a la calle a socializar o en busca de linternas, hielo o gasolina. Varias personas aseguraban que gracias al apagón “volvimos a ser gente”, haciendo referencia al texto de José Luis González. Otros, solo pensaron en la oficial de reestructuración fiscal y operacional de la AEE, Lisa Donahue, quien por sus servicios a la corporación pública ha facturado, a través de la compañía Alix Partners, un total de $43.6 millones. El contrato venció el 15 de diciembre, pero se le fue renovado por unos $2.04 millones hasta febrero.
La AEE lleva a cuestas una deuda de aproximadamente $9,000 millones. ¿Habrán más apagones en el 2017?
Cenizas: como si algo se quemara
En noviembre una manifestación cobró fuerza, aunque era una lucha que se venía librando hace años. Esta vez, los residentes de Peñuelas junto a otros cientos de puertorriqueños lucharon para que no se depositaran más cenizas de carbón de la planta de energía Applied Energy System (AES) en el vertedero que maneja EC Waste en la localidad de Tallaboa Encarnación.
Los residentes aseguran, basados en múltiples estudios y con sus propias vivencias, que las cenizas son tóxicas y perjudiciales para su salud. Por ejemplo, la exolímpica y residente de Peñuelas, Ivelisse Echevaría, le contó a este medio que ya ha visto fallecer de cáncer a su madre, padre, hermana, tía, bisabuelas y primo, todos residentes del barrio peñolano.
Además de Peñuelas, la comunidad de Humacao también protestó ante la probabilidad de que las cenizas fueran transportadas al vertedero de ese municipio. Entonces, la movilización llegó hasta La Fortaleza en busca de que se discutiera el Proyecto del Senado 340 radicado en 2013 por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, en la sesión extraordinaria. Y lo lograron, el proyecto se incluyó en el calendario de la extraordinaria.
En el hemiciclo del Senado, en una vista de interpelación previa a la sesión, el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Weldin Ortiz, aseguró que ellos no han realizado ni una sola investigación para probar si las cenizas son tóxicas y avalan las acciones de AES basándose en los estudios que le provee esa compañía y por eso se mantienen firmes en que las dos millones de toneladas de residuos que se han utilizado en el país no perjudican la salud.
El Proyecto 340, que busca establecer como política pública sobre la disposición de las cenizas de carbón y crear una ley que prohíba su uso como material de relleno y la disposición en terrenos o cuerpos de agua, no se dilucidó en la sesión más reciente. Se espera que se discuta en la última extraordinaria de este cuatrienio.
La controversia pica y se extiende.
¡Habemus gobernador!
El proceso electoral del 8 de noviembre culminó en la victoria de Ricardo Rosselló con un 41.76% del apoyo de los votantes en unos comicios en el que solo participó el 55% de los electores de Puerto Rico.
Junto a Rosselló, la ola nuevoprogresista inundó al país ganando la mayoría de los puestos de la Legislatura. Sorpresivamente, el PPD logró retener la mayoría de las alcaldías en 45 de los 78 municipios. Otra de las sorpresas fue el apoyo masivo a José Antonio Vargas Vidot, candidato independiente a senador por acumulación, quien culminó con el mayor número de votos: 157,099.
Los candidatos independientes también fueron una sorpresa al obtener la tercera y cuarta posición en la contienda electoral –Alexandra Lúgaro con 11.12% y Manuel Cidre con 5.73%–. Tanto Lúgaro como Cidre acapararon la atención de los medios noticiosos y de las redes sociales.
Las controversias en todo el proceso son incontables. Desde el ateísmo y asesoramiento por una empresa vinculada a la violación de derechos humanos de Lúgaro, las exrelaciones amorosas y la falta de experiencia de Rosselló y la desconfianza de Bernier hacia Perelló y un ELA moribundo, hasta una relación de amor y odio entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, espectacularizaron las elecciones de 2016.
Vamos, que Rosselló ganó y esa es la realidad, será el próximo gobernador. Durante el mes de diciembre ha dado a conocer quiénes compondrán el nuevo gabinete gubernamental. Por el momento, aunque Rosselló creó un Banco de Talentos, los nombramientos han recaído en su mayoría sobre personas ligadas a su campaña política y administraciones pasadas.
Rosselló nombró a su director de campaña, Elías Sánches Sifonte, como representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal; al abogado de la compañía EC Waste envuelta en la controversia de las cenizas en Peñuelas, Ramón Rosario Cortés, como secretario de Asuntos Públicos y Política Pública; al secretario general del PNP, William Villafañe Ramos, para ser el secretario de la Gobernación; al hijo del comisionado residente en Washington, Michael Pierluisi, a ser el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); y hasta al que le otorgó una plaza de profesor a Rosselló en el Recinto de Ciencias Médicas, Rafael Rodríguez Mercado, como el secretario de Salud.
Así cerramos este año. El próximo año nos aguardarán grandes retos: hay que aprobar un plan fiscal para Puerto Rico y de algún lugar hay que cortar. Al menos, la nueva administración gubernamental ha prometido no despedir a nadie. Veremos qué sucederá. Pendientes a Diálogo que en este nuevo año viene con más fuerzas para seguir llevándole una cobertura alternativa.
¡Felices Fiestas!
