El bufete multinacional panameño Mossack Fonseca es poco conocido para la mayoría de los puertorriqueños, pero Puerto Rico no le es nada ajeno al bufete.
Más de 6,000 documentos internos de la controvertible firma mencionan a Puerto Rico, a algunos de sus empresarios y empresas, y a una decena de las principales firmas de abogados de San Juan, según encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) entre 11.5 millones de expedientes que le fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Mossack Fonseca (MF) tiene oficinas en 35 países del mundo y se ha especializado en la creación de compañías anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes que incluyen una lista larga de ricos, famosos, políticos y criminales de todos los rincones del planeta.
En relación a Puerto Rico, MF ha atendido diversos clientes puertorriqueños directamente tales como Omega Engineering, Banco Popular de Puerto Rico, GlobalTek Puerto Rico Ltd., y Galephar Puerto Rico Ltd.
Omega Engineering S.E., es la compañía de construcción que inició el controversial Paseo de Puerta de Tierra, y al presente su presidente y principal ejecutivo de la empresa, Oscar Rivera, está acusado por la Justicia Panameña y con una orden de captura por un esquema de lavado de dinero bajo el mandato del ex presidente de dicho país Ricardo Martinelli. Según documentos examinados, en el 2008 Oscar Rivera encargó a MF la creación de una corporación offshore, dándole a escoger como posibles jurisdicciones sede a las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Bahamas, Samoa o Panamá. Escogió Panamá y solicitó el nombre OESE Financial Panamá, Inc.
Galephar Puerto Rico Limited era una corporación de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos registrada en Puerto Rico en 1987, originalmente organizada en las islas de San Vicente y las Granadinas por Arthur Deboeck, que fue cancelada en 2014. En 1995 Deboek también incorporó en la Isla Galephar Pharmaceutical Research que aún está en la misma línea de negocios.
GlobalTek Puerto Rico Ltd. aparece registrada en 2002 como una corporación foránea con oficinas en Santurce, pero después de dicha fecha no refleja actividad en el Departamento de Estado de Puerto Rico por lo que fue cancelada. Ese mismo año fue registrada en Islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca. El CPI no pudo encontrar el tipo de actividad comercial a la que se dedica o dedicaba la empresa.
Popular encargó a MF trabajos relacionados con la compra de la empresa de desarrollo de tecnología T.I.I. Smart Solutions de Costa Rica, incorporada en las Islas Vírgenes, por parte de Popular International Bank, la transferencia de dichas acciones a Popular, Inc., y de Popular, Inc. a Evertec Latinoamérica, así como la posterior incorporación de la nueva T.I.I. Smart Solutions resultante de la transacción.
De otra parte, la firma panameña también buscó negocios a través de al menos diez bufetes puertorriqueños e incluso en 2011 auscultó la posibilidad de incorporarse a nivel local a través de uno de ellos, Goldman, Antonetti & Córdova, según consta en decenas de intercambios de correos electrónicos revisados por el CPI. MF pidió una cotización a Goldman, Antonetti & Córdova para la incorporación, pero al parecer no aceptó la misma ya que no figura en los expedientes históricos de sus clientes, confirmó el bufete boricua. MF tampoco figura en el registro de corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico, ni tiene una dirección en la Isla listada entre sus oficinas internacionales.
Sin embargo, en marzo del 2009 personal de MF hizo un análisis sobre los principales bufetes de Puerto Rico para determinar cuáles visitaría en su búsqueda de nuevos clientes.
“Por la información que pude conseguir, los Estudios más importantes son: (1) McConnell Valdes;(2) Fiddler Gonzalez & Rodríguez; (3) O’Neill & Borges; (4) Cancio, Nadal, Rivera & Díaz; (5) Pietrantoni Mendez & Alvarez. Sofía Rodríguez puede darnos los prospectos y los clientes de Puerto Rico que aparecen en la base de datos para ver si los anteriores están incluidos y también para agregar más posibilidades de contactos”, lee uno de los correos enviado el 30 de marzo de 2009 por Humberto Urroz, Director de Desarrollo de Negocios de MF al resto del personal de la compañía a cargo de la planificación del viaje.
Los cinco bufetes mencionados fueron contactados, al igual que Fernández, Collins, & Rivero-Vergne, Nigaglioni & Ferraiuoli, Pellot-González, y Ferraiouli, Torres, Marchand & Rovira, según consta en intercambios posteriores.
Sofía Rodríguez es una de las empleadas de MF que aparece identificada como oficial de desarrollo de negocios para el bufete junto a otra empleada de nombre Sofía Johnson quien contactó directamente a las firmas boricuas a nombre de Urroz. En la carta inicial enviada a cada uno de los bufetes por vía electrónica, Johnson hacía una presentación formal de MF, en la que describía con prominencia su especialidad en la creación de estructuras legales corporativas y fideicomisos en conocidos paraísos fiscales, así como relocalizaciones corporativas a Panamá.
“En cuanto a nuestras actividades internacionales, asistimos a clientes profesionales en incorporarse y en estructuras legales en muchos lugares en los que tenemos nuestras propias oficinas tales como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas, las Seychelles, Samoa, Anguila Británica, así como otras. En adición, siempre pensando en nuestros distinguidos clientes e inspirándonos en la Ley de Liechestein, adaptamos tal modelo europeo para crear una más flexible y moderna “Fundación Privada” que tiene evidentes ventajas en la planificación de activos internacionales y que está cualificada para conducir “transacciones comerciales” no-habituales. Mossack Fonseca & C. incluye estas Fundaciones de Intereses Privados en nuestra línea de servicios, lo que constituye una combinación de una corporación con un fideicomiso, con las ventajas de ambos”, explicó Johnson a las firmas puertorriqueñas.
Al final, el viaje de Mossack Fonseca a Puerto Rico se concretó del 4 al 8 de mayo de 2009 con una agenda previa llena que incluía reuniones individuales, presuntamente confirmadas, de una de sus abogadas, la licenciada María González Siburú con los licenciados Samuel Céspedes Sabater, de McConnell Valdés; Eduardo Negrón Navas, de Fiddler, González, & Rodríguez; Marta L. Rivera Ruiz, de Cancio, Nadal, Rivera & Díaz; y con Manuel López Zambrana y Fernando Rovira, de Ferraiouli, Torres, Marchand, & Rovira.
El licenciado Céspedes indicó en entrevista telefónica que no recordaba la reunión con el personal de MF, ni siquiera recordaba el nombre de la firma, pero que era muy posible que se hubiese dado puesto que es asunto regular que bufetes externos visiten a McConnell Valdés presentar sus servicios. No obstante, aseguró que nunca han hecho negocios con MF y que ese bufete no es miembro de las dos asociaciones internacionales con cuyos miembros sí han hecho negocios: Lexmundi y el Club de Abogados Iberoamericanos.
Por su parte, el licenciado Rovira dijo que recordaba la visita y haber participado de la reunión, pero que la misma fue “inconsecuente” y que su firma tampoco hizo ningún tipo de negocio con MF. Según dijo, el personal de MF presentó sus servicios de asistencia e incorporación en Panamá y se puso a la disposición de su bufete si tenían clientes interesados.
“No teníamos negocio para ellos, y nunca más supimos de ellos”, afirmó.
El CPI contactó a los demás abogados mencionados en la agenda de MF para saber si se concretaron sus reuniones, y si finalmente establecieron relaciones de negocios con el bufete Panameño, pero no devolvieron llamadas o quisieron hacer expresiones. No obstante, en los expedientes revisados no se pudo encontrar evidencia de que hubieran establecido relación con MF posterior al viaje.
