Cuatro proyectos en el Senado y uno en la Cámara son las medidas legislativas impulsadas por el movimiento estudiantil, conformado tras los portones del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP). Entre estas figuran: la eliminación de la Ley 20 y 22, el establecimiento de un registro de puestos de confianza y la implementación de un impuesto a la propiedad de lujo.
“Estos proyectos van dirigidos a allegar fondos a la Universidad, a través del gobierno. Entonces, de esa manera, estaríamos viendo una Universidad que sigue siendo subvencionada por el gobierno, una universidad pública”, explicó uno de los portavoces del movimiento, José Coss.
Coss, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho, ofreció una entrevista a Diálogo para llamar la atención a estos proyectos propuestos por el estudiantado de la UPRRP.
“El gobierno los tiene en sus manos”, advirtió Coss, quien resaltó que las medidas fueron trabajadas desde el núcleo del movimiento estudiantil y presentadas por el senador independiente, José Vargas Vidot, y el representante independentista, Dennis Márquez. “Estamos dándoles propuestas reales, para que ellos entonces puedan sentarse y analizarlos”, indicó.
“Nosotros estamos en huelga y pretendemos estar en huelga hasta que se atiendan nuestros reclamos”, agregó el portavoz sobre el seguimiento que le darán a estas propuestas y a las exigencias aprobados tres veces en asamblea por los alumnos del campus riopedrense.
Cinco proyectos de ley desde la huelga estudiantil
Al momento, los estudiantes cuentan con lo que llaman “un paquete legislativo” que esboza algunos de los reclamos que dirigen las paralizaciones que desde el 28 de marzo mantienen cerrado el Recinto de Río Piedras. Entre estos, Coss señaló que las medidas redundarían en más fondos para la UPR, combatiendo así los recortes; más reforma universitaria y mayor transparencia.
Para allegar más fondos se destacan dos proyectos principales: la imposición de un tributo a las propiedades de lujo y la propiedad ociosa; y asegurar prácticas intramurales entre el gobierno y la UPR.
El impuesto a las propiedades de lujo figura en la medida presentada por el representante cameral, Dennis Márquez, y consiste en una contribución básica de 20% sobre propiedad inmueble ociosa (terrenos en desuso y propiedades desahuciadas) y otra de 11.5% sobre aquellas de lujo, muebles e inmuebles. Lo que se recaude por concepto de este impuesto sería remitido al fondo general de la UPR.
“Esto aplicaría a residencias de lujo, de un millón de dólares o más. Se le impondría de 11.5%”, explicó Coss, quien también recalcó que aplicaría a los bienes muebles de más de $500 mil, como joyas, obras de arte y vehículos. Según el portavoz, la cifra que esta medida podría recaudar asciende a los $500 millones
Por otro lado, los estudiantes buscan asegurar la contratación prioritaria de la UPR por parte del gobierno en el ofrecimiento de servicios. Cabe destacar que el gobernador Ricardo Rosselló firmó el pasado 15 de febrero, la Orden ejecutiva 21, ordenando a las agencias gubernamentales establecer acuerdos interagenciales de prioridad con la UPR en contratación de servicios profesionales y capacitación.
Sin embargo, los estudiantes van por más, aseguró el estudiante de derecho. Esta vez, la propuesta es asegurar la prioridad en servicios educativos, adiestramientos, consultorías, publicidad, orientación, arte, técnicos y más.
Todo esto, si se aprueba íntegramente el proyecto de ley. Por esto, Coss advirtió que impulsan su ratificación plena en la Asamblea Legislativa sin que “se desvirtúe su propósito con enmiendas”.
“Necesitamos que estos proyectos pasen de manera íntegra porque una cosa es que los presentemos y que en el Senado y la Cámara le pongan cuanta enmienda quieran, pues entonces se desvirtúa el espíritu del paquete legislativo”, declaró Coss.
Mientras, mediante otro proyecto, los estudiantes buscan la creación de la Ley para aumentar el compromiso de la UPR con la educación pública de Puerto Rico. Con ello, el Departamento de Educación destinaría todos sus contratos de tutorías, adiestramientos y consultoría al primer centro docente del País, al Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.
Según los cálculos de los proponentes, esta iniciativa allegaría sobre $200 millones a las arcas de la institución.
Proponen registro electrónico de puestos de confianza
En aras de crear transparencia en el gobierno, los universitarios promueven la creación de un registro público de los puestos de confianza ocupados en todos los departamentos, agencias, corporaciones, municipios e instrumentalidades del gobierno. En esto, estarían incluidos los puestos de confianza en la rama legislativa y la judicial.
De aprobarse, todas las entidades tendrían que enviar a la oficina del Contralor: el nombre, la preparación académica, las labores, el salario y las compensaciones de las personas en puestos de confianza. Asimismo, otorgarían información sobre nombramientos y contratos.
“Lo que se busca realmente es tener transparencia dentro del gobierno y si hay tanta crítica de corrupción, entiendo que esto es un proyecto muy positivo para crear una plataforma donde se pueda visibilizar el qué hacer de las personas a las que le dan puestos de confianza”, arguyó Coss.
“Eso sería positivo para que el gobierno le genere un poco más de confianza al pueblo”, puntualizó.
Este registro sería mantenido electrónicamente y de manera accesible para el pueblo de Puerto Rico.
Pa’ fuera las leyes 20 y 22
Uno de los reclamos más insistentes del movimiento estudiantil finalmente tiene su proyecto y es la exigencia de la derogación de las leyes 20 y 22. Bajo estas leyes, aprobadas en el 2012 e impulsadas por el exgobernador Alejandro García Padilla, multimillonarios y sus empresas reciben exenciones contributivas por establecerse en el País.
“Ambas leyes otorgan una serie de exenciones contributivas sumamente onerosas para el pueblo de Puerto Rico ante la crisis económica que se vive en el presente”, argumenta la exposición de motivos de la propuesta.
De no poder aprobarse la derogación, el portavoz estudiantil propone que al menos se investigue cómo ha sido el rendimiento de estas leyes en sus cinco años de vigencia.
“Si bien entendemos que estas leyes tenían intenciones de atraer inversionistas, entendemos que eso no ha pasado. Debería el Senado analizar si estas leyes han tenido un efecto fructífero para el País porque desde la perspectiva que nosotros lo estamos mirando, parece todo lo contrario”, estableció el portavoz estudiantil.
