Diálogo UPR | Muchas las interrogantes sobre la receta económica para Puerto Rico

9 de enero de 2009 Por Diálogo Puerto Rico

fotos: Ricardo Alcaraz

Por Norenid Feliciano

De Diálogo Digital

9 de enero de 2009 Las medidas propuestas por el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) han suscitado una serie de cuestionamientos en torno a la agresividad de las recomendaciones y su impacto en la clase media y los sectores menos pudientes del país. Porque, aunque la propuesta esboza medidas puntuales que podrían ayudar a remendar la situación fiscal de Puerto Rico, los impactos reales que tendrán estas acciones no están todavía del todo claros. El economista Alfredo González manifestó en entrevista con Diálogo Digital sus preocupaciones en cuanto al carácter permanente o temporero de las propuestas. Según explica González, una de las recomendaciones del informe es que la Junta de Planificación evalúe a partir de un estudio macroeconómico los efectos de la implantación de estás medidas. Esto, afirma González, es preocupante, ya que el movimiento lógico hubiera sido hacer el estudio macroeconómico desde el principio. “¿Cuál es la lógica de armar unas recomendaciones si tú no conoces los impactos?”, cuestionó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Agregó que lo que denota la propia petición para una evaluación macroeconómica es que no hubo una evaluación sobre los efectos de las medidas propuestas en la economía. Algunas de las recomendaciones presentadas por el Gobernador son el despido de unos 11,000 empleados; la reducción en 10 por ciento de los gastos de las agencias de gobierno; congelar las plazas vacantes y nuevas contrataciones; imponer una sobretasa de 5 por ciento a las corporaciones y otra sobretasa de contribuciones sobre ingresos para individuos cuyo ingreso bruto ajustado exceda $100 mil, y una moratoria para otorgar los aumentos negociados en los convenios colectivos. También, se propone la imposición de arbitrios a las comunicaciones celulares (por ejemplo, cobrar un centavo por cada minuto hablado durante el mes). Asimismo, se recomienda un aumento en los arbitrios de la gasolina y el crudo, los cigarrillos, y las bebidas alcohólicas, por mencionar algunos.

Voces de alerta

Ante el anuncio de las medidas, diversos sectores se manifestaron preocupados por lo propuesto. José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, indicó a WKAQ que las recomendaciones, “son un ataque brutal contra la clase trabajadora, la clase media, los sectores más humildes del país.” Algunas medidas afirmó, “arañan un poco al sector corporativo”; no obstante, las demás propuestas “van contra los trabajadores”. “Estuvimos haciendo propuestas que no fueron tomadas en consideración para nada por este Consejo Asesor, pero el Gobernador no escuchó a nadie más, escuchó únicamente al sector empresarial”, añadió. Por su parte, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, en entrevista radial indicó que aunque está de acuerdo con ciertas propuestas, en el informe se presentan opciones que van en contra de lo predicado anteriormente por su Partido Nuevo Progresista (PNP). “Creo que es saludable el impuesto al cigarrillo, ron, juegos de azar…pero otras son sumamente sensitivas y van en contra de la política pública del PNP, por ejemplo el impuesto a la gasolina…hemos dicho que no vamos a aumentar el IVU, pues no podemos imponer un impuesto tan grande a la gasolina…va en contra de compromiso que Luis Fortuño ha hecho”, expresó Vega Borges. Sobre las recomendaciones específicas, el profesor González explicó que “son medidas para recaudar y unas pocas de reducir los gastos. El problema central es que resolviendo el problema de liquidez, puedes estar afectando la capacidad de comprar que tiene la gente y las empresas”. Esta acción podría tener un efecto adverso en la economía.

Responsabilidad de todos

Uno de los constantes mensajes que los puertorriqueños han escuchado durante el proceso de transición gubernamental y en la actualidad es que todos los sectores tendrán que aportar a la solución. Para el profesor González, Puerto Rico debe estar alerta y exigir una explicación sobre la distribución de la carga económica de estas medidas. Pues, según él, “el sentido común se pierde con la retórica de la palabrería… los medios deben orientar al público, porque hay una iliteracia económica intensa (en Puerto Rico)”. En ese sentido, añade, se habla de que todo el mundo debe sentir el impacto. No obstante, una cosa es que todos aporten y se sacrifiquen y otra cosa es cuál será la proporción de ese sacrificio. El economista, exhortó a que en el análisis macroeconómico se le dé atención al efecto distributivo para ver a quiénes estas medidas están afectando. Por la información presentada, entiende que “el impacto va a ser mayor sobre las personas de ingreso menor, que de ingreso mayor”. Se espera que durante el fin de semana el liderato legislativo del PNP trabaje las primeras medidas legislativas que se radicarían durante el inicio de la Sesión el próximo 12 de enero. Esos proyectos iniciales están dirigidos a cubrir el pago de la nómina gubernamental y la deuda a los suplidores, según se indicó al finalizar una reunión entre Fortuño y el liderato legislativo del PNP en La Fortaleza.

El informe y la UPR

El Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal propuso una congelación a los ingresos calculados para la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En la página 33 del Informe del Consejo se detalla la recomendación que fue excluida del Resumen Ejecutivo y del comunicado de prensa circulado a los medios noticiosos del país. Específicamente, se propone que los recaudos adicionales al Fondo General durante los próximos cuatro años no sean contemplados en el cálculo de la fórmula automática que garantiza que el presupuesto de la UPR no sea objeto de vaivenes políticos y que fortalece la autonomía universitaria. “Para dirigir estos recursos exclusivamente a cubrir el déficit presupuestario, recomendamos que se excluyan estos recursos adicionales de la base de ingresos sobre la cual se aplica la fórmula del 9.6% de la UPR”, lee el documento. Se recomienda que se aplique el mismo principio para las asignaciones presupuestarias por fórmula a la Rama Judicial y a los municipios. La Ley número 2 del 20 de enero de 1996 le asigna a la UPR una cantidad equivalente al 9.6% del promedio del monto total de las rentas anuales ingresadas al Fondo General en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación que se nutran de recursos generados por imposiciones contributivas. En el año fiscal presente la asignación por fórmula a la UPR fue de $873 millones, sin embargo los estimados para los próximos años por la reducción de ingresos al fondo general es significativa. Se calcula que los ingresos de la UPR mermarán $86 millones en el 2010, $114 millones en el 2011, $93 millones en el 2012 y $81 millones en el 2013. El total para los próximos cuatro años sería de $374 millones, según los datos reportados en el Informe del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal. (por Staff Diálogo Digital)

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