Una madrugada de 1945, varios vieron a un hombre de chaquetón verdoso salir de una bóveda del Departamento de Hacienda en el Viejo San Juan. La mañana siguiente, ese espacio recipiente de bonos utilizados para el desarrollo de obras públicas, conocidos como “Bonos de la Victoria”, amaneció con medio millón de dólares menos.
Nunca se resolvió el caso, o al menos nunca se formularon cargos contra el responsable. Algunos dicen que se supo quién fue, pero prevaleció la impunidad. Solo una cosa quedó certera: la ausencia de verdes.
Justo durante el mismo tiempo en que se dilucidaba el misterio, individuos designados por la oficina del entonces presidente senatorial Luis Muñoz Marín cobraron sus sueldos con fondos federales designados para contrarrestar un craso problema de garrapata que adolecía al ganado del país. En ese caso, tampoco hubo rostros concretos señalados en el ruedo público. Hubo impunidad.
Y así, desde hace décadas, un sinnúmero de responsables por actos de corrupción han escapado tanto de la palestra pública como del sistema de justicia en Puerto Rico. Con el pasar de los años, muchos Anaudi Hernández sin atención mediática han recorrido las calles como Anaudis en anonimato. Otros nombres, empero, sí han quedado registrados en la memoria histórica del país, aunque no todos hayan llegado a primeras planas.
El periodista Antonio Quiñones señala en su libro Corrupción e impunidad en Puerto Rico que, desde el año 1900 hasta el 2000, cerca de 2,750 servidores públicos en todos los escalafones del organigrama gubernamental fueron acusados, y en algunos casos convictos, por corrupción.
En las elecciones del 1961, portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Estadista Republicano radicaron actas de impugnación contra la elección de los legisladores Mario Dávila Polanco y José Luis Feliú Pesquera al alegar que hubo actos fraudulentos durante la inscripción del partido. Ambos legisladores representaban al Partido de Acción Cristiana, organismo auspiciado por la Iglesia Católica.
En las vistas públicas celebradas para esclarecer el caso, decenas de ciudadanos se negaron a testificar. No obstante, se hallaron cientos de hojas de inscripción completadas fraudulentamente y autorizadas por la jueza de distrito asignada a la sala de Bayamón, María Luisa Ramos. Tanto ella como los legisladores fueron destituidos de sus cargos.
En julio de 1976, la Oficina del Contralor de Puerto Rico divulgó una lista con una serie de irregularidades fiscales, gastos, y pagos injustificados o indebidos, encabezados por el entonces alcalde de Carolina, Manuel Fernández Corujo. El desglose incluyó fiestas en hoteles lujosos, obsequios de botellas de licor pagados con fondos públicos, y compra de camiones para el recogido de desperdicios sólidos sin subastas reglamentarias.
Transcurrió ese decenio del setenta y, con él, múltiples gestas más de carácter fraudulento por parte de los alcaldes de Río Grande, Ceiba, Lares, San Germán, Luquillo y Humacao, así como por líderes de otras esferas.
En 1975, por ejemplo, Carlos Velázquez Toro fungía como jefe de operaciones de la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF) –ahora la Autoridad de Energía Eléctrica. En un triángulo corruptivo, la empresa General Electric otorgó unos $2.5 millones a Power Electric, corporación cuyo dueño también era Velázquez Toro, para que la AFF gestara contrataciones millonarias con la multinacional.
El exrepresentante estadista José Granados Navedo, quien en 2007 fue convicto por participar en un fraude gubernamental, y su entonces ayudante Kenneth McClintock investigaron el caso de soborno y arrojaron a la luz pública el asunto. Antes de que se realizara la pesquisa, Velázquez Toro había fallecido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín mientras esperaba un vuelo a Nueva York, con un maletín en mano. Años más tarde, se supo que en ese maletín se encontraron certificados de depósitos por $1.8 millones, productos del andamiaje de corrupción.
Más adelante, en 1984, el presidente del banco Girod Trust, Alberic Girod, fue acusado y convicto federalmente por haberle otorgado un préstamo de $375,000 al PPD. Este tipo de intercambios, prohibidos claramente por la Ley Electoral, le valió al sujeto –quien estaba íntimamente ligado con las finanzas de la colectividad– una sentencia de 20 años, una multa de $100,000 y el cierre de la institución bancaria.
Casi seguidamente, entre 1988 y 1997, los directores de Acción Social de Puerto Rico, entidad dedicada a administrar ayuda social a niños y familias, redirigieron más de $1.5 millones de fondos federales hacia su bolsillo. Ambos, Flor de María Cacho y Waldemar Pérez Quintana, crearon una operación paralela que supuestamente ofrecería apoyo a niños y a personas sin hogar apoyo, autodesignándose como directores del Centro para Servicios Educativos y Comunitarios.
Con su gesta, Cacho y Pérez Quintana defraudaron al gobierno, a los niños, a individuos desventajados, a familias, y al país. En esa ocasión, hubo consternación en el pueblo puertorriqueño, pues por primera vez en décadas, fueron evidentes las miles de personas heridas por la corrupción.
Y es que decir corrupción no es solo cuantificar números. Es también nombrar rostros.
Cuatrienios plagados de corrupción
Aunque algunos lapsos históricos han estado más plagados de corrupción que otros, esta problemática social ha permanecido latente en el país durante siglos. De tanto escucharla, a veces, se pierde de perspectiva quiénes resultan afectados tras cada gesta de esta índole.
“En Puerto Rico no solemos vincular el fenómeno de la corrupción con la pérdida de la calidad de vida, la pérdida de cuantiosos recursos públicos y la violación de los derechos humanos de cada persona”, escribió recientemente el periodista y profesor Israel Rodríguez, y toca reafirmarlo.
“Desde el 1993 hasta el 2000 [bajo el mandato del gobernador Pedro Rosselló] la corrupción gubernamental –extorsiones, malversaciones y despilfarro en proyectos del gobierno– le costó al pueblo de Puerto Rico la cantidad de $3,339 millones, es decir, más de $417 millones por año”, expuso, por otro lado, Quiñones Calderón en su texto.
Asimismo, el comunicador puntualiza que, durante los años de administración de Rosselló, el 25% de los funcionarios públicos fue convicto. Entre estos, Víctor Fajardo, exsecretario del Departamento de Educación, fue sentenciado a 12 años de prisión federal. El titular de la agencia con mayor presupuesto en el país extorsionó a una decena de contratistas con fondos del programa Título I, organismo de apoyo para estudiantes con rezagos académicos.
Otro convicto por corrupción que laboró bajo dicho gobierno fue el contratista Ángel Luis Ocasio. En medio de una fiesta navideña en el 2001, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) arrestó a Ocasio –primer subsecretario de la gobernación de la administración de Rosselló– bajo los cargos de extorsión y conspiración. Ocasio se declaró culpable.
Meses más tarde, en marzo del 2002, el funcionario fue vinculado en otro esquema de corrupción gubernamental, esta vez, junto a María de los Ángeles “Angie” Rivera, ayudante de confianza del exgobernador novoprogresista.
Rivera fue arrestada y acusada a nivel federal por recibir dinero por parte de Ocasio y de José Miguel Ventura, también contratista, a cambio de influenciar a jefes de agencias para que gestaran negociaciones con empresas manejadas por estos.
Ambos contratistas declararon contra la exfuncionaria, pero en septiembre de 2003 el juez Juan Pérez Giménez revocó el fallo de culpabilidad que el jurado emitió contra Rivera. A nivel federal, no obstante, se le halló culpable.
“La adjudicación de contratos de servicios profesionales y las órdenes de compra de productos y materiales para el gobierno han sido históricamente identificadas como las fuentes a través de las cuales se cuela el elemento de la corrupción política”, apuntó Quiñones Calderón.
El 2001 también vio el arresto, la mañana del 25 de octubre, del exportavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo. Antes percibido por la opinión popular como un líder honesto, el exlegislador fue arrestado por el FBI en su hogar.
Se le radicaron seis cargos de extorsión, lavado de dinero y manipulación de testigos. Renunció a sus puestos políticos. Dos años más tarde, se le imputaron 16 cargos adicionales por corrupción, y cuatro cargos por actos lascivos contra su hijastra.
Acusado por primera vez un gobernador en turno
Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en el 2005, Puerto Rico ocupó el decimocuarto lugar en casos de corrupción a base de población, en comparación con 48 estados continentales de los Estados Unidos. Y, el 2006, apunta Quiñones Calderón en su libro, las pérdidas por el fraude, el hurto y los robos en establecimientos comerciales, formas de la corrupción cotidiana, ascendieron a $560 millones.
Con este enmarque como preámbulo, a inicios del 2008, el 27 de marzo, Aníbal Acevedo Vilá se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico en funciones en ser acusado por actos de corrupción.
De su equipo de trabajo, 12 miembros más fueron señalados: Eneydi Coreano, Luisa Inclán, Ramón Velasco, Edwin Colón, Robert Feldman, Cándido Negrón, Salvatore Avanzato, Marvin Block, Miguel Nazario, Jorge Velasco, Ricardo Colón y José González. Solo dos de los coacusados no se declararon culpables antes de comenzar el juicio.
Cinco meses más tarde, el 23 de agosto, agentes del FBI arrestaron al senador Jorge de Castro Font. Pocas semanas pasaron antes de que se supiera que un gran jurado lo acusaba por 31 cargos federales relacionados con fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero. El senador recibió una sentencia de diez años de cárcel, contiguos a cinco que extinguiría a nivel federal.
“De todos los funcionarios convictos desde la creación del FEI [Fiscal Especial Independiente] hasta el 2013, el 38% correspondió a alcaldes; 18% a representantes de la Cámara; 16% a jefes de agencia; 10% a senadores; 5% a miembros del sistema judicial; 3% a ayudantes ejecutivos, y 11% a funcionarios en distintas posiciones”, recopiló Quiñones Calderón en su publicación.
El 18 de febrero de 2016, Anaudi Hernández, recaudador del PPD, se declaró culpable por 14 cargos de corrupción. Desde el inicio de su juicio, ha ido revelando nombres de implicados en un esquema fraudulento y millonario que organizó para favorecerse con contratos en la Administración de Desarrollo Laboral, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Cámara de Representantes.
Faltan estadísticas
En Puerto Rico, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia rinde un informe anual en el cual incluye un listado de personas convictas por cargos corrupción. Dichos reportes suponen ser de acceso público.
Tras múltiples intentos de Diálogo, no se nos proveyó acceso a los mismos. Sí se nos indicó que la División de Estadísticas del Departamento de Justicia no posee estadísticas sobre los funcionarios que han sido acusados en Puerto Rico durante su término activo en el gobierno.
