Una mujer corpulenta prepara ramos de rosas amarillas en el mercado callejero de Pequeño Haití, un barrio precario de la capital de República Dominicana. “No quiero hablar, no tome fotos”, pide a IPS esta trabajadora, acompañada de una niña que parece ser su hija.
Otras vendedoras de los tarantines del gran mercado informal en que se han convertido las calles del barrio, todas afrodescendientes, también rechazan conversar. “Tienen miedo porque piensan que las deportarán”, explicó en susurros una comerciante, mientras revolvía un caldo en una cocina a leña en plena acera.
Ese miedo obedece a la última oleada de deportaciones, dentro del conflicto migratorio, unas veces abierto y otras soterrado, que domina las relaciones de este país con Haití, el país más pobre de América Latina y con su población mayoritariamente negra, con el que comparte la isla caribeña La Española.
Según datos oficiales, la Dirección General de Migración dominicana deportó, entre agosto de 2015 y enero de 2016, 15,754 personas haitianas sin documentos y regresaron de manera voluntaria a su país otras 113,320, incluidos 23,286 menores de edad.
“Este proceso afecta en mayor grado a las mujeres porque cuando se le niega la identidad dominicana a un hijo o una hija, las madres son las responsables directas por no haber legalizado su situación”, explicó Lilian Dolis, coordinadora del no gubernamental Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha).
“Si la madre es indocumentada entonces se cuestiona la documentación de los hijos”, especificó en diálogo con IPS.
“Y en el caso de las migrantes haitianas, no basta con casarse con un dominicano aunque por Constitución le toca la nacionalidad del esposo”, continuó Dolis. “Muchas veces se viola ese derecho, por eso ellas todavía llevan una carga muy tortuosa”, reveló la activista del movimiento nacido en 1983.
La última crisis migratoria comenzó en 2013, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional determinó los nuevos parámetros para adquirir la nacionalidad.
La medida más conflictiva es que no se considera dominicanos a los hijos de indocumentados nacidos en el país, incluso aquellos asentados en el registro civil. Las personas en esa situación quedaron en un limbo sin nacionalidad o apátridas, según críticas de muchos organismos internacionales.
Con base en el dictamen, el gobierno promovió la Ley Especial de Naturalización, a la que pudieron aplicar por única vez, del 23 de mayo de 2014 al primero de febrero de 2015, las hijas e hijos de extranjeros no residentes, que nacieron en suelo dominicano del 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007.
Durante ese período, 8,755 personas aplicaron a la norma de régimen especial.
En paralelo, las autoridades implementaron, del primero de junio de 2014 al 17 de junio de 2015, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para las y los inmigrantes radicados en el país que se encontraran en situación irregular.
En este programa pudieron inscribirse 288,466 indocumentados, la mayoría haitianos, para obtener un permiso de estancia y trabajo. Pero solo 240,000 cumplieron todos los requisitos y obtuvieron un estatus legal.
Desde agosto, las fuerzas policiales realizan continuos operativos y quienes no tengan sus documentos en regla van a “campos de bienvenida”, emplazados en varios puntos de la frontera, para ser devueltos a Haití.
“La mayoría de las haitianas trabaja fuera del hogar, a muy pocas su situación económica les permite ser amas de casa”, observó Antonia Abreu, una mujer dominicano-haitiana, que lleva 40 años vendiendo arreglos florales para fiestas, regalos y funerales en el mercado de Pequeño Haití.
Conocida por el sobrenombre de “La Araña”, Abreu detalló que “las mujeres venden ropa, comida, ponen cabello (postizo), son empleadas domésticas y hay trabajadoras sexuales. Muchas son ‘paleteras (vendedoras ambulantes)’, que sufren los abusos de la policía, que les quita sus carros y mercancías cuando no tienen documentos”.
“Las que trabajan sanamente han logrado insertarse y aportan al país”, valoró a IPS.
Entre la rara mezcla de olores a especias, aguas albañales, comidas típicas y basuras, muchas mujeres subsisten a duras penas en este mercado del barrio de mayoría haitiana, con la venta de flores, comidas elaboradas, alimentos crudos, ropa, útiles del hogar y equipos electrodomésticos de segunda mano.
El barrio, emplazado muy cerca de una gran arteria comercial y de la turística Ciudad Colonial de Santo Domingo, está abandonado por las autoridades municipales, al contrario de sus pujantes vecinos, lo que lo ha ido transformando en un submundo donde sobrevive una población incuantificable, en un entorno decadente, pero donde casi no hay delincuencia, resaltan propios y extraños.
La clientela de sus puestos callejeros suelen ser inmigrantes haitianos, que trabajan en condiciones calificadas de esclavitud por organizaciones internacionales.
También concurren personas con muy bajos ingresos, en este país de 9.3 millones de habitantes, donde 33 por ciento de los hogares viven en pobreza, según el Mapa de la Pobreza en la República Dominicana 2014.
“Las indocumentadas no pueden trabajar, ni estudiar ni hacer una vida pública. Van a dar directamente al área de servicio doméstico y el trabajo informal”, lamentó Dolis. “Y aunque tengan la documentación, las dominicano-haitianas siempre son excluidas en los proyectos sociales”, subrayó.
En este país de arraigada cultura machista, las haitianas y sus hijas sufren una profunda exclusión por un cóctel de xenofobia, racismo y discriminación de género, indican diferentes estudios y especialistas.
“Ellas están invisibilizadas. Ni siquiera sabemos cuántas son”, lamentó la activista. “Los datos de los censos no son fiables para saber la población dominicana de ascendencia haitiana y la encuesta del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) ya está desactualizada”, detalló.
Dolis se refirió así a los últimos datos sobre la materia, recabados por la Encuesta Nacional de Inmigrantes, que la estatal Oficina Nacional de Estadísticas realizó en 2012 con apoyo del UNFPA.
El sondeo estimó que entonces vivían en territorio dominicano unos 560,000 inmigrantes, de ellos 458,000 nacidos en Haití.
La falta de estadísticas obstaculiza el trabajo de Mudha, que está presente en cuatro provincias y cinco municipios dominicanos con sus mensajes y acciones para reivindicar los derechos de las mujeres dominicano-haitianas, con énfasis en los sexuales y reproductivos.
El movimiento está liderado por un colectivo de 19 mujeres y cuenta con 62 promotoras, que realizan actividades en comunidades urbanas y rurales. Con su acompañamiento, el grupo ha beneficiado de manera indirecta a más de 6,000 personas.
Mudha asegura que el Estado dominicano nunca ha reconocido a las mujeres haitianas y sus hijas como sujetos de derecho. “Siempre se ha hablado de la migración de braceros, pero nunca de las braceras, es decir, las mujeres que acompañaban a sus esposos o venían y vienen a realizar esa tarea”, acotó Dolis.
Fuentes históricas identifican desde antes de 1844 la presencia de braceros haitianos en los bateyes (asentamiento alrededor de centrales azucareros), que soportaron sobre sus hombros los fuertes trabajos en los cultivos de la caña y la producción de azúcar, el motor durante siglos de la economía dominicana.
Pero en la actualidad, la fuerza laboral haitiana en el país resulta importante además de en el sector agrícola, en los rubros de construcción, comercio, manufactura y hotelería y hostelería.
