Hay dos filtros que impiden que el dinero que originalmente autoriza la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), en efecto llegue a la agencia de gobierno, municipio o entidad privada sin fines de lucro a la que se le comprometió. Por una parte, la agencia tiene una tendencia a negar el reembolso de fondos luego de haber autorizado los gastos, según revelaron una auditoría hecha por la Oficina del Inspector General (OIG) en 2016 y una investigación de la agencia de noticias Prensa Asociada (AP) en 2017. Por otra parte, la misma OIG hizo señalamientos de que fondos autorizados debían ser devueltos, un segundo filtro que impide que FEMA cumpla con sus compromisos iniciales.
Las investigaciones apuntan a que hay un patrón en la agencia de dar autorizaciones que no cumplen los protocolos, reglamentos o leyes, y en consecuencia, FEMA no paga o pretende que se le devuelva dinero. Las apelaciones a la agencia suelen ser rechazadas, y esa decisión viene después de que ya la entidad de gobierno local, organización privada sin fines de lucro o municipio ha hecho gastos o realizado préstamos, contando con el reembolso de FEMA.
La auditoría de la OIG, que duró un año, incluye 58 distintos informes.
Debido a que FEMA administra inadecuadamente las subvenciones y fondos de ayuda en casos de desastre, tendrá que recuperar 23% de fondos otorgados injustificadamente, según el informe del 17 de octubre de 2017 de la OIG, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Esta es la misma agencia que según la declaración de emergencia del presidente estadounidense Donald Trump, tendrá la última palabra en Puerto Rico para la autorización de todos los fondos que el gobierno federal asigne a proyectos de reconstrucción.
La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción creada por el gobernador Ricardo Rosselló y bajo la dirección de Omar Marrero, desembolsaría el dinero de FEMA luego de ser aprobado por el director de operaciones para Puerto Rico de FEMA, Myke Byrne, que fungirá como el coordinador federal de recuperación. Luego de cuatro meses de haberse anunciado, FEMA aún no ha finalizado ni entregado al gobierno de Puerto Rico la guía que regirá el proceso, confirmó Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington.
Los 58 informes de auditoría de la OIG cuestionan contratos otorgados a costos irregulares y gastos inadecuados con fondos de FEMA por desastres ocurridos entre 2005 y 2016 en diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos como Mississippi y Nueva York.
Esta no es la primera ocasión. El informe emitido el 17 de octubre de 2017 hace referencia a que para el período entre 2009 al 2015, la OIG también había cuestionado 15% de los fondos auditados de esa agencia. Para este periodo, FEMA debió recuperar $1,064 millones de los $10,900 millones evaluados. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó en varias ocasiones información sobre los pasos tomados por FEMA para recuperar los fondos cuestionados por la OIG, pero no recibió respuesta.
“En el año fiscal 2016, encontramos que $155.6 millones (o un 23%) de los $686 millones auditados son costos cuestionables, lo que confirma que FEMA no ha mejorado en el manejo adecuado de los fondos de desastres”, concluye el informe de la OIG. La Oficina levanta bandera por los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que FEMA pone en riesgo por no mejorar sus procedimientos.
El resumen de hallazgos de OIG cuestiona además que, pese a sus recomendaciones, FEMA haya autorizado $85.7 millones de los fondos cuestionados en las 58 auditorías realizadas en 2016. El 96% de ese dinero corresponde a contratos que la OIG desautorizó por no cumplir con las regulaciones federales.
El informe señala 11 contratos que ascienden a $86.2 millones y fueron otorgados sin seguir las regulaciones federales. Tal es el caso de la subvención federal otorgada por FEMA a la Cimarron Electric Cooperative en Kingfisher, Oklahoma, tras la tormenta invernal de febrero 2013. De los $52.2 millones en contratos otorgados a su vez por Cimarron a otras empresas para la restauración del sistema eléctrico, solo se justificaba $1 millón, según la OIG, y ninguno de estos contratos fue abierto a competencia, violando las disposiciones federales.
La OIG plantea que el informe provee una oportunidad para que FEMA evalúe hacer cambios operacionales dada la “naturaleza recurrente de los hallazgos” de incumplimiento e ineficiencias sistemáticas en la administración de los fondos.
Pendiente OIG a Puerto Rico por las asignaciones de FEMA tras Irma y María
Este patrón de uso inadecuado de los fondos provocó que la OIG emitiera en diciembre una alerta debido a la cantidad de dinero que tendrá que asignar FEMA luego de los desastres por los huracanes Harvey, Irma y María.
FEMA deberá corregir sus continuas fallas en el manejo de los fondos que administra por falta de controles internos para asegurar el buen uso de los fondos federales que autorizará tras los desastres recientes, advirtió la OIG.
La oficina además consignó su preocupación ante la magnitud de estas emergencias y el posible riesgo del dinero de los contribuyentes por el pobre desempeño que ha demostrado tener FEMA, según se consigna en las auditorías.
La agencia reguladora alertó además que FEMA deberá aumentar la supervisión y orientar adecuadamente a los beneficiarios para el buen uso de los fondos.
