Municipios, gobierno federal y tercer sector lideran playas modelo

Ante la incapacidad e inacción de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico de proteger el principal activo natural de Puerto Rico, un puñado de municipios, organizaciones sin fines de lucro y agencias federales han asumido con éxito algunas de las responsabilidades delegadas al organismo.

Son esfuerzos, sin embargo, que representan un “mínimo por ciento” de las 1,225 playas que existen en la Isla, reconoció el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, Ruperto Chaparro.

En su mayoría, se trata de balnearios y áreas de playa de alto valor ecológico, cuyo manejo requiere limitar y hasta prohibir ciertas actividades –incluyendo accesos– para preservar sus condiciones naturales.

“Cuando se habla de manejo de playas, lo que se manejan son los usuarios. La playa se va a manejar sola. Son los usuarios los que realizan actividades conflictivas y eso hay que manejarlo. Pero si no tienes dinero, no puedes manejar a la gente”, dijo Chaparro sobre lo que ve como la principal limitación de la Junta.

Una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país. Se constató que la Junta, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.

Municipios, agencias federales y hasta organizaciones sin fines de lucro han invertido en las playas confiando en que recobrarán los fondos y en que eventualmente el recurso se autofinanciará, según señalaron los entrevistados.

Carolina

El balneario de Carolina, por ejemplo, es manejado por el Municipio, cuyo primer objetivo fue lograr el reconocimiento internacional de playas Bandera Azul. Para ello, tuvieron que cumplir con múltiples requisitos en cuatro criterios principales: calidad de agua, manejo ambiental, seguridad y servicios, y educación ambiental. El galardón se obtuvo en 2004, revalidándose ininterrumpidamente todos los años.

Deborah Rivera, directora de Asuntos Ambientales del Municipio, contó que tienen un sistema de monitoreo de calidad de agua que es independiente al de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y hace muestreos cada 15 días. El Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública de la JCA solo mide contaminación bacteriológica en 38 de las 1,225 playas o un 3%.

El balneario cuenta, además, con paramédicos, policías y salvavidas, que prestan servicios a lo largo de sus dos millas. También tienen servicio de ambulancia y están certificados como “Tsunami Ready”.

“Con esto garantizamos que el balneario es idóneo y seguro”, dijo Rivera, tras señalar que allí no se aceptan globos, envases de vidrio ni barbacoas.

En términos de instalaciones, hay estacionamiento -que cuesta $4-, gazebos -que se rentan por $75 al día-, baños, duchas, parques infantiles y rampas para que personas con impedimentos puedan entrar a la playa. Hay estaciones de reciclaje para plástico y aluminio, y las colillas de cigarrillo se disponen en ceniceros especiales. El Hospital de Veteranos y otras organizaciones usan las instalaciones para dar terapias y actividades de rehabilitación.

“Tenemos un centro de información ambiental, donde orientamos sobre cómo proteger la playa y sus especies. Nuestro balneario es área de anidamiento del tinglar, por lo que también protegemos sus nidos y a los neonatos. Desarrollamos talleres ambientales en los gazebos y recibimos estudiantes”, contó Rivera.

Por su parte, Mirgrelis Ramos, directora del Departamento de Desarrollo Turístico y Cultural del Municipio, dijo que el ayuntamiento ya recuperó su más reciente inversión en el balneario, ascendente a $4 millones para mejoras que se hicieron en 2011. El dinero recuperado se utiliza para darle mantenimiento continuo a la instalación.

“Somos autosustentables”, aseveró.

Buena parte de los ingresos provienen del programa “Carolina Tropical Beach Experience”, que el Municipio creó hace seis años para atraer turistas al balneario, principalmente de cruceros y hoteles que no tienen playa. Las compañías Royal Caribbean y Carnival llevan turistas todos los martes, miércoles y jueves, y estos consumen en concesionarios locales, realizan actividades acuáticas y compran recordatorios.

Ramos destacó que las distintas iniciativas implantadas en el balneario de Carolina le valieron el año pasado la designación, por parte de la publicación USA Today, como la mejor playa urbana de Estados Unidos. En 2010, la publicación Travel + Leisure incluyó al balneario entre las mejores 10 playas del mundo.

“Las personas que nos visitan se van conformes y contentas, pues les ofrecemos una experiencia de clase mundial… les damos una experiencia tipo resort. Ya no tenemos ni que promocionarnos mucho, porque la gente llega sola”, dijo Ramos al precisar que el balneario recibe más de 500,000 visitantes al año, sobre todo entre febrero y agosto.

Para la Naturaleza

Miles de personas también visitan anualmente las áreas naturales manejadas por Para la Naturaleza, unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que incluyen 48.3 millas de costa. Las reservas naturales Punta Guaniquilla, en Cabo Rojo; Hacienda La Esperanza, en Manatí; Punta Ballena, entre Guánica y Yauco; y Cabezas de San Juan, en Fajardo, son solo cuatro de estas áreas.

Fernando Lloveras, presidente de Para la Naturaleza, indicó que las estrategias de manejo en estas áreas consideran su alto valor ecológico, pero también el derecho ciudadano a su disfrute.

“En términos de manejo, es importante que el uso y la intensidad sean correctos. Es importante que el público entienda la diferencia entre un balneario, que es de alta intensidad, y un área natural. Responsablemente tenemos que cuidar el recurso, sin afectar su acceso”, dijo Lloveras.

Mencionó, por ejemplo, que en todas las reservas el acceso peatonal está garantizado, pero la entrada de vehículos se limita. En el área de playa de Hacienda La Esperanza, se permiten hasta 150 autos de viernes a domingo y días feriados; en Punta Ballena, la mayoría de las personas accede a la costa por yolas y botes directamente; y en Punta Guaniquilla y Las Cabezas de San Juan, hay veredas y acceso para ciclistas.

“Con este tipo de acciones lo que buscamos es un balance; que la capacidad de acarreo (de las reservas) no se vea impactada y afecte los procesos y servicios ecológicos que estamos protegiendo, como migración de aves, anidamiento de tortugas y protección de corredores”, indicó.

Lloveras destacó que Para la Naturaleza ofrece recorridos educativos en cada una de las áreas bajo su manejo, lo que redunda en un “acceso más efectivo”. La organización sin fines de lucro también cuenta con programas como Ciudadano Científico, que provee oportunidades para que personas sin educación formal en ciencia participen de investigaciones en las distintas áreas naturales.

“Hemos logrado un montón en términos de los entendimientos de la gente, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Todos los lunes, en Hacienda La Esperanza, tenemos que sacar un camión lleno de basura; tenemos una brigada recogiendo basura allí. La gente está mucho más consciente, pero tenemos que seguir recalcando la importancia de proteger las costas”, apuntó.

Unas 80,000 personas visitan al año todas las áreas manejadas por Para la Naturaleza.

Pesca y Vida Silvestre

Mientras, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) maneja cinco refugios de vida silvestre en la Isla, de los cuales tres tienen áreas de playa muy frecuentadas por locales y extranjeros.

Esos tres refugios con áreas de playa son en Culebra, Vieques y Cabo Rojo. El USFWS también maneja los refugios de Desecheo y Laguna Cartagena, pero el primero no está abierto al público y el otro no tiene playa.

Susan Silander, administradora del Sistema de Refugios de Vida Silvestre del Caribe del USFWS, precisó que el refugio de Vieques lo conforman playas como Caracas, La Chiva, Grande, Punta Arenas y “muchas otras” más pequeñas. En Cabo Rojo, el refugio incluye el área de bahía o playa Sucia y Combate.

La subadministradora del Sistema, Ana Román, indicó, por su parte, que el refugio de Culebra comprende 22 cayos en la isla municipio, pero el agua alrededor de estos es responsabilidad del DRNA. Luis Peña y Culebrita son dos de los cayos más visitados, pero también “los que más nos preocupan”, debido a los problemas de anclaje indiscriminado de embarcaciones y basura.

“Se supone que las embarcaciones no anclen en el área de la reserva natural Canal Luis Peña, pero lo hacen si no hay vigilancia del DRNA. Se afectan las áreas de arrecife de coral, yerbas marinas y suelos arenosos. En Culebrita ha disminuido el hábitat de alimentación para las tortugas; las yerbas ya no están”, dijo Román, tras recabar mayor vigilancia, educación y orientación del DRNA sobre los usos permitidos en las aguas alrededor de los cayos.

El USFWS ostenta la titularidad de los refugios de vida silvestre, ya sea porque pagó por ellas o le fueron transferidas de otra agencia, y el DRNA suele colaborar en el manejo. En todas, el USFWS ha hecho distintas inversiones, que van desde la construcción de centros de visitantes hasta la pavimentación de caminos.

“La misión principal de los refugios es el manejo y la conservación de los recursos naturales, como especies en peligro de extinción, aves migratorias y marinas”, dijo Silander.

Contó que los tres refugios con playas son áreas de anidamiento de tortugas marinas, por lo que el manejo incluye, por ejemplo, monitorear qué especies están llegando y dónde, cerrar zonas durante las noches para proteger los nidos y prohibir el uso de sombrillas en la arena.

“Tampoco permitimos perros fuera del ‘leash’ (correa) para que no desentierren los nidos. La educación también es importante, para dejarle saber a la gente qué cosas pueden o no hacer”, expresó, tras agregar que el USFWS vela que las luces artificiales en o cerca de las playas no sean una amenaza para las tortugas.

Otro aspecto de manejo en los refugios son las especies invasivas, particularmente perros realengos y mangostas, por lo que el USFWS cuenta con programas de control y remoción. Asimismo, en Culebra y Vieques, que fueron escenario de prácticas militares, el USFWS colabora en las faenas de limpieza que lideran, respectivamente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

“No hemos llegado al punto, pero podríamos cerrar la playa completa si, por ejemplo, hay una cantidad de anidamiento muy alta y requiere protección”, aseveró.

Silander dijo que los refugios de vida silvestre son “sumamente importantes” para la economía de los municipios que los albergan, ya sea porque los visitantes consumen o pernoctan en instalaciones locales, o porque los residentes operan concesionarios en ellos.

Modelo de Hawái

Chaparro, entretanto, ha pedido a la Junta impulsar el modelo de manejo de playas de Hawái, “considerado uno de los mejores del mundo”.

Si la playa es un área de anidamiento de tortugas, los vehículos no pueden estacionarse cerca. Si la calidad del agua no es buena, la playa se cierra. Los bañistas no pueden fumar, ni consumir bebidas alcohólicas. Tampoco pueden darles de comer a las aves.

En ese estado, contó Chaparro, todas las playas aptas para bañistas cuentan con estacionamientos, salvavidas, vehículos con tablas de rescate, baños y duchas, entre otra infraestructura y servicios. En cada playa hay una pizarra con información sobre el oleaje, corrientes, temperatura del agua y otras variables.

“La gente no entra a la playa hasta que un servidor público a cargo del manejo, que es casi como un policía, pone la bandera de que está apta para uso”, dijo Chaparro.

Sobre los salvavidas, explicó que todos son paramédicos, cuentan con licencia de buceo y reciben beneficios marginales. “Mientras más licencias tengan, más le pagan”, indicó, tras señalar que, cada tres meses, los salvavidas tienen que tomar un examen físico y demostrar que pueden nadar 500 metros en menos de 10 minutos.

“Se trata de una profesión en la que la vida de las demás personas depende de su condición física. Todo tiene que estar bien montado”, añadió Chaparro.

“El manejo de las playas en Hawái consiste en ofrecer un producto de primera. Si las personas que visitan pagan por concepto de hotel, pasaje, restaurantes y casinos, lo menos que se les puede ofrecer es una atracción natural en buen estado”, puntualizó Chaparro, quien visitó Hawái por primera vez en 1987 y desde entonces funcionaba así.

La serie investigativa “Junta de Playas a la deriva” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos en periodismoinvestigativo.com y endi.com.

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DRNA, Para La Naturaleza, playas, programa Sea Grant

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