Por Daniela Pastrana
El Cerro del Águila, que hace dos siglos fue refugio de insurgentes independistas en México, es ahora un bastión de grupos criminales que se disputan el control de la zona y del próspero tráfico de amapola, dejando a su paso un reguero de pueblos fantasmas.
Desde esta montaña se puede observar quienes entran o salen de muchas comunidades de esta región, denominada Tierra Caliente, y que se extiende por la cuenca del río Balsas, en el sureño estado de Guerrero, y en municipios colindantes de los vecinos estados de Michoacán y de México.
Esos estados fueron protagonistas en la criminalidad asociada con el tráfico de drogas durante 2014: Michoacán, por ser el estado que armó a fuerzas paramilitares, conocidas como autodefensas, México, en el que el ejército ejecutó al menos 15 civiles, y Guerrero donde policías municipales emboscaron y desaparecieron a 43 estudiantes campesinos.
En Santa Ana del Águila, un pueblo a las faldas del cerro que pertenece al municipio de Ajuchitlán del Progreso, más de la mitad de la población ha huido en las últimas semanas. No hay comisario, ni cura, ni encargada del almacén de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar del gobierno federal para abatir la pobreza.
Las ventanas de las casas están cerradas, igual que las persianas de los comercios. El centro de salud y las escuelas tienen candados. Solo el colegio de educación media osó abrir después de las vacaciones de fin de año, con un alto costo: el 12 de enero, el segundo día de clases, fue secuestrado el maestro y sus familiares no han podido reunir aún el rescate.
“No tengo miedo a morir, pero me duele la forma en la que va a morir esta gente”, dijo a IPS uno de los pobladores que, al menos por ahora, sigue en la localidad, cuya población oficial es de 748 personas.
Ajuchitlán del Progreso y el vecino municipio de San Miguel Totoloapan son los más asolados por la violencia criminal en Guerrero. Varios grupos delictivos, entre ellos los muy violentos carteles de La Familia Michoacana y Guerreros Unidos, pelean por el control territorial de esta región que es clave para el tráfico de amapola.
En entrevista con IPS, el alcalde de Ajuchitlán, José Carmen Higuera Fuentes, admitió que desde 2007, los principales delitos del municipio son el secuestro y la extorsión.
“Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero hace falta una estrategia más eficiente, más operativa, con una verdadera labor de inteligencia”, dijo el alcalde, que no usa escoltas, pese a que dos de sus antecesores -Raymundo Flores y Esteban Vergara- están desaparecidos desde 2013.
Como en muchos otros casos similares de regidores o sacerdotes, no hay investigación ni denuncias.
“Hay mucha simulación (de las autoridades federales). Lo que hay es lo de siempre: se llena de policías y Ejército, pero no pasa nada, no hay detenciones importantes. Yo ya lo dije: no los queremos aquí, en la cabecera municipal, que vayan a cuidar las comunidades, que es donde hacen gran falta”, dijo el alcalde.
El municipio, con su cabecera del mismo nombre, tiene 127 localidades esparcidas en casi dos mil kilómetros cuadrados y una población que antes del desplazamiento forzado se acercaba a los 140 mil habitantes.
Heroína para Estados Unidos
México produce casi la mitad de heroína que se consume en Estados Unidos y en los últimos años se ha convertido en el principal proveedor de derivados de opio de ese país, según la Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas de 2014, de la Administración Federal Antidrogas (DEA) del vecino país.
En el reporte anual sobre los principales países productores y de tránsito de drogas hacia Estados Unidos que el presidente Barak Obama envió al Congreso legislativo en septiembre, la DEA reportó un aumento de 324 por ciento en los decomisos de heroína en México entre 2009 y 2013.
“Estados Unidos está particularmente preocupado por el cultivo de amapola en México, el principal proveedor de derivados del opio”, consignó Obama en el reporte.
Las áreas de cultivo de amapola en el país se ubican en los estados con costas al océano Pacífico, desde el sureño Oaxaca hasta el norteño Sinaloa y parte de la sierra del vecino Chihuahua.
En las últimas tres décadas, Guerrero, uno de los tres estados más pobres del país, se ha mantenido como el principal productor. Algunos expertos estiman que aquí se producen 40 por ciento de opiáceos elaborados en México.
Por eso, el control de Tierra Caliente, con salida a dos puertos, es clave. Y por eso, Santa Ana del Águila y otras comunidades de Ajuchitlán y Totolapan, se han convertido en pueblos fantasma, que cada día suman nuevos desplazados por la violencia.
La última “ola” de enfrentamientos armados comenzó poco después de Navidad, según contaron a IPS lugareños de Santa Ana y de la cercana Garzas.
Pero el problema viene de lejos. Los desplazamientos forzados masivos en esta zona comenzaron en julio de 2013, cuando un combate entre bandas forzó la huida de 631 pobladores tan solo en Villa Hidalgo, una de las comunidades de Totolapan.
En total en aquellos días hubo una huida masiva de al menos 1, 300 personas de siete comunidades, contó a IPS el alcalde de Totolapan, Saúl Beltrán Orozco.
La estatal y autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación y en el informe especial sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad en Guerrero, presentado en diciembre, documentó 2,393 casos de desplazamientos forzosos entre mediados de 2013 y 2014.
La segunda oleada ocurrió entre marzo y julio de 2014. En marzo, 136 personas del pueblo de Linda Vista, también en Totolapan, caminaron sin alimentos casi un día por la sierra, hasta llegar a otro municipio y de ahí a Chipalcingo, la capital de Guerrero, donde pidieron refugio y fueron alojados en albergues para damnificados por las lluvias.
Tres meses después, civiles armados entraron a localidades de diferentes municipios, incendiaron casas y secuestraron o asesinaron a vecinos. En una de ellas, Atlayolapa, solo se quedó un matrimonio de ancianos.
Registros de la prensa local elevan a cuatro mil los desplazados en la zona entre mediados de 2013 y de 2014 y un diputado nacional asegura que pasan de siete mil, dentro de otras cifras no verificables.
En enero, luego del secuestro de siete personas, el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Manuel Rico Gámez, confirmó oficialmente la instalación de un campamento en la cabecera de Ajuchitlán, para resguardar a sus comunidades de donde han huido más de mil habitantes en las últimas semanas.
Pero las fuerzas federales –militares y policías- salen poco de la cabecera y se les ve paseando por su plaza, mientras la gente comenta cada día sobre nuevos asesinatos, incendios de viviendas y enfrentamientos en comunidades que están a solo 20 minutos del lugar.
“Es mucha simulación. Ni siquiera nos informan qué están haciendo”, insistió Higuera, al criticar que las fuerzas militares y policiales no patrullen por las comunidades, donde se producen los enfrentamientos. Resumió su soledad en la batalla con las mafias criminales con una expresión popular: “mejor solos que mal acompañados”.
