Cada vez son más las personas que no tienen un hogar en Puerto Rico. Diariamente, se realizan 25 desahucios en la isla, según José Jaime Rivera, expresidente de la Universidad del Sagrado Corazón y quien tiene peritaje en desarrollo económico y planificación.
Con el interés de ayudar a los trabajadores y trabajadoras del país y en conmemoración de su cincuentenario, la Fundación de Hogares para los Trabajadores organizó el foro: Retos y Oportunidades ante la urgente necesidad de vivienda de interés social en Puerto Rico.
En el evento, junto a Rivera, participaron Alberto Ortiz Torres, tesorero de la fundación, Luis García Pelatti, presidenta de la Junta de Planificación, Efraín Maldonado, director de la Oficina de Vivienda Federal y Alberto Lastra Power, secretario de la Administración de Vivienda.
La actividad se realizó la semana pasada en el hotel Caribe Hilton donde se dieron cita representantes de la fundación de Arecibo, Jayuya, Ceiba, Coamo, Guaynabo, Caguas, Bayamón, Culebra, Manatí, Río Piedras y Yabucoa, municipios en los que, en total, se han desarrollado aproximadamente 1,522 viviendas de interés social.
“La vivienda pública es la solución un problema social que teníamos y que tenemos”, expresó Lastra Power. El funcionario recordó que desde 1989, por ley, han existido programas para fomentar el desarrollo personal y familiar de los ciudadanos que viven en los residenciales públicos. No obstante, Lastra Power reconoció que por mucho tiempo “segregamos la pobreza”.
El pasado 5 de agosto, el Senado de Puerto Rico aprobó la Ley 130 que pretende enmendar la Ley 73 del 2008, la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la Ley 20 del 2012, la Ley 173 del 2014, la Ley 31 del 2012 y la Ley General de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903.
El nuevo estatuto busca la integración efectiva entre las actividades de los ciudadanos y el Plan de uso de terrenos aprobado en el 2015. También, la Ley establece un fondo especial para realizar investigaciones que promuevan el desarrollo e implantación de programas especiales encaminados a contrarrestar el problema del desempleo crónico, el rezago económico y las comunidades marginadas.
El presidente de la Junta de Planificación explicó que, conforme a las estrategias del Plan de uso de terrenos, los proyectos de desarrollo deben acercar a las personas a sus trabajos y lugares para satisfacer sus necesidades básicas como los hospitales, las escuelas, cuidos de niños, entre otros. El acercamiento a los centros metropolitanos implicaría una reducción en los costos de vida ya que las personas ahorrarían en gasolina, peaje o no tendrían que comprar un vehículo.
Según Rivera, en un escenario saludable, satisfacer la necesidad de vivienda no debería acaparar más del 30% del ingreso familiar. Sin embargo, los desarrolladores han obviado el perfil de los trabajadores puertorriqueños y han construido viviendas de lujo no asequibles para las familias.
Actualmente, aunque los proyectos satisfacen las necesidades de algunos envejecientes, no satisfacen las necesidades de los jóvenes que quieren independizarse.
“No tenemos proyectos que integren a los jóvenes. Si se nos van los jóvenes [a otros países], se van los agentes de cambio y eso es bien peligroso para Puerto Rico”, reconoció Rivera, quien añadió que la remodelación de los espacios sin uso debe ser prioridad y no el desparramiento urbano.
Por su parte, la Ley 130 otorga incentivos para facilitar el proceso de restaurar y ocupar las estructuras abandonadas que han sido catalogadas como estorbos públicos ya que, según las normas del estado, constituyen una amenaza a la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de las comunidades.
“Esta medida persigue que los municipios puedan transformar estos espacios abandonados y en desuso convirtiéndolos en centros educativos, sociales y cívicos, una vez tengan el dominio de la propiedad y la capacidad de vender, ceder, donar o arrendar las mismas”, según lee el estatuto.
Lastra Power informó a Diálogo que la Administración de Vivienda otorga “puntos adicionales” a aquellos que se interesan por rehabilitar espacios abandonados para su arrendamiento. Los desarrolladores podrían recuperar hasta el 30% del capital que invirtieron en la remodelación del lugar si se mantienen como sus administradores por 15 años.
Sin embargo, según indicó Lastra Power, la mayoría de los grandes desarrolladores no se han interesado por los estorbos públicos. Estos continúan con la construcción de nuevas unidades de vivienda que podrían resultar poco asequibles para los trabajadores que no reciben ayudas del gobierno.
