Nota editorial: Nivia Fernández no pudo conceder una entrevista a Diálogo sobre su candidatura a la presidencia en propiedad de la UPR ya que se encontraba ultimando los detalles del plan fiscal que la institución debía entregar a la Junta de Control Fiscal el 30 de abril, y cuya fecha de entrega fue recalendarizada por el ente federal en su última reunión ayer para disponer de 30 a 45 días adicionales. Ante esto, repasamos las propuestas expuestas por la funcionaria en su plan de trabajo presentado como requisito a evaluar por la Junta de Gobierno.
En la gobernanza universitaria, la tradición es que los funcionarios que ocupan un puesto como interinos están impedidos de asumirlo en propiedad. Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dio luz verde a Nivia Fernández para justamente eso: pasar de ser la presidenta interina a ostentar en propiedad la más alta silla del primer centro docente del País.
Con su candidatura, Fernández busca darle continuidad al trabajo que inició en abril de 2016 desde la vicepresidencia de Asuntos Académicos, antes de entrar al interinato como presidenta en febrero de este año: el Plan Estratégico 2017-2022 de la Universidad de Puerto Rico.
Pero el plan estratégico que gestó ha pasado de ser el mapa para la ruta académica y administrativa de la UPR en los próximos cinco años, a convertirse en la guía general para la elaboración del plan fiscal de la institución a diez años solicitado por la Junta de Control Fiscal (JCF), tal como se desprende del propio documento discutido anoche en la reunión de la Junta de Gobierno.
Ante la imposición de elaborar un plan fiscal para la UPR, Fernández comenzó los malabares –entre ajustes operacionales y nuevas fuentes de ingresos– para paliar un recorte a las arcas universitarias que inició en $300 millones para el 2019, se aumentó a $450 millones para el 2021, y se proyecta que alcance los $512 millones para el 2026.
A su juicio, y como expresa en su plataforma de trabajo, el recorte de $450 millones –incluido en el plan fiscal de gobierno certificado por la JCF en marzo– es “un evento sin precedente en [la] historia [de la UPR] que implica el análisis crítico y ponderado de su impacto en las áreas de enseñanza, investigación y servicios”.
Lo anterior, empero, no ha sido óbice para que Fernández elabore un documento que contempla un recorte de $241 millones para el 2021 y hasta el 2026, aun cuando ha expresado públicamente que un ajuste –ya sea de $300, $450 o $512 millones– dejaría “inoperante” a la institución.
Su ambivalente postura en torno a los recortes presupuestarios, así como su oposición a la auditoría de la deuda pública que asciende a $70 mil millones, ha provocado que los tres sectores de la comunidad universitaria –estudiantes, profesores, y empleados no docentes– soliciten su renuncia al cargo y su eliminación de la lista de candidatos a presidir la UPR.
A estos pedidos, la funcionaria ha reiterado su interés en mantenerse como presidenta interina y en aspirar a la posición en propiedad.
Sin el beneficio de una entrevista, reseñamos los puntos más importantes de su plan de trabajo académico-administrativo.
Dar continuidad a los procesos
En síntesis, el plan de trabajo de Fernández es uno a grandes rasgos, sin mucho detalle de los términos para la ejecución de las propuestas, que recapitula los cuatro asuntos identificados en el Plan Estratégico 2017-2022: ambiente educativo, investigación y creación, cultura tecnológica, y gestión sostenible.
- Ambiente educativo: Propone identificar modelos de eficiencia académica y administrativa en otras instituciones de educación superior que puedan implementarse en la UPR. La finalidad es que las once unidades puedan identificar sus programas académicos más exitosos, así como nichos de estudio, que se alineen a las necesidades del mercado, la misión del campus y el perfil de su comunidad universitaria. Además, se fomentarían acuerdos colaborativos con empresas para que sirvan como laboratorio o experiencia profesional para el estudiantado, y “para que estimulen el desarrollo de programas de emprendimiento y cooperativismo en las unidades del sistema”.
- Investigación y creación: Propone elaborar políticas que apoyen la colaboración inter y transdisciplinaria en la investigación. Aboga por la creación de grupos de docentes que se dediquen a la búsqueda de fondos externos para fortalecer la investigación y labor creativa. Plantea, además, establecer un mecanismo para la publicación de los resultados de investigaciones, que redunde en impactar “el posicionamiento global de la UPR”.
- Cultura tecnológica: Propone expandir el ofrecimiento de programas académicos y profesionales en línea (web) para atraer estudiantes tanto a nivel subgraduado como graduado, preuniversitarios como adultos, y que residan en la Isla o en la diáspora. También se busca atraer a alumnos extranjeros.
- Gestión sostenible: Propone integrar elementos empresariales en la operación universitaria. Además, busca potenciar los acuerdos interagenciales con el gobierno para obtener contratos de adiestramiento y servicios que alleguen fondos a la UPR y simultáneamente abaraten la operación gubernamental. Del mismo modo, se emprenderían esfuerzos para integrar a la institución en el proyecto de la marihuana medicinal en la Isla. Por último, se trabajaría con fortalecer los mecanismos para comercializar las patentes y propiedad intelectual que se genere vía investigación.
En su plan de trabajo, Fernández reconoce que los efectos de la crisis fiscal y económica que afecta al País repercuten en la operación de la UPR. Entre los retos que identificó se encuentran: la baja poblacional –sobre todo en jóvenes en edad preuniversitaria– y el gradual envejecimiento de la población, los niveles de pobreza en la Isla y la emigración de profesionales a Estados Unidos y otros países.
De ahí que considere como oportunidades intensificar medidas para atraer estudiantes de la diáspora e internacionales; desarrollar programas para adultos mayores; entrenar profesionales con destrezas en el manejo de la población geriátrica y ofrecer servicios dirigidos a esa población.
En cuanto a la población desventajada socioeconómicamente , plantea adoptar medidas dirigidas a atender sus necesidades, tales como fortalecer servicios comunitarios, ofrecer más fuentes adicionales de asistencia académica y dar apoyo en la transición a los estudios universitarios a estudiantes de escuelas públicas con altos índices de deserción escolar.
Aparte de esbozar los retos y oportunidades que enfrenta la UPR, y los cuatro asuntos estratégicos reseñados previamente, el plan de trabajo que sometió Fernández no abunda en cuanto al tiempo en que se implementarán estas propuestas ni cómo. Tampoco se citan números o evidencia –experiencias en otras universidades, por ejemplo– del potencial impacto que tendrían estas. El tema de la matrícula –ya sea su aumento, o un aumento más ajuste por ingresos, como se expone en el plan fiscal de la UPR– está ausente.
“Considero que una de mis mayores fortalezas radica en mi capacidad para el trabajo colaborativo y participativo”, expuso Fernández en el documento.
Junto a Fernández, también son evaluados para el cargo los doctores Arturo Avilés, Carlos Colón de Armas, Miguel Muñoz y Martha Quiñones. Esta semana Diálogo publicó las entrevistas realizadas a cada uno de ellos.
Dentro del proceso de búsqueda y consulta del próximo presidente o presidenta de la UPR resta que los Comités de Consulta de los Senados Académicos evalúen a los aspirantes y sometan sus informes a la Junta de Gobierno (JG) no más tarde del 1 de junio de 2017, a las 4:00 p.m.
Desde el 2 hasta el 16 de junio, el Comité de Búsqueda y Consulta de la JG evaluará esos informes y entrevistará a los candidatos recomendados. Desde el 19 hasta el 30 de junio, ese comité rendirá su informe a la JG y recomendará a un candidato. En julio, la JG designará al presidente de la UPR.
Como parte del proceso, Fernández sometió una carta de intención, plan de trabajo, curriculum vitae y referencias para ser considerada para la presidencia de la UPR. Puede ver los documentos a continuación:
Lea el resto de las entrevistas a los candidatos:
Arturo Avilés: “La Universidad es de todos y hay que respetarla”
Carlos Colón de Armas: “Lo que soy se lo debo a la UPR”
Miguel Muñoz: “Yo puedo aportar mucho a la Universidad”
Martha Quiñones: “Destruyes a la Universidad de Puerto Rico y destruyes el futuro”
Nivia Fernández: una fortaleza “mi capacidad para el trabajo colaborativo”
