La ahora expresidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, aseguró que hizo todas las gestiones posibles de cara a cumplir con la orden del Tribunal Apelativo para restablecer el acceso al recinto de Río Piedras.
La funcionaria indicó que decidió renunciar a la presidencia del centro docente al verse imposibilitada de cumplir con la orden del tribunal. Además, Fernández agregó que el gobierno tampoco le proveyó el apoyo suficiente para ejecutar su plan de lograr la reapertura de la institución universitaria.
Ayer la jueza Lauracelis Roques del Tribunal de Primera Instancia, le dio a Fernández hasta hoy a las 2:00 p.m. para presentar un plan concreto y certificado por la Junta de Gobierno de la UPR para abrir el campus. Este plan debía ser presentado ante la consideración del tribunal.
Sin embargo, durante la vista la jueza relevó a Fernández de ser encontrada en desacato, debido a que la funcionaria evidenció su renuncia de manera “inmediata e irrevocable”.
Fernández testificó ante la jueza que, tal y como esta le había ordenado ayer, elaboró un plan concreto para restablecer el acceso al recinto riopedrense. No obstante, la expresidenta precisó que el Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno rechazó su plan al no poderse ejecutar. Esto, según Fernández, provocó su renuncia.
Luego de certificada la renuncia de Fernández, Roques relevó a esta de continuar compareciendo al tribunal. Por lo que, la otrora presidenta interina ya no enfrenta un desacato en su contra por haber incumplido el dictamen del foro apelativo. Este tribunal ordenó a la institución, por conducto de su presidenta y rectora, a restablecer el acceso al recinto de Río Piedras a más tardar el 11 de mayo.
Empero, Roques mantuvo el desacato civil contra la UPR y sostuvo que la institución tiene que continuar pagando la multa impuesta de $1,000 por cada día que los portones permanezcan cerrados. La cantidad que la UPR ha pagado hasta el momento en multas asciende los $11,000.
Poco antes de finalizar la vista, la jueza indicó que todas las partes involucradas en la pugna que mantiene paralizada a la UPR tienen que asumir su responsabilidad. La togada añadió que tanto los estudiantes, como profesores, funcionarios y no docentes, tienen que trabajar para los mejores intereses de la Universidad para poder alcanzar una solución.
Debido a la falta de dirección en la administración de la institución universitaria, Roques pidió a los abogados a mantenerla informada sobre nuevos hallazgos y así poder continuar con los procedimientos. En este sentido, la jueza sostuvo que habrá que esperar a que las vacantes en presidencia y rectoría y la Junta de Gobierno sean ocupadas para seguir el curso del pleito.
A su salida de la sala 907 del Tribunal, Fernández fue recibida con aplausos por parte de rectores y funcionarios del centro docente. “Es un momento difícil para mí porque soy una universitaria que llevo este proyecto universitario en mi corazón”, expresó Fernández.
Asimismo, puntualizó que ayer se mantuvo “firme que cualquier plan de trabajo tenía que garantizarme la seguridad de cada uno de los miembros de la comunidad, mis estudiantes, los profesores y los no docentes. Todos somos compañeros de trabajo. Estamos en una situación muy difícil que, aparentamos estar unos contra los otros, pero verdaderamente estamos unidos”.
A preguntas de la prensa, Fernández indicó que el gobierno no proveyó el apoyo que necesitaba para poder ejecutar su plan para lograr reabrir el recinto. “Hice toda las gestiones posibles. Se hace la invocación a la autonomía universitaria. Yo necesitaba la garantía de poder contar con una seguridad adicional a los recursos privados que pudiéramos tener para buscar esa prudencia, esa mediación, pero obviamente no tuve éxito”, aseguró.
Fernández exhortó a los estudiantes a que desistan de mantener los portones del recinto clausurados. “Les ruego que reconsideren esa posición. La posición de lucha manteniendo los portones de la Universidad cerrados son contrarios a lo que nosotros siempre hemos planteado que la Universidad es para preparar profesionales, desarrollar conocimiento, dar servicio a la comunidad”, precisó.
Cabe destacar que, además de la renuncia de Fernández, tres integrantes de la Junta de Gobierno salieron hoy de sus respectivos puestos. Según un parte de prensa, la carta fue sometida en la mañana a la consideración del gobernador, Ricardo Rosselló por los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: Carlos Pérez Díaz, presidente; Carlos H. del Río, vicepresidente, y Frank Catalá Morales.
Paralelo a este trámite, el gobernador nominó ante el Senado de Puerto Rico al profesor Walter Alomar Jiménez y a la licenciada Zoraida Buxó para formar parte de la Junta de Gobierno de la UPR.
Desde marzo en los tribunales
El torbellino legal que enfrenta la UPR se remonta al 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. Luego que el Tribunal de Primera Instancia decidiera no ver el caso, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El campus está paralizado desde el 27 de marzo y en huelga indefinida desde el 6 de abril, cuando varias unidades votaron en la Asamblea Nacional de Estudiantes a favor de ese mecanismo de lucha en protesta al recorte de $450 millones planteado por la Junta de Control Fiscal al presupuesto de la UPR. Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan esa cifra a $512 millones.
