Con el propósito de atender y defender los derechos de los pacientes, en el 2001 se estableció la Oficina de la Procuraduría del Paciente (OPP); la misma institución que hoy cae bajo la amenaza del proyecto cameral #6 de la representante Jennifer González, el cual pretende traspasar dichas funciones al Departamento de Salud. Para diversas organizaciones sin fines de lucro dedicados a la salud como para líderes comunitarios, de las más de 40 asociaciones que se dieron cita en Hato Rey para denunciar la propuesta de la presidenta cameral, acciones como éstas atentan contra los derechos de quienes ellos representan que son los sectores más desventajados. Pues para ellos, la institución, que hoy pende de un hilo, es el único organismo que fiscaliza a la industria médica en Puerto Rico; entiéndase, médicos, hospitales, aseguradoras y demás. “La OPP se creó por una necesidad que quedó comprobada que existía. Pero parece que el reglamento 7617 que regula a los médicos está haciendo su efecto en este grupo de personas privilegiadas. Porque no estamos hablando de reducir los fondos (de la institución), sino de traspasarlos al Departamento de Salud. Eso es poner a las cabras a velar las lechugas”, dijo Mirta Colón Pellecier, líder comunitaria del residencial Las Gladiolas. Una gran mayoría de representantes de asociaciones de salud y líderes comunitarios compartieron, en conferencia de prensa, sus experiencias con pacientes de escasos recursos económicos a los que se les denegaban los servicios de salud o cuidados necesarios o que carecían de los medios para adquirir los medicamentos que les recetaban. Radamés Garay, portavoz de la Asociación Puertorriqueña de la Epilepsia, dijo que en los últimos meses han tenido que intervenir mano a mano con la OPP para conseguir los servicios que sus beneficiarios necesitan. El caso más reciente y dramático, fue el de una niña de entre 7 u 8 años que por denegarle los servicios tuvo que ser hospitalizada por una semana a causa de su condición. Situaciones como estas no son exclusivas de dicha entidad. Por su parte, Carmen Villanueva de CEDICE, relató la historia de un joven de 17 años que a través de las ondas radiales expresó su deseo de suicidarse tras no conseguir la ayuda necesaria para tratar su trastorno mental. Tres días le tomó a Villanueva junto a otros colaboradores lograr que el joven recibiera la atención que ya le había sido negada. Y es que el grueso de los beneficiaros de estas organizaciones, según confirmaron varios, son también participantes de la reforma de salud, o médico indigentes. “Nos están eliminando las instituciones que nos dan servicios a los más necesitados, y ¿así pretenden mejorar nuestra calidad de vida?”, dijo Colón. Por su parte, Raúl González, portavoz de la Oficina de Víctimas de Impericia Médica, recalcó en la importancia de la permanencia de la institución porque abona a que todo paciente reciba los tratamientos adecuados. De modo que, se evita que muchos pacientes se conviertan en futuros casos de impericia médica. “Entendemos que cualquier legislación que promueva el quitarle derechos a pacientes, no sólo es impráctica sino que hiere a la población que somos todos”, reflexionó González. El líder comunitario del residencial Manuel A. Pérez, Roberto Pérez Santoni, mejor conocido como Papo Christian, hizo un llamado a todos los beneficiarios de la reforma de salud para que levanten su voz y reclamen al gobierno la permanencia de la OPP como entidad que protege los derechos de los ciudadanos y que se le asignen más fondos para que continúen brindando una labor de excelencia. “Referido que no te dan es dinero que se ahorran. Estamos enriqueciendo a unos usureros a costa de la salud del pueblo”, sentenció Christian. Desde el 2001 la OPP ha recibido cerca de 68 mil querellas. Un total de 62 mil han sido resueltas, lo que representa un 91 por ciento. Se estima que para los próximos 10 años sean de mayor actividad.
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