Norte y Sur, enfrentados por el derecho a la ciudad

La declaración de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que debe aprobarse en octubre en Quito, ha hecho colisionar, otra vez, las posiciones del Norte industrial y del Sur en desarrollo.

Las naciones en desarrollo defienden la inclusión en el documento del derecho a la ciudad, el financiamiento a la Nueva Agenda Urbana que emanará de la reunión y la reestructuración de ONU Hábitat para cumplir con ese cometido.

Mientras, un bloque encabezado por Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea trata de minimizar esos temas.

Para representantes de organizaciones de la sociedad civil, estos temas deben quedar materializados en la “Declaración de Quito sobre ciudad sostenibles y asentamientos humanos para todos”, cuyo borrador debaten los Estados miembros en una seguidilla de reuniones previas.

Juan Duhalde, director del Centro de Investigación Social de la no gubernamental Un Techo para mi País, señaló a IPS que esos temas son “clave” y que deben ser incluidos en la discusión y plasmarse en un plan de acción.

“Son las líneas generales que van a promover políticas públicas nacionales. La única forma es que estos compromisos generen acuerdos futuros y de largo plazo. Ahora es más una discusión política que puede quedar corta con lo que se debe avanzar”, dijo el especialista de la organización internacional, basada en Santiago.

El investigador chileno subrayó que “el derecho a la ciudad va de la mano para tener un cambio de paradigma y no reproducir el actual, que vela por la rentabilidad de una élite y no del bienestar colectivo”.

La brecha se evidenció durante la primera ronda de conversaciones informales intergubernamentales en Nueva York, celebrada entre el 16 y el 20 de mayo, y seguirá siendo motivo de debate durante otra serie de sesiones informales, la primera de ellas una de tres días que se cerrará hoy viernes, 1 de julio.

En la ruta hacia Hábitat III, que acogerá Quito entre el 17 y el 20 de octubre, Ecuador y Francia copresiden las negociaciones preparatorias, mientras que Filipinas y México son los facilitadores del proceso.

Brasil, Chile, Ecuador y México encabezan un bloque que promueve el derecho a la ciudad, que, junto a los mecanismos de seguimiento a la declaración, el financiamiento de la Nueva Agenda Urbana y los medios de ejecución, son los asuntos urticantes de las pláticas. En los medios de aplicación se busca la creación de un fondo para que los países en desarrollo fortalezcan sus capacidades.

El derecho a la ciudad, así bautizado por el filósofo francés Henri Lefebvre (1901-1991) en el libro homónimo de 1968, abarca el ejercicio simultáneo de los derechos de los habitantes de la urbe, como a la alimentación y a la vivienda, a migrar, a la salud y educación, al ambiente, al espacio público, a la participación política, a la no discriminación, entre otros.

Lorena Zárate, presidenta de la no gubernamental Coalición Internacional para el Hábitat, con su sede regional en México, aboga por la inclusión de la producción social del hábitat en la declaración, que no se menciona abiertamente en el borrador.

“Queremos que se incluya, sería no reconocer la mitad o un tercio de lo que está construido en el mundo. Pero hay poco espacio para negociar cosas nuevas, porque tienen miedo de reconocerlas y se tiene que llegar a consensos”, indicó la experta argentina, participante en las reuniones que acoge Nueva York.

Ese concepto reconoce todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos.

El borrador de la declaración, cuya versión más reciente es del 18 de junio, emplea el concepto “ciudades para todos” y reconoce que éste es asumido en algunos países como el derecho a la ciudad, “buscando garantizar que todos los habitantes sean capaces de vivir, usar y producir ciudades justas, incluyentes, accesibles y sostenibles, que existen como un bien común esencial para la calidad de vida”.

Los Estados parte resaltan que ONU Hábitat debe asegurar “el seguimiento coordinado y un monitoreo eficaz y el reporte de la ejecución de la Nueva Agenda Urbana”.

Además, enfatizan la importancia de su fortalecimiento e invitan a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a “garantizar recursos financieros, estables, adecuados y predecibles y mejorar la habilidad del organismo para brindar desarrollo de capacidades a naciones en desarrollo en el diseño, planeación y aplicación y el manejo sostenible de asentamientos urbanos y de otro tipo”.

Solicitan, asimismo, que ONU Hábitat prepare “un reporte de progreso periódico” sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, para proveer de un análisis cualitativo y cuantitativo del progreso hecho.

El proceso de la preparación del reporte debe incorporar las visiones de los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, así como el Sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, comunidades y otros grupos y actores no estatales.

El bosquejo integra apartados sobre prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos; desarrollo urbano sostenibles para la inclusión social y la erradicación de la pobreza; desarrollo urbano ambientalmente adecuado y resiliente; planeación y gestión del desarrollo urbano espacial; medios de aplicación, seguimiento y revisión.

“Es una telenovela dramática. Ahora intentamos aportar ideas para dar fuerza al planteamiento del derecho a la ciudad. En el borrador el tema está deslavado, queremos que no se deslave más”, refirió a IPS un funcionario latinoamericano que participa en las negociaciones.

“Estados Unidos y China no quieren un texto que se refiera a derechos humanos”, añadió bajo condición de anonimato.

El borrador quedaría definido durante la reunión del comité preparatorio de Hábitat III (PrepCom 3) en Indonesia del 25 al 27 de julio, de modo que los Estados la aprueben en la conferencia de Quito.

Para evitar la repetición de las secuelas de las conferencias de Vancouver en 1976 y de Estambul 20 años después de no evaluar su cumplimiento, Duhalde y Zárate coinciden en formular un programa de seguimiento integral.

“Es necesario poner metas de largo plazo y que generen indicadores de gestión medibles por gobiernos y actores sociales, que se tome en cuenta la experiencia de la producción social del hábitat, la población que vive en asentamientos informales y que ha construido ciudades con sus capacidades y habilidades”, expuso Duhalde.

“Nos interesa la generación de evidencia y promoción de la investigación sobre problemas reales en el territorio para generar soluciones”, acotó.

Para Zárate, no se puede avanzar en el debate de una nueva agenda sin revisar el cumplimiento de la anterior.

“Revisar lo que es nuevo y lo que sigue vigente, lo que se ha cumplido y lo que no, por qué sí y por qué no y cuáles son los actores. Nunca hubo mecanismos claros de monitoreo ni priorización”, planteó.

“Insistimos en que eso no puede repetirse. Pero no van a incluir metas o indicadores, no hay mucha claridad sobre mecanismos de seguimiento y monitoreo”, añadió.

El funcionario latinoamericano consultado relativiza los alcances inmediatos de la cumbre. “Hábitat III será solo una referencia. El 21 de octubre no va a traer grandes cambios. Los gobiernos nacionales harán lo que se les ocurra hacer, con sus propios recursos, sus propias fuerzas, su gobernanza”, previó.

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Brasil, Chile, Estados Unidos, ONU

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