LA PAZ (Reuters) – La reforma constitucional que el Gobierno boliviano someterá a las urnas el domingo busca imponer el modelo socialista aplicado por Venezuela, lo que profundizará la fractura en el inestable país andino, advirtió un líder opositor. Resistida por los sectores más conservadores parapetados en la llanura occidental, la nueva Constitución otorgará al Estado poderes casi absolutos sobre la economía y los recursos naturales, especialmente sobre los enormes yacimientos de gas natural nacionalizados en mayo del 2006. A la vez, daría más poder a la mayoría indígena y permitiría al presidente Evo Morales presentarse a su reelección en unos comicios adelantados que convocaría en diciembre. Para el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, el proyecto de nueva carta magna “no soluciona los problemas del país” y Morales debería llamar a un pacto de unidad nacional para frenar la conflictividad social. “Contiene demasiadas contradicciones en su redacción y establece, o busca constitucionalizar, una especie de categorización de ciudadanos según su origen étnico”, resaltó Ortiz en una entrevista en la noche del miércoles, en referencia al mayor poder que otorga a los indígenas en la estructura política. “(Esto) va a seguir provocando tensiones, divisiones y confrontaciones”, agregó el legislador. Según Morales, la nueva Constitución es la piedra basal de su proyecto socialista, que ha conquistado a gran parte de la población gracias a varios planes sociales financiados en parte por recursos enviados por su principal aliado, el presidente venezolano, Hugo Chávez. Venezuela y Bolivia conforman el núcleo duro de un grupo de países latinoamericanos que abiertamente se ha opuesto a las políticas de Washington en la región, lo que ha llevado a que el año pasado expulsaran a los embajadores de Estados Unidos. Pero, para la oposición boliviana, la nueva Constitución avasalla los derechos individuales y pone en riesgo la propiedad privada. “Pretende establecer nuevamente una especie de socialismo centralista mirando el modelo de (el presidente venezolano Hugo) Chávez, que estoy seguro va a inviabilizar la posibilidad del desarrollo económico y social”, aseguró Ortiz, del partido de centroderecha Podemos. El referendo se realizará tras unas violentas protestas el año pasado contra el proyecto constitucional que terminaron, en algunos casos, en baños de sangre y que obligaron a Morales a tomar en cuenta unas exigencias de mayor autonomía de los departamentos clave controlados por la oposición.
La críticos del Gobierno controlan los ricos departamentos del este y el sur bolivianos, que albergan la mayor parte de la riqueza hidrocarburífera y agrícola del país más pobre de Sudamérica. Desde el oriental distrito de Santa Cruz, donde centenares de miles de hectáreas de tierra están repartidas entre unos pocos hacendados, la oposición también ha resistido violentamente una “revolución agraria” impulsada por Morales y que cobraría más fuerza con la nueva Constitución, que prohíbe los latifundios. “(La nueva carta magna) garantiza la propiedad privada. Pero, por otro lado, dice que la planificación estatal será obligatoria para el conjunto de los actores económicos (…) Es decir todo eso al final se convierte en limitaciones al derecho de propiedad”, explicó Ortiz. Morales cuenta con el respaldo de los campesinos indígenas de las tierras altas del occidente, que representan la mayor parte de la población. “En mi opinión es un proyecto inviable por las contradicciones en su contenido. (Por ejemplo) cómo elegir al nuevo Poder Judicial es absolutamente inaplicable. Llevar a voto popular a los miembros de la corte suprema, del tribunal constitucional va a ser inaplicable”, afirmó. (Por Alejandro Lifschitz. Editado por Carlos A. Quiroga)
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