Como parte de su campaña para señalar y exigir responsabilidad a los culpables de la crisis fiscal que atraviesa el país, la Jornada Se Acabaron Las Promesas centró hoy su atención en el banquero y miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF), Carlos García, ocupando las oficinas de la institución financiera Caribbean Financial Group (CFG) en la cual mantiene una posición de poder como presidente de la Junta de Directores.
La acción forma parte de una jornada de actividades que ocurren de forma simultánea a la sexta reunión pública de la JCF en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
“Al evaluar su trayectoria, resulta realmente sospechoso que García se posicione ahora en la Junta de Control Fiscal para asegurarse de pagar la deuda que él mismo creó y de la cual sus instituciones se lucraron. Entonces, nos parece claro porqué es que se le encubre luego de todos los informes que han salido sobre sus conexiones al endeudamiento del país y sobre las irregularidades en su selección para la Junta, las cuales incluyen el no reportar sus ingresos actuales provenientes de CFG”, comunicó el colectivo en un parte de prensa.
“Nos parece claro por qué no quieren auditar la deuda. Es que saben que encontraríamos mucha deuda emitida ilegalmente y conociendo que no sería posible repagarla. Esta es una deuda que no se usó para pagar por la educación especial, las pensiones de nuestros retirados, el mantenimiento y modernización de la infraestructura para los servicios esenciales o la reconstrucción económica del país. Es deuda que se ha usado para pagar intereses para seguir pidiendo prestado y hundiendo a Puerto Rico en una crisis que facilita la quiebra de nuestras corporaciones públicas, como la AEE, y de muchos servicios a través de alianzas público privadas, como es el caso de los peajes”, añadieron.
Las portavoces de la Jornada explicaron que, según el informe “Piratas del Caribe” del grupo Hedge Clippers, cuando García presidió el Banco Santander del 2001 al 2008, facilitó y firmó emisiones de deuda para el gobierno de Puerto Rico. Luego, como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante el gobierno de Luis Fortuño, gestionó la emisión de bonos más grande en la historia de Puerto Rico, añadiéndole $10 mil millones de dólares a la deuda pública.
Además, aseguran que García puso en marcha el plan de austeridad como uno de los principales redactores de la Ley 7 que resultó en el despido de 30 mil empleados públicos, redujo los servicios gubernamentales y facilitó su privatización. Asimismo, la Ley 7 fue utilizada como garantía para duplicar la deuda de Cofina. Convenientemente, también se encargó de eliminar el tope a los honorarios que cobran los banqueros por refinanciar las deudas. Finalmente, regresó a presidir el Banco Santander desde donde ayudó a refinanciar la deuda para pagar intereses y no servicios públicos. Con estos negocios, Santander participó como administrador de emisiones de deuda por $61,000 millones, un 87% de la deuda de Puerto Rico y, junto a otros bancos, hizo $1,000 millones en ganancias.
La Jornada también señaló que el encubrimiento que denuncia solo es posible con la complicidad de miembros del pasado y del actual gobierno, incluyendo a los líderes legislativos, la comisionada residente en Washington –Jennifer González– y el gobernador –Ricardo Rosselló–, quienes se han expresado firmemente en contra de la auditoría de la deuda. Además, legislaron para desarticular la comisión para la auditoría de la deuda la cual recién comenzaba a operar.
“Con esta acción queremos dejarle claro tanto a los banqueros como a los políticos culpables de endeudar a Puerto Rico que no les vamos a permitir su proyecto de incentivos para los ricos, de enriquecerse ellos con la deuda, mientras condenan al pueblo a la pobreza. Que les quede claro que no nos creemos su cuento de que van a ayudar al país, mientras lo que hacen es quitarnos nuestra universidad pública, nuestras escuelas, nuestros pocos servicios de salud para seguir endeudando a Puerto Rico”, reza el comunicado de prensa.
“La invitación que le hacemos al pueblo es a demostrar que no somos tontos y a salir a la calle a parar porque ya no nos quedan más alternativas. Ya basta de impunidad para los que llevaron el país a la quiebra. En este punto son ellos, los políticos, buitres y buscones que siguen enriqueciéndose mientras nos botan del país, o somos nosotros y nosotras, quienes tenemos la oportunidad de invertir en las necesidades reales de nuestro pueblo, las cuales nunca han sido prioridad para quienes gobiernan. El momento es ahora o nunca”, añaden en la comunicación.
La Jornada anunció que ha comenzado una campaña de trabajo en la calle hacia el 1 de mayo, cuando expira la moratoria a la deuda y comenzarían las demandas al gobierno por parte de bonistas, si esta no se extiende. Para este día, están proponiendo un paro nacional en el que se reclamen: la auditoría a la deuda, la moratoria a la deuda para poder invertir el dinero ahorrado en un plan que beneficie a Puerto Rico, cárcel para los responsables y la descolonización como punto de partida.
“El 1 de mayo se paraliza el país. Hacemos un llamado a todos los sectores a salir a la calle, a demostrar que no queremos estas soluciones y que no nos creemos su cuento que sigue siendo más de lo mismo. Basta de hacer lo que quieran con nuestro dinero y nuestras vidas”, exhortó el comunicado.
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